NUEVA PROPUESTA DE UNICAJA PARA LOS QUE HAYAN SOLICITADO EL ARBITRAJE Y HUBIERAN QUEDADO EXCLUIDOS DEL MISMO

Unicaja propone una compensación a los minoritarios de Ceiss

• La entidad malagueña intenta sumar el apoyo de los bonistas excluidos del arbitraje

Braulio Medel, presidente de Unicaja.

EFE

Aún no está dicha la última palabra en el proceso de fusión de Unicaja y Ceiss. Los inversores minoritarios de la entidad castellana podrán ahora recibir una compensación de Unicaja si han quedado excluidos del mecanismo de arbitraje del FROB y siempre que hayan aceptado previamente la oferta de canje propuesta por Unicaja para absorber a la entidad.

Unicaja ha remitido un hecho relevante a la CNMV en el que detalla la decisión adoptada por el consejo de administración del banco el día 27 y en el que ha decidido añadir cambios en el folleto de oferta de canje a los titulares de acciones y bonos de Ceiss. En concreto, ha decidido "implementar un mecanismo de acompañamiento" a la propuesta ya avanzada en noviembre y por la que se concedía a estos inversores la posibilidad de someterse a un proceso de arbitraje orquestado por el FROB con el que recuperar parte o la totalidad del dinero invertido en su día en preferentes de la entidad castellana, luego convertidos en bonos sobre los que Unicaja lanza ahora su oferta.

Unicaja reconoce que quienes solicitaran ese arbitraje, condicionado a la aceptación de la oferta de canje, "no conocerán el resultado de su solicitud ni, en su caso, la cantidad con la que el FROB ha decidido compensarles, hasta después de finalizado el proceso de tramitación de la oferta". Y "con el fin de mitigar la incertidumbre que este hecho pueda generar y de facilitar la valoración de la oferta por parte de sus destinatarios", según explica Unicaja, la entidad malagueña anuncia ahora la entrega de una cantidad en metálico a los inversores minoristas titulares de bonos convertibles de Ceiss. Establece eso sí, la condición de haber aceptado la oferta de canje de Unicaja y que se les haya negado la opción del arbitraje del FROB.

La citada cantidad, que no podrá superar en ningún caso los 200.000 euros, es el resultado de aplicar una fórmula. Al 75% del valor nominal de los bonos de Ceiss (el porcentaje del 75% coincide con el grado de aceptación de la oferta marcado por Unicaja), se resta el valor de los bonos que ofrece Unicaja y el diferencial de intereses (diferencia entre la rentabilidad del importe invertido y la rentabilidad media de depósitos).

Las solicitudes para esta suerte de compensación mientras termina de resolverse la petición de arbitraje se deberán presentar en las oficinas de Ceiss o Unicaja. Y como consecuencia de esta nueva propuesta, el plazo para que los inversores minoritarios de Ceiss acepten la propuesta de Unicaja se amplía del 10 de enero al 20 de enero, hasta las 15:30 horas.

Las condiciones de la compra implicaban que Unicaja debía hacerse con el grueso del capital de Ceiss y con el 75% de la suma de accionistas y bonistas (antiguos tenedores de preferentes y deuda subordinada) de las cajas castellanas.

Los bonistas, sin embargo, han sido muy críticos con la propuesta de Unicaja que entre otras cosas les somete a una nueva quita, del 71%, y les impide acudir a la vía judicial que hasta la fecha está dando buen resultado a los particulares.

Ante su reacción, de hecho, la junta de accionistas de Unicaja permitió al banco eludir esta segunda condición llegado el caso. Lo que no quiere decir que no vaya a intentar lograr el apoyo de los minoristas, como demuestra la propuesta anunciada hoy. De hecho, las condiciones del arbitraje propuesto tampoco fueron aceptadas de buen grado, un rechazo que Unicaja intenta suavizar ahora con una compensación en metálico que, de paso, disuada a los pequeños inversores de acudir a la vía judicial para recuperar un ahorro que oscila entre los 28.000 y 30.000 euros por persona. 

De momento, Unicaja ha comunicado haber “alcanzando un porcentaje de capital de de Banco Ceiss del 86,72%, con lo que se habría cumplido así la primera de las condiciones de aceptación mínima”, según un hecho relevante remitido el pasado 16 de diciembre. Fuentes de mercado aseguran que esa aceptación sería ya incluso mayor, cercana al 90%, con lo que Unicaja tendría prácticamente asegurado el éxito de la operación de canje con la que materializar la fusión

LA VENDIERON PREFERENTES SIN SU AUTORIZACIÓN

Un juzgado de Llíria obliga a Bankia a devolver 12.000 euros a una vecina de Benaguasil por venderle preferentes sin su autorización

El juzgado de primera instancia número tres de Llíria ha condenado a la entidad financiera Bankia a devolver 12.000 euros a una vecina de Benaguasil, de 87 años, porque en el año 2002 le suscribió acciones preferentes por el citado valor sin una autorización firmada. La sentencia, pionera en el partido judicial de Llíria, condena a la entidad bancaria a pagar las costas judiciales, devolverle el dinero y los intereses devengados durante los 11 que ha durado todo el proceso jurídico.

Los hechos denunciados se remontan a marzo de 2012 cuando recibió una carta de Bankia en la que se le informaba de la posibilidad de sustituir las participaciones de preferentes en acciones de nueva emisión bajo amenaza de perder todos sus ahorros si no aceptaba la propuesta. La octogenaria solicitó un extracto de sus operaciones bancarias y se llevó la sorpresa de que era titular de estas obligaciones desde el año 2003 cuyo vencimiento databa de julio de 2022, cuando contaría con 101 años de edad.

La sentencia acredita que la víctima creyó siempre ser poseedora de sendas imposiciones a plazo fijo ya que nunca se le informó de las citadas obligaciones preferentes ni de las condiciones ni de sus características. Por tanto, la entidad incurrió en una falta de información sobre este complejo producto financiero ni del alto riesgo que ofrecía, especialmente en una persona de su edad.

El auto judicial asegura "la inexistencia de información previa a la firma del contrato, no se aportó los test de conveniencia ni el contrato suscrito ni un folleto informativo o documentación de ninguna clase que explique, en términos claros y comprensibles para una persona con estudios básicos qué producto estaba adquiriendo, sus ventajas y sus riesgos". La juez concluye en su fallo que "nos encontramos ante una señora de edad avanzada, ama de casa, sin especial conocimientos en la materia y sin que conste que hubiera efectuado con anterioridad operaciones bancarias complejas".

El PSPV de Benaguasil recuerda que cuando la citada mujer descubrió el fraude "acudió al Ayuntamiento a solicitar asesoramiento pero allí se la negaron, se sintió desamparada ante la pérdida de tamaña cantidad de dinero, con pocos recursos y sin saber qué hacer a sus 86 años; por ello, se tuvo que buscar un abogado particular que le protegiese ante la entidad bancaria".

Los socialistas de Benaguasil reclaman del alcalde de la localidad, Joaquín Segarra, "un mayor asesoramiento para los vecinos que se sientan en la misma situación de indefensión ante las entidades bancarias a pesar de que las arcas municipales destinan anualmente 40.000 euros que sólo sirven para defender al alcalde de sus ilegalidades jurídicas y para denunciar a los grupos de la oposición".

El juez ve 'mala práctica' de Catalunya Banc en la venta de unas preferentes

El juez del Juzgado de Primera Instancia nº2 de Reus ha condenado a Catalunya Banc S.A. a devolver 18.000 euros a una pareja por la compra de un paquete de participaciones preferentes realizada en el año 2009. La sentencia destaca, por encima de todo, porque el juez declara en el fallo la «existencia de mala práctica de la demandada –Catalunya Banc S.A.–» y un comportamiento «desleal».

Así lo apunta también el abogado de la pareja denunciante, Josep Maria Pujol, quien añade que es la primera vez en la demarcación que un juez suscribe este tipo de afirmación en la parte dispositiva.

La sentencia, a la que ha tenido acceso el Diari, es firme ya que el plazo de alegaciones finalizaba ayer sin que este rotativo tuviera conocimiento de que se hubiera presentado alguna por parte de Catalunya Banc. En el fallo también se puede leer como la entidad bancaria presentó en octubre de 2013 un escrito en el que acataba la sentencia de la demanda antes de contestarla. La sentencia del juez obliga a satisfacer los 18.000 euros más los intereses legales pero sin imposición de los costes procesales en el procedimiento por ninguna de las dos partes.

Un producto ‘arriesgado’

El caso se remonta al 2009 cuando a la pareja, antigua cliente de la entidad y con una buena relación personal, se le ofreció unas participaciones preferentes sin que la entidad les advirtiera de los riesgos de un producto considerado «novedoso, complejo y arriesgado». Es más, según la demanda, la entidad les aseguró que se trataba de un producto «conservador y de poco riesgo». Todo esto teniendo en cuenta que los demandantes «disponían de una cultura alejada del mundo financiero».

La demanda también deja constancia de que los dos integrantes de la pareja no se les permitió retirar la cuantía inicial y se les comunicó que «el mercado en el que cotizaba dichos productos estaba bloqueado» y que no «podían devolverles la suma entregada».

Por lo que se refiere a Catalunya Banc, en casos relacionados con las preferentes ya ha declarado que, junto con la Agència Catalana del Consum, dispone de un sistema de arbitraje para solucionar casos parecidos sin necesidad de llegar a los tribunales y que permite a la gente recuperar el 100% de la inversión que efectuaron con estos productos bancarios.

VICTIMA MORTAL DE LAS PREFERENTES

La madre de Julio Miralles con dos fotos de su hijo en su casa de Valencia. / TANIA CASTRO

Julio Miralles se arrepiente de haber cobrado una herencia. “Fue el origen de nuestra desgracia”, susurra con la mirada perdida. Es mediodía y por la recargada sala de estar de los Miralles, una familia valenciana de antiguos comerciantes, desfilan vecinos y parientes. Abrazan en silencio al sexagenario matrimonio de Julio y su mujer, Maruja. Hace un día que perdieron a su único hijo. Un policía local de Valencia de 38 años que se quitó vida en Nochebuena en la cárcel castellonense de Albocàsser. Allí permanecía desde mayo tras apuñalar al empleado prejubilado de Bankia que colocó a sus padres y a su abuela más de 400.000 euros en preferentes.

Esta es una historia de ojerizas irreconciliables. Y arranca con una herencia. La madre de los Miralles recibió tras la muerte de su padre 120.000 euros. Fue el 13 de julio de 1997. Ese día, en pleno desconcierto nacional por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el empleado de banca Germán Sánchez se presentó en la casa de la viuda a recoger el dinero. Se fiaron de él porque era pariente lejano de la familia. Poco a poco se convirtió en el guardián del patrimonio acumulado durante las tres décadas que el matrimonio regentó una droguería en el barrio valenciano de Torrefiel. “Yo firmaba lo que me pedía Germán. Iba a verle a la oficina de Bankia de Paterna. Como era de confianza…”, relata Julio, descompuesto.

Los padres del policía local muerto confiaron su dinero a un conocido

La relación cliente-empleado de Bankia fue estrecha hasta hace dos años. El hijo de Julio se enteró entonces por la televisión de la “estafa” de las preferentes. Miles de personas aporreaban cacerolas en la calle. Por primera vez oía el término de las participaciones de alto riesgo contratadas de forma fraudulenta. El policía miró su cuenta. Bingo. Era uno de los 300.000 afectados del controvertido producto vendido por Bankia y la mayoría de las cajas de ahorro.

Los Miralles pidieron explicaciones a su hombre de confianza, hoy prejubilado con menos de 60 años. El antiguo empleado, que declina atender a EL PAÍS, les dio largas, recuerdan. “Su mujer nos decía que estaba de viaje. Pero se iba a pasear con la bicicleta o a nadar a la piscina”, añaden. El trato afectuoso devino en odio. Y obsesionó al hijo.

El fallecido llegó a obsesionarse con el bancario al que atacó en su casa

El corpulento agente, que estaba casado, se fue cerrando en su mundo. Dejó de dormir. Cayó en la depresión. Afirmaba que iba a perder su casa. Que sus padres acabarían llamando a la puerta de la caridad. En el retén de la Policía Local de El Carme comentó a su centenar de compañeros cómo un conocido había arruinado a su familia. Sus jefes le retiraron el arma. “Detectamos un comportamiento de riesgo”, confirma un agente que le describe como “reservado, responsable y cumplidor”.

Un día del pasado mayo el policía, que no estaba de servicio, se desplazó sin avisar a la pedanía valenciana de Pinedo, en el corazón de la huerta, donde Germán Sánchez tiene su segunda vivienda. Allí acuchilló al que consideraba culpable de sus desventuras. El exempleado de Bankia se recuperó de las heridas. Pero el juez ordenó el ingreso en prisión preventiva del agente. “Julio nos dijo que iría a hablar con Germán, pero nunca que le agrediría. No justificamos lo que hizo”, recuerda el matrimonio.

Los superiores del agente detectaron un comportamiento de riesgo

El policía estuvo vigilado en prisión por otro recluso. En una ocasión había intentado quitarse la vida. Por eso, le retiraron los cordones y el cinturón. “Engordó y nos decía que le daban muy bien de comer”, recuerda la madre mientras abraza la foto de un hombre de dos metros de altura y más de 100 kilos de peso que llegó a jugar al baloncesto en el Tavernes. El agente había ingresado con 23 años en la policía local.

La siguiente secuencia se desarrolló en Nochebuena. Tres abogados llamaron a la puerta de la familia Miralles. El Rey acaba de pronunciar su discurso. “Pensamos que nos dirían que nuestro hijo salía en libertad por Navidad”. El matrimonio quería abonar la fianza para que Julio asistiese al cumpleaños de su hijo, que ayer cumplió seis años. Los letrados les informaron de que el preso se había quitado la vida.

El padre levantó el teléfono. Marcó el número de Germán. “Le dije que era un hijo de puta”. El exempleado de Bankia denunció a su antiguo cliente por amenazas. Julio fue arrestado y conducido por cuatro agentes ante el juez. Cuatro horas después le pusieron en libertad provisional con una orden de alejamiento para proteger a Sánchez. “Uno de los policías me dio un beso. Era un antiguo compañero de mi hijo”, recuerda. El agente fue enterrado ayer en el cementerio general de Valencia.

Es la una de la tarde. Siguen aterrizando amigos en la casa de la familia Miralles. Un vecino opina que el ladrón está en la calle y su víctima, bajo tierra. Otro añade que la sociedad es injusta por naturaleza. Julio sigue con la mirada perdida. Insiste en una idea: “Ojalá no hubiera cobrado nunca la herencia”.

Ofensiva legal

La familia Miralles vengará la muerte de su hijo en los tribunales. El matrimonio anuncia una ofensiva legal contra el exempleado de Bankia Germán Sánchez. Dedicarán sus esfuerzos para que ingrese en prisión el hombre que les colocó más de 400.000 euros en preferentes. “Venderé todo lo que haga falta para pagar a los abogados”, advierte el padre del fallecido, que insiste en una idea: “Puede que hayamos firmado documentos. Pero no nos informaron”. En su opinión, el hoy prejubilado de la caja se valió de la confianza para venderles sin su consentimiento productos de alto riesgo. “Nos decía que fuésemos a la oficina porque había caducado la firma”. La madre del policía añade otra clave. “Nuestro problema es que hemos sido demasiado buenas personas y confiados”. Maruja Tatay, de 65 años, admite que durante años mantuvo una relación cordial con Sánchez.

Fuentes de Bankia declinan valorar el caso de la familia valenciana. Se niegan, aludiendo a la privacidad, a confirmar cómo fue el proceso de contratación de sus productos financieros. Aseguran que hasta el mes de noviembre 53.000 clientes que adquirieron participaciones preferentes y obligaciones subordinadas han recuperado su dinero. No cuantifican la cifra. Y señalan que el 80% de los casos de afectados analizados por la consultora KPMG, que actúa de árbitro, han sido favorables para el reclamante. “Cuando finalice el arbitraje estas personas recuperarán su dinero”, alegan estas fuentes.

Condenan a devolver a un hostelero 3.000 euros de subordinadas

El Juzgado de Primera lnstancia número 1 de Ponferrada ha dado la razón a un hostelero de Bembibre al que el Banco Ceiss le metió 3.000 euros en obligaciones subordinadas y quería recuperarlas. Con fecha del pasado 23 de este mes de diciembre, el tribunal declara la nulidad del contrato de fecha 21 de enero de 2010 del canje de obligaciones subordinadas de la sexta emisión por las de la octava emisión, y ordena a la entidad financiera a devolver a este hostelero que regenta un bar en Bembibre, y sin ningún conocimiento ni experiencia en inversiones y en mercados financieros, la citada cantidad de 3.000 euros, invertida en la adquisición de Obligaciones Subordinadas de la octava emisión.

El demandante, que pertenece al colectivo de la Asociación de Preferentistas y Obligacionistas afectados por Caja España, interpuso la demanda en los Juzgados de Ponferrada el 30 de septiembre de este año y ha sido defendida por los abogados del despacho ponferradino Abaco, que están defendiendo a este colectivo. Según el despacho Abaco, la sentencia considera que Caja España (hoy Banco Ceiss) incumplió «el deber legalmente exigible de informar adecuadamente a su cliente de las características y riesgos del producto, quien prestó su consentimiento por error y sin saber que estaba adquiriendo un producto complejo y de riesgo, totalmente contrario a lo que él pretendía, que era no perder sus ahorros». Este error en el consentimiento determina la nulidad del contrato de canje.

Dos niños de cinco y nueve años recuperan 6.000 euros de preferentes

Lugo (Europa Press).- Dos niños de cinco y nueve años de la ciudad de Lugo han recuperado 6.000 de los 15.000 euros que tenían atrapados en participaciones preferentes de Novagalicia Banco. Así lo ha confirmado uno de los portavoces de la Plataforma de Afectados por las Preferentes de Lugo, Javier Novo, que ha considerado éste uno de los "casos más sangrantes" que denuncia la asociación.

Según ha recordado Novo, aunque los dos menores han recuperado ya 6.000 euros, están todavía a la espera de poder recibir los 9.000 restantes. "El problema no está solucionado, aunque la Xunta se quiera poner flores", ha criticado el preferentista.

Tras la compra de la entidad por Banesco, Novo ha afirmado que "están a la espera de lo que propone el nuevo dueño" en relación con las preferentes y las subordinadas, aunque recalca que siguen "sin fiarse" de las intenciones de la nueva dirección.

Un juez condena a Bankia a devolver a dos octogenarios 150.000 € en preferentes

El fallo destaca que el director del banco no entendía los productos que vendió la entidad a la pareja

RAMÓN FERRANDO | VALENCIA La titular del juzgado de Primera Instancia número 16 de Valencia, María de Hoyos Flórez, ha condenado a Bankia a devolver a una pareja de octogenarios de Xeraco 150.600 euros que habían invertido en participaciones preferentes y de obligaciones subordinadas y que después fueron canjeadas por acciones. La magistrada destaca en el fallo que ni el director del banco entendía los productos financieros que la entidad vendió a la pareja. El fallo incide en que el matrimonio era «ultraconservador» y les colocaron productos de altos riesgo, según explicó el bufete de Valencia que ha ganado el caso, Lucas Abogados.

La sentencia señala que la pareja, que tiene un nivel de estudios «básico», carecía de una cultura y conocimientos financieros para una contratación «libre, informada y consciente» de los productos financieros. La juez añade que los clientes creían que habían suscrito productos seguros de los que podían obtener «una cierta rentabilidad de los ahorros de toda su vida y de los que podían disponer» cuando lo necesitaran.

La magistrada insiste en que la declaración de los dos octogenarios en el juicio «además de conmovedora fue contundente. Ninguna prueba invalida lo que expusieron por mucho que la entidad demandada se empeñe en presentarlos como expertos y arriesgados inversores ávidos de ganancias fáciles».

El fallo precisa que la responsabilidad del error en el que incurrieron los denunciantes fue provocada por la entidad bancaria, que «estaba obligada a que los inversores adquirieran plena conciencia de lo que contrataban y del riesgo que conllevaba». La juez advierte de que las entidades bancarias deben realizar un esfuerzo adicional «cuanto menor sea el nivel de formación financiera del cliente a fin de que éste comprenda el alcance de su decesión, si es o no adecuada a sus intereses y si le va a colocar en una situación de riesgo».

La magistrada cierra el fallo insistiendo en es «demoledora la declaración del director de la oficina de Bancaixa en Xeresa, que mal pudo explicar unos productos financieros que él mismo dijo no entender y por cuyas dramáticas consecuencias también se ha visto atrapado».
Los jubilados compraron las preferentes en 2000 y 2002, y las obligaciones subordinadas en agosto de 2002. Después, las participaciones y obligaciones fueron canjeados por acciones. La juez ha declarado nulos todos los contratos de venta y canje, y ha obligado a Bankia a devolver el dinero con intereses.

A BUENAS HORAS MAGAS VERDES

La CNMV prohíbe a la banca colocar su deuda entre los fondos españoles

El escándalo de las preferentes no sólo ha provocado que los bancos no puedan colocar los productos que las han sustituido (CoCos) entre los minoristas, sino también entre los institucionales. En efecto, varios fondos de inversión y pensiones que han intentado acudir a las colocaciones realizadas recientemente por BBVA, Santander y CaixaBank se han quedado sin poder comprar estos títulos y la explicación que les han dado es que "la CNMV nos pide que vendamos sólo a extranjeros". La razón es que, si se venden a fondos españoles y el banco tiene problemas, el supervisor no quiere que vuelva a provocar pérdidas a los partícipes y que éstos puedan montar otro escándalo.

La CNMV asegura que "es impensable" que se dé una instrucción así a los emisores. Sin embargo, varios fondos que intentaron comprar estas colocaciones recibieron esa respuesta. Los emisores consultados guardan silencio, pero el hecho es que en estas operacionesprácticamente el 100% se ha colocado a inversores extranjeros: el 98% en la emisión el Popular de octubre y el 90% en la de CaixaBank de noviembre.

"Después de lo que ha pasado con las preferentes, quieren evitar a toda costa que pueda repetirse. Es verdad que ya no se pueden vender estos títulos a particulares, pero los fondos de inversión y los planes de pensiones tienen partícipes minoristas detrás. Y si a alguien le da por llenar las alforjas de CoCos y en el futuro el banco emisor tiene problemas, puede provocar grandes pérdidas a esos partícipes, que es lo que no quiere ni pensar la CNMV", explica una de las fuentes consultadas.

Sede de la CNMV.

Pero, a cambio de evitar ese riesgo, se está privando a los inversores españoles de unos productos que han atraído una enrome demanda internacional. "Para una vez que están vendiendo valores atractivos, nos tenemos que quedar fuera, mientras que nos hemos tenido que comer las pérdidas de los malos", se queja un gestor. Hay que recordar que los inversores institucionales que compraron preferentes de las entidades nacionalizadas han sufrido la quita correspondiente y no han tenido derecho a arbitraje ni a liquidez a través del Fondo de Garantía de Depósitos (en los casos de NCG Banco y Catalunya Banc).

Las nuevas preferentes son CoCos, bonos convertibles contingentes, porque se convierten en acciones si la ratio de capital del banco emisor baja de un cierto nivel. Al igual que las preferentes antiguas, son perpetuas, pero ahora además la entidad puede suprimir el pago del cupón discrecionalmente -antes sólo lo hacía si tenía pérdidas-. A cambio de estos riesgos, la banca española está pagando unos intereses muy altos: hasta del 11,5% que pagó Popular por su emisión de 500 millones.

Tensión en la CNMV

La tensión en la CNMV con este asunto se plasma en una reciente intervención en la cadena de TV La Sexta de su anterior presidente, Julio Segura, para tratar de justificar su actuación cuando estos títulos se comercializaron masivamente en 2009. En ella, Segura afirma que haber prohibido la venta a particulares habría sido prevaricación y que en aquel entonces nadie podía pensar en rescates bancarios, pese a que se había nacionalizado al grueso de la banca en EEUU y Europa. Asimismo, sostiene que "tampoco hay que escandalizarse demasiado".

Otra decisión polémica reciente del supervisor es la de abrir expediente sólo a un 10% de las operaciones especulativas que hundieron la cotización de Bankia en mayo antes del canje de las preferentes, debido a que  la operativa realizada no es sancionable en la mayor parte de los casos: los fondos se aprovecharon de una argucia legal para operar a la baja con las acciones.

EFECTOS SECUNDARIOS

El agente fallecido y su familia perdieron 350.000 euros por las preferentes

El policía local hallado muerto en la cárcel de Albocàsser, Julio Miralles, tenía una hoja de servicios intachable, por lo que la brutal agresión que cometió sorprendió a sus compañeros y mandos. Julio estuvo destinado en Llíria, Casinos, Aldaia y Xirivella antes de conseguir su plaza en la Policía Local de Valencia.

Tras peder su familia unos 350.000 euros en las preferentes, Julio «sufrió un trastorno», explicó su madre, y estuvo un año en tratamiento psiquiátrico. El policía local culpó a Germán Sánchez, exdirector de Bankia y familiar lejano de su madre, de haberles arruinado la vida al no haberles explicado los riesgos de la inversión en las acciones de la antigua caja de ahorros.

«Primero fue en Castellar, luego nos cambiamos a Mislata y después firmamos en Paterna. Siempre trasladábamos las cuentas a la sucursal donde estaba Germán», señaló el padre días después de la detención de su hijo. «¿Cómo íbamos a pensar que nos estaba engañando. El dinero estaba a plazo fijo. Él lo sacaba y metía donde quería. Puede que esté mi firma pero a mí nadie me explicó lo de las preferentes», añadió. Cuando padre e hijo acudían a las sucursales donde trabajaba Germán hablaban de la familia y de algunas anécdotas de parientes de la pedanía de La Punta, y firmaban todos los documentos que su familiar ponía sobre la mesa. La confianza entonces era ciega.

Luego, los vagos pretextos que les dio el exdirector de Bankia sobre las pérdidas millonarias enfurecieron al policía. Germán les dijo que no podían sacar el dinero y que le avisaría de otras ofertas inmobiliarias. Pasaron los días y llegaron los reproches e insultos que desencadenaron el acuchillamiento.

"Las preferentes eran nitroglicerina"

Leonnoticias.com 

 Más de 16.000 familias leonesas se han visto atrapadas en un producto financiero creado para especialistas financieros pero 'vendido' a niños y jubilados

"Las participaciones preferentes son son un instrumento financiero emitido por una sociedad que no otorga derechos políticos al inversor, ofrece una rentabilidad supeditada a la obtención de beneficios y cuya duración es indefinida, aunque el emisor se suele reservar el derecho de cancelación a partir del quinto año. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) las define como valores cuya rentabilidad es variable y no garantizada, por lo que son instrumentos complejos y de riesgo elevado".

Esa definición de participaciones preferentes fue obviada en la mayoría de los casos cuando principalmente las cajas alentaron la venta de este producto a sus clientes.

En la definición de preferentes había cuatro palabras determinantes "instrumentos complejos" y de "elevado riesgo". Pero pese a ello en 2009 las entidades de ahorro, presionadas por los ratios de solvencia impuestos desde Europa, optaron por 'popularizar' aquel producto que, según especialistas financiero, sólo era "estable como la nitroglicerina".

"Nitroglicerina pura"

Y eso era. Las preferentes eran "nitroglicerina pura", sólo preparadas para especialistas en los productos financieros de alto riesgo, pero que por necesidades del mercado se popularizaron tanto que terminaron en manos de jubilados con escasa formación, personas sin información financiera y hasta bebés de apenas un año de vida.

Panfletos durante una protesta por la estafa de las preferentes.

Y el efecto de la nitroglicerina resultó tremendo. Con la caída de las entidades financieras, con la reducción de beneficios a cero cuando no a números rojos, los porcentajes sobre intereses se quedaron en nada y el dinero aportado en una quimera.

La maraña, en forma de estafa según las asociaciones de afectados, ha atrapado en León a más de 16.000 familias leonesas, la mayoría 'enredadas' a través de Ceiss (13.800) pero también por Bankia (1.197 afectados), Caixa Galicia (1.183) o Catalunya Bank (91).

10 de enero

Será el próximo día 10 de enero cuando se conozca cuantos de los afectados de Ceiss han acudido al arbitaje propuesto por la entidad y el Frob con el fin de cerrar un capítulo tremendamente doloroso para los clientes.

Si el grado de aceptación es aceptable el proceso de fusión de Ceiss y Unicaja se cerrará de un modo definitivo. Si no es así nadie descarta un nuevo modelo arbitral con el fin de conseguir que el problema de los preferentistas se cierre y el acuerdo entre entidades pueda materializarse.

"Fraude sobre el fraude de las preferentes"

Entrevista a los abogados Fernando J. López Álvarez y Florencio Bermúdez Benito

- ¿Que opináis sobre el canje de Caja Duero-Caja España?.

- Se trata de un "fraude sobre el fraude" de la venta de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas a clientes con un perfil absolutamente conservador (a los que nunca se le tenía que haber ofrecido este tipo de producto, tal y como anteriormente venían prescribiendo la CNMV) y que siempre habían tenido sus ahorros en plazos fijos o  productos seguros y a los que en ningún momento se les explicó de manera clara, suficiente y comprensible los mismos, y que teniendo en cuenta la naturaleza tan compleja de los referidos productos, los clientes no han sido conscientes de lo que realmente habían contratado hasta que le practicaron la quita. 

- ¿Realmente los clientes no sabían lo que contrataban?

- En un 80% de los casos, aproximadamente, los clientes no tenían conocimiento de los productos que, como si fueran depósitos o plazos fijos de la Caja, le vendieron estas entidades bancarias abusando de la confianza que existía desde hacía muchos años entre los empleados de la Caja y el cliente.

- ¿Recomendáis acudir al canje de Caja Duero-Caja España?

- Consideramos que la alternativa para que los clientes recuperen el 100% de sus ahorros es la vía judicial. De hecho a día de hoy en un 90% aproximadamente de los casos las Sentencias han sido estimatorias. Tenemos el reciente ejemplo de los clientes de BANKIA que acudieron al arbitraje y en el que la media de cantidades devueltas está en unos 4.500 euros. Sólo en el caso de clientes, en principio,  con cuantías inferiores a 5.000 euros o con un perfil financiero muy agresivo desaconsejamos recurrir a la vía judicial aceptando como un mal menor el canje. 

- ¿Qué riesgos oculta el canje de Caja Duero-Caja España?

- Aquellos clientes que acepten el canje deberán soportar, a parte de las quitas ya sufridas, una nueva quita del 71%. El resto del capital invertido se lo devolverán, pero no en dinero en efectivo, sino que la mitad se restituirá en bonos perpetuos con unos intereses condicionados a que existan beneficios de la propia Caja (algo ilusorio por el momento y siempre aleatorio), y la otra mitad en bonos convertibles en un futuro en acciones de UNICAJA. En el mejor de los casos para los clientes que acudan al canje  podrán recuperar, una vez firmen ante Notario la renuncia a demandar a Caja Duero-Caja España, un 35-40% aproximadamente del dinero depositado.

- ¿Por qué han ampliado el plazo para acudir al canje?

- Según nuestro propio análisis, así como el de los economistas de Salamanca y Madrid que colaboran con nuestro despacho, a Caja Duero-Caja España no le salían las cuentas y por ello han tenido que ampliar el plazo hasta el día 10/01/2014 e inventar un programa que simula un posible resultado del futuro arbitraje para, de esta forma, y sin garantizar con seguridad al cliente que le van a devolver al menos ese 35-40% aproximado del que hemos hablado anteriormente, incitar a los perjudicados por participaciones preferentes y obligaciones subordinadas a que renuncien definitiva e irreversiblemente al auxilio de Jueces y Tribunales, quedando la solución del conflicto en las manos de unos árbitros designados por la propia Caja y el FROB, que por el origen de su designación y por quien va a pagar sus honorarios hace que cuestionamos seriamente su imparcialidad y objetividad a la hora de resolver.

- Entonces, ¿qué aconsejáis a los afectados por preferentes y obligaciones subordinadas?

- Nosotros no generalizamos; siempre hay que examinar la viabilidad jurídica/económica del caso concreto y, después, asesorar al cliente si su caso tiene visos de prosperar en la vía judicial. Por ello proponemos a todos los afectados que aún no hayan venido a visitarnos que acudan a nuestro despacho jurídico que se encuentra en Salamanca, Plaza de la Fuente (923270880) y Zamora, C/ Riego nº 24 (980535027) donde, después de recabar toda la documentación pertinente, valoraremos detenidamente su caso desde el punto de vista judicial y económico.

"Sólo en un caso el banco ha ganado una sentencia sobre preferentes"

Cantabria ha sido la primera región que ha constituido, desde julio, un juzgado específico para agilizar las demandas de afectados por las participaciones preferentes, cometido que desempeñan la magistrada Cristina Rodiz y Luis Sánchez Gall (Puertollano, 1963), titular del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Santander.

-¿Cuántas demandas han recibido ya?

-A fecha de hoy, tenemos un total de 504 demandas, de las que 79 son diligencias previas, es decir, preliminares para preparar un juicio, para recabar documentación para un juicio posterior. Por lo tanto, demandas civiles son 425.

-¿Y tienen medios suficientes o se ven desbordados?

-No, por ahora va bien. Hay cuatro funcionarios y dos jueces. Hombre, se va acumulando, pero en principio el tiempo de respuesta del juzgado está siendo bueno y no hace falta por ahora más ayuda. De hecho, la primera sentencia que pusimos tardó tres meses, que en un juicio ordinario suele durar un año o un poco menos.

-Se refiere a los juicios, que son para cuantías superiores a 6.000 euros...

-Exactamente.

-¿Y qué proporción significan?

-De ordinarias, de más de 6.000 euros, son 392. Y de verbales, por debajo de 6.000 euros, 33.

-¿Los demandantes son sobre todo jubilados?

-Sí, ahora irán sobre el 65%, pero creo que está bajando un poco la tendencia. La edad media andará por los 60 años.

-Y contra Liberbank en su mayoría...

-Sí, el 95%. Hay alguna contra Bankia, contra Caja Duero, y creo que una contra Banco Santander que no es de preferentes, es otro producto.

-¿Cómo está respondiendo Liberbank? ¿La constitución del juzgado ha tenido un efecto disuasorio a la hora de que pelee esos pleitos?

-No, pero sus abogados están colaborando mucho. No obstante, está habiendo muchos acuerdos, eso es cierto también. De los 17 procedimientos terminados, tres son sentencias y 14, acuerdos.

-¿En qué sentido se han resuelto las sentencias?

-Las tres que hemos hecho nosotros son estimatorias íntegras, es decir, condenan a Liberbank a devolver el capital de las preferentes con intereses y con costas.

-Supongo que, en adelante, ése será el desenlace más habitual...

-(Ríe) Eso ya no lo sé.

-Lo digo porque, aunque se trate de casos individuales, pues los abogados desaconsejan que se tramiten de forma colectiva, el fondo del asunto es el mismo, un presunto engaño, ¿no?

-Bueno, más que un engaño, una falta de información. El producto en sí es legal, otra cosa es que se haya comercializado bien, que es lo que nosotros analizamos, si se informó bien al cliente del producto que iba a contratar, de los riesgos que tenía... El meollo de la cuestión es eso.

-La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros intentó que un juzgado declarase nulas las cuatro emisiones de preferentes de Caja Cantabria entre 2001 y 2009, pero no lo consiguió.

-Lo desestimó un juzgado mercantil por esto que le digo, porque el producto en sí mismo es legal. Otra cosa es cómo se vendió.

-En uno de los casos que lleva ha añadido una presunta estafa por parte de Liberbank, al aprovecharse de un incapacitado. ¿Puede repetirse en otras demandas?

-No lo sé ni lo puedo decir, porque hay que estudiar cada caso. Es verdad que en ese caso al que hace referencia se han dado determinadas condiciones para una posible estafa, pero no se puede generalizar.

-Como juez también le han tocado varios juicios por desahucios, que junto con las preferentes son los dos grandes fenómenos que han generado una situación ciudadana de desamparo frente a los abusos bancarios. ¿Se siente obligado a que su trabajo sea, en ese sentido, ejemplar?

-No especialmente. Son problemas sociales muy importantes, pero nuestro trabajo es estudiar cada caso y resolverlos de forma individual, insisto.

-¿Las constantes protestas de los afectados le transmiten presión?

-No, en absoluto. Estamos acostumbrados a trabajar en circunstancias como éstas, y la gente tiene derecho a protestar.

-Después de este escándalo, ¿no debería extremarse el control sobre determinados productos financieros?

-Eso es una cuestión más política, y yo ahí no me puedo pronunciar como profesional. Aunque el Supremo ha avanzado bastante en ese control. Hay una sentencia que condena a una entidad bancaria que medió en la venta de unos bonos de Lehman Brothers por informar mal al cliente de los riesgos que conllevaba, pese a que en aquella época eran una inversión muy clara. Lo que dice el Supremo es que con el banco se establece una relación de confianza, te gestionan tus intereses. En ese sentido, es como si fueras al médico o a un abogado. Por lo tanto, el banco no puede abusar de esa confianza y debe gestionar tus intereses como si fueran los suyos.

-¿Cuánto tardan en cobrar los demandantes que ganan los juicios?

-Desde que se notifica la sentencia hay 20 días de plazo para que la parte que considere pueda recurrirla para que la Audiencia Provincial se pronuncie. Si no se recurre, la sentencia es firme y ejecutable, con lo cual se cobra en un mes, más o menos. Y si se recurre, existe la posibilidad de pedir la ejecución provisional, a expensas de lo que pudiera resolver la Audiencia.

-¿Cuánto tiempo necesitará funcionar el juzgado, al ritmo de demandas que está recibiendo?

-Teníamos un tope de hasta 400 demandas, que hemos subido en acuerdo de Junta de Jueces hasta 600, y... No lo sé. En principio estaremos creo que hasta verano casi seguro. Eso depende también de la Consejería de Justicia de Cantabria, que es quien pone los medios económicos para que esto pueda funcionar, es decir, quien paga a los cuatro funcionarios, los medios materiales, etcétera.

-¿Ha bajado el ritmo al que reciben las demandas?

-No. Depende. Hoy por ejemplo han entrado cinco, pero no, es un ritmo mantenido de más de unas 150 mensuales.

-¿Y cuántas podrían llegar a resolver cada mes?

-(Ríe) Pues no lo sé. Si tienes que poner sentencia conlleva mucho trabajo. Pero si llegan a acuerdos y se mantiene la tendencia que estamos viendo, de un 70% de acuerdos, iríamos más rápido. El problema es que a los acuerdos se llega en el último momento, justo el día del juicio. Y esas fechas de agenda que ya tienes cogidas no puedes aprovecharlas para otros juicios.

-En los acuerdos, ¿el demandante renuncia a parte de lo que invirtió para cobrar?

-No, se devuelve todo el capital invertido. En algunos casos se produce un canje de las preferentes por acciones o títulos del banco.

-Escucharle suena esperanzador, parece que casi todo el mundo está recuperando el dinero.

-Sí, todas nuestras sentencias han sido estimatorias. Y entre los otros ocho juzgados que llevamos preferentes, porque no estamos solo nosotros, habremos hecho unas 30 o 40 sentencias, y solo una es desestimatoria.

¡Peticiones y embrujos navideños a Banco Ceiss!

No es de extrañar que la Unión Europea haya puesto a España bajo sospecha. Hace un año recomendó que el Gobierno español llevara a cabo un mayor control sobre el déficit y el Gobierno de Rajoy, en vez de actuar con la ética que debe caracterizar a un Gobierno, lo hizo de forma barriobajera: en vez de pedir el rescate que procedía y le recomendaba la UE, no tuvo otra ocurrencia que efectuar “quitas” fraudulentas en el dinero de los ahorradores. ¿Consecuencias? Ahí tienen ustedes la ruina de preferentistas de bancos y ahorradores que adquirieron deuda subordinada. El peor ejemplo es Bankia, pero inmediatamente después va a la zaga lo que era Caja España-Duero (el Banco Ceiss de ahora). Con Banco Ceiss estamos ante el mayor atentado económico consentido por los Gobiernos central y autonómico para salvar sus cuentas y tapar sus vergüenzas económicas. Pido a la Navidad que permita a esa colección de mangantes que forman ambos tipos de gobierno, que se lo acaben gastando en medicinas, furcias y comilonas, pero nunca con buen provecho ni de ellos o ellas ni de sus familias.

En este momento hay una corriente muy extendida entre los ahorradores, como es sacar todo tipo de ahorros a la vista, plazos fijos y cualquier otro tipo  de Caja España y Caja Duero. Cuanto antes se liquide la entidad, antes se cerrará el problema. Miles de ahorradores pretenden finiquitar Banco Ceiss ante el escandaloso fraude, el atropello, la humillación y el abuso de la entidad sobre su clientela.

Ya que no se pueden recuperar las preferentes ni las subordinadas, de momento, hay que intentar que UNICAJA se lleve la poca porquería económica que quede en Banco Ceiss. ¡Lo pagarán! ¡Lo pagarán con creces, aunque haya que luchar desde las barricadas! Y ya se sabe que la venganza del ofendido es más poderosa que la del abusador.

En estos días de Navidad — donde muchas familias lo pasarán muy mal por culpa de numerosos sinvergüenzas que han dañado las finanzas de Castilla y León– no quiero que la ciudadanía de la Comunidad se olvide de los verdaderos culpables de su ruina de Caja España-Duero y de los consentidores; no quiero que se olviden de Tomás Villanueva (consejero de Economía), ni de Juan Vicente Herrera, ni de Isabel Carrasco, ni de Toni Carrascosa, ni del presidente del Banco de España, ni del FROB, ni de la sorda CNMV, ni de los representantes sindicales y del PSOE presentes en el Consejo de Administración, ni de Pilar del Olmo, ni de Evaristo del Canto, ni, ni, ni… ni de tantos y tantos mediocres, ladrones, sinvergüenzas, aprovechados e hijos de lo que pienso convencido, para que ante las proximas elecciones paguen con creces su maldad, su mediocridad, su daño y su consentimiento.

También pido a la Navidad y al destino que no alumbre jamás a esa recua de sinvergüenzas para que, mejor antes que después, ardan en el fuego del olvido y el desprecio, así como que todo el daño que han hecho lo reciban cual bumerán que regresa a quien lo arroja.

Pido a la Navidad, incluso, que no conceda la paz ni el descanso a cuanto sinvergüenza ha dañado y arruinado a miles de familias de Castilla y León, Asturias y Extremadura con el fraudulento tema de subordinadas y preferentes del Banco Ceiss. Unas familias que lloran por la mala fe ajena y que han visto cómo todo su trabajo y ahorros  –durante una larga vida laboral– se queman por culpa de ladrones (no son ya presuntos), malos gestores y trepas. Pido que nunca alcancen la paz y mucho menos la felicidad, al menos mientras no aprendan a revertir en bien el daño efectuado.

Y, por último, pido a la Navidad que no conceda el descanso nunca y que niegue también la felicidad a cuantos directores de sucursales de Caja España y Caja Duero han vendido preferentes y subordinadas, causando la ruina, el dolor, la amargura y el llanto a miles de familias indefensas y engañadas. De la misma forma, pido a la Navidad que hunda en la miseria a UNICAJA,incluso en el infierno de las finanzas, si llega a hacerse de forma burda y huraña con Banco Ceiss, así como que arrastre eternamente su mala fe, peores intenciones y calculado afán de latrocinio. Y no solo a la entidad sino a sus cabezas pensantes. Así sea y lo veamos en los ‘mass media’.

De todas mis peticiones aquí, doy fe.

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Los tribunales investigan al ‘músculo financiero’ de Castilla y León

Hace años, la Junta de Castilla y León, a través de su consejero de Economía, Tomás Villanueva, descubrió una expresión: “músculo financiero”. Eran mediados de la década de 2000, cuando desde el Gobierno regional se ideó la fusión de las cajas de ahorro de esta comunidad autónoma.

Se buscó unir a Caja Duero, Caja España, Caja Ávila, Caja Segovia, Caja Burgos y Caja Círculo. Hoy todas ellas ya no existen de forma individual y están integradas en entidades más grandes o en vías de integración.

Ahora, menos de cinco años después de aquel invento, las denuncias no han hecho más que aflorar sospechas, dudas y una gestión económico-financiera que ha dejado demasiadas lagunas, que se conocían pero que no se denunció.

Y lo último en conocerse es que la Fiscalía de Burgos ha trasladado a los juzgados una denuncia de UPyD contra los directivos de la antigua Caja de Burgos, hoy integrada en Caixa Bank, por un delito de administración desleal o fraudulenta.

En este caso, como en otros ocurridos en cajas de ahorro de Castilla y León, se denuncian los préstamos que concedían las entidades a sus directivos. En el caso de Caja Burgos, UPyD reveló que el anterior presidente, José María Arribas, recibió 45 préstamos personales entre 2005 y 2010, por un valor de 34 millones de euros. Estos créditos representaron el 93,86 por ciento de los que se dieron a miembros del Consejo de Administración, según UPyD.

En la denuncia de este partido se fue más allá al afirmar que los consejeros de Caja Burgos recibieron retribuciones incompatibles con su cargo, entre el 14 de febrero y el 15 de junio de 2011, durante el proceso de integración en Banca Cívica.

Ahora, es la Fiscalía la que podría haber visto indicios de delito al trasladar esa denuncia a los juzgados de Burgos para que inicien las investigaciones oportunas.

Pero esta entidad no es la única que es investigada. Casualmente, ese 'modus operandi' –en términos policiales– de conceder préstamos al presidente de la caja en condiciones ventajosas es el mismo que se investiga en la antigua Caja España. Aquí, y debido a una denuncia interpuesta por IU de Castilla y León, se analizan judicialmente una veintena de operaciones de crédito que se dieron por el Consejo de Administración de la caja radicada en León en las que no hubo garantías y, además, se tramitaron como ordinarias cuando eran de riesgo.

En total, se habla de créditos por valor de 67 millones de euros que se concedieron a empresas de Santos Llamas, un constructor leonés que, casualmente, era el presidente de Caja España, entre julio de 2006 y septiembre de 2010. Fue él uno de los interesados en lograr la fusión con Caja Duero, con sede en Salamanca.

El presidente de esta última caja, el neurólogo salmantino Julio Fermoso, y su director general, Lucas Hernández, también son investigados por los tribunales por operaciones que Caja Duero efectuó con la empresa de construcción Nozar, entre 2007 y 2008, y que llevaron a una situación financiera muy débil de la caja.

En otras operaciones, está la compra a esa empresa de un edificio en Madrid, por el que se pagaron 55,8 millones de euros, un precio que ahora, desde el Banco Ceiss –que nació con la unión de Caja Duero y Caja España–, se considera muy elevado, ya que se ha tasado en 15,8 millones. Al mismo tiempo, la investigación también indaga en un crédito de 34,5 millones a Luis Nozaleda, dueño de Nozar, avalado con la garantía de un paquete de acciones de tres empresas en crisis (el balneario Aguas de Panticosa, la chacinera Marcos Sotoserrano y la quesera Qualia Lácteos), que acabaron en poder de la caja. Las dos operaciones suman más de 90 millones de euros y se firmaron meses antes de que la empresa presentara concurso de acreedores.

Además, los presidentes de Caja Ávila, Agustín González, y de Caja Segovia, Atilano Soto, están imputados por el caso Bankia, en la Audiencia Nacional, tras otra querella de UPyD contra 33 exmiembros del Consejo de Administración de Bankia por la fusión y salida a Bolsa de la entidad, que posteriormente tuvo que ser nacionalizada y recibió 22.424 millones en inyecciones de capital y otro tanto en avales públicos.

Y el Juzgado de Instrucción número 5 de Segovia también tiene imputados a todos los consejeros del Consejo de Administración de Caja Segovia participantes en una reunión mantenida, el 17 de julio de 2012, para aprobar la operación para hipotecar un emblemático edificio de la capital segoviana: el Torreón de Lozoya. Se les investiga por la supuesta comisión de un delito societario.

La imputación se basa en que el Consejo de Administración de Caja Segovia adoptó un acuerdo para solicitar de Banco Financiero y de Ahorros un préstamo con garantía hipotecaria por importe de 6.864.611 euros, que se concretó en escritura pública otorgada ante un notario de Segovia. Entre los bienes hipotecados en garantía del préstamo se encuentra el Torreón de Lozoya, bien perteneciente a Caja Segovia y símbolo de la ciudad.

Condenan a BBVA a devolver las preferentes a un exempleado

Considera que el puesto que ocupaba en el banco no implica que conociese las características de este producto

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Betanzos (A Coruña) ha declarado nulos dos contratos de participaciones preferentes por un valor conjunto de 12.000 euros que BBVA había suscrito con un exempleado. De este modo, obliga a la entidad a devolver los fondos al denunciante.

   La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, concluye que la compra de las preferentes fue "el episodio final de una política de asesoramiento en la que, si bien no se duda de la buena intención de los empleados de banca, resultaba de todo punto desafortunada", puesto que "se ofrecía un producto inadecuado para el cliente, que por la información dada no pudo en ningún momento comprender qué estaba asumiendo".

   La entidad financiera alegó durante el proceso judicial que el denunciante fue empleado suyo durante más de 20 años y que, por lo tanto, estaba familiarizado con los productos financieros que comercializaba el banco. Este hombre, apunta la sentencia, "realizaba funciones de caja" y no tiene titulación específica.

   Además, prosigue, declaró como testigo otra compañera del denunciante durante cinco años y empleada también de la entidad desde 1986, que reconoció que ella realiza las mismas funciones "y no sabe qué es una participación preferente ni el test Mifid y que nunca comercializó una participación preferente al no estar entre sus funciones". "Por tanto, no puede acogerse la meritada alegación de la entidad demandad", señala la sentencia.

   El texto apunta que la prestación de un consentimiento libre, válido y eficaz "exige necesariamente haber adquirido plena conciencia de lo que significa el contrato que se concluye y de los derechos y obligaciones" que implica.

   El denunciante dijo en su declaración que lo que buscaba era una mayor rentabilidad para sus ahorros, por lo que suscribió los contratos de preferentes, uno de ellos en abril de 2006 (eran preferentes de Telefónica por valor de 6.000 euros) y otro en julio de 2009 (preferentes de Repsol por 6.000 euros). Cuando en marzo de 2012 quiso recuperar el dinero del primer contrato la entidad no lo devolvió.

   El hombre manifestó que no se le informó de que las preferentes no estaban incluidas en el Fondo de Garantía de Depósitos ni de que eran perpetuas. Tampoco se le dio ningún tríptico informativo, aseguró y explicó que los empleados le garantizaron el 100% de la liquidez. De haberlo sabido, añadió, no las habría adquirido, pero "confió plenamente en la entidad bancaria para la que había trabajado y en sus compañeros".

SIN INFORMACIÓN ADECUADA

   La sentencia indica que la empleada que comercializó los productos admitió que al denunciante no se le hizo el test Mifid, pese a que en el segundo contrato ya era obligatorio, no se le entregó documentación informativa, no se le aclaró que las preferentes eran perpetuas y se le dijo que si quería liquidez buscarían a alguien que las comprara.

   "No se trata de exigir al banco una actuación exquisita previendo una posible crisis financiera como la que ha sobrevenido, sino que, como profesionales de la economía y la inversión son conocedores de que las crisis son cíclicas y un revés económico puede producirse en cualquier momento", argumenta la sentencia, que considera que ante un producto de riesgo "hay que dar una información adecuada con advertencia de qué puede ocurrir en el peor de los escenarios".

   Estas condiciones no se dieron en este caso, concluye y declara nulos los contratos. Así, el juzgado obliga a la restitución recíproca de obligaciones e impone las costas judiciales a la entidad demandada.

TODOS TENÍAN QUE SER IMPUTADOS

Imputados siete exdirectivos de Caixa Laietana por estafa en preferentes

Barcelona, 23 dic (EFE).- Un juzgado de Mataró (Barcelona) ha citado a declarar como imputados por un delito de estafa a siete exdirectivos de Caixa Laietana a raíz de una querella presentada por una familia perjudicada por la compra de preferentes a esa entidad bancaria, posteriormente integrada en Bankia.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el juzgado de instrucción número 3 de Mataró acuerda admitir a trámite la querella presentada por la familia afectada y cita a declarar para el próximo 22 de enero al ex director general de Caixa Laietana Pere Antoni de Dòria, al que fuera su sucesor en el banco Josep Ibern y a otros cinco exdirectivos de la entidad.

También cita a declarar como imputados a los legales representantes de Caixa d'Estalvis Laietana SA y Caixa Laietana Societat de Participacions Preferents SA.

La familia, representada por la abogada Montserrat Vinyets, asegura en su querella que ha perdido sus ahorros -180.000 euros en total- por títulos de deuda subordinada que Caixa Laietana transformó en preferentes en el año 2008 y que, tras la integración en Bankia, se transformaron en acciones de esta entidad financiera.

Según mantiene la querella, cuya admisión a trámite avanza hoy el periódico ARA, la familia decidió acudir a la vía penal tras constatar en la documentación que figuraba en Caixa Laietana que el contrato para la transformación de las preferentes no había sido firmado por la familia.

En su auto, el juez acuerda investigar la querella, al considerar que los hechos relatados en la misma podrían ser constitutivos de un delito de estafa, por lo que pide a Caixa Laietana que aporte al juzgado toda la documentación de que disponga relacionada con la comercialización de preferentes y deuda subordinadas.

El juez pide también al juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, que investiga el "caso Bankia", que le envíe información sobre la situación en que se encuentra el procedimiento y las resoluciones judiciales que afecten al fondo del asunto.

Con esa documentación, el juez valorará la posibilidad de inhibirse a favor de la Audiencia Nacional por considerar que el delito de estafa que él instruye podría estar relacionado con el "caso Bankia".

MIL DEMANDAS DE PREFERENTES

Los 14 juzgados de primera instancia registraron este año cerca de 20.000 asuntos (incluidas las ejecuciones), lo que hace una media de 1.428 casos al año por tribunal. Una media a la que se está acercado velozmente el juzgado de refuerzo de las preferentes, que entró en servicio el 2 de septiembre. El refuerzo registró ayer su asunto 999 y tiene otros 4 pendientes de entrada. En solo 4 meses, suma 1.003 expedientes, de los que más de 250 son conciliaciones (la mayoría rechazadas) y el resto, demandas. Otros 60 juicios no celebrarán porque el banco NCG ha firmado acuerdos con los demandantes antes de la vista.

Estas cifras revelan la enorme carga de trabajo que ha asumido el tribunal, que solo 115 días ha tramitado el 70% del volumen de asuntos que lleva un juzgado de lo civil en todo el año. A partir de 1.200 casos anuales, el juez decano de Vigo, Germán Serrano, considera que excede la media y que se debe crear otro refuerzo. La propia jueza, Tania Rodríguez, advierte del riesgo de que la montaña de expedientes colapsen su sala en breve. «Tenemos trabajo para más de un año», dice, por lo que recomienda prorrogar su comisión de servicios, que termina en septiembre del 2014.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dado el visto bueno provisionalmente el pasado viernes a un refuerzo de preferentes y otro para pleitos laborales en Vigo. Pero la confirmación oficial llegará con la celebración de la próxima sesión de la sala de gobierno del TSXG porque han surgido discrepancias con la petición de algunos refuerzos en Galicia. Eso no quiere decir que las haya respecto a lo que solicitó Vigo. También se pidió reforzar la Audiencia.

Una vez solucionado, la petición de nuevos jueces de apoyo se tramitará al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia, que serán los encargados de enviar a un juez y un secretario. La Xunta tendrá luego que contratar a los funcionarios y alquilar otro piso para ubicar al segundo refuerzo de preferentes y al de lo social. El personal del actual refuerzo de juicios laborales está repartido en distintos despachos.

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