La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha advertido de que seguirá atentamente los procesos de arbitraje de los afectados por las participaciones preferentes y sus resoluciones, aunque reconoce que son muchos los que han obtenido la restitución de sus ahorros o de una parte de ellos.
En su informe de 2013, publicado hoy, Becerril lamenta que ni laComisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ni la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa se hayan pronunciado hasta el momento sobre su recomendación de ofrecer el arbitraje universal para todas las entidades intervenidas.
Esta recomendación estaba incluida en un estudio que la Defensora presentó el año pasado ante las Cortes, con el objetivo de "paliar el problema social" causado por la comercialización de preferentes.
En el estudio también se proponía instaurar un código de colores para identificar el riesgo de cada producto financiero, una medida que ya había recomendado antes, y que ahora está valorando la Subcomisión de Transparencia de Productos Financieros del Congreso, según explica Becerril en su informe.
Respecto al control de incentivos que se conceden a los empleados de las entidades financieras, la Defensora señala que la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) publicó en mayo una guía que lo recoge y que está aplicando en sus prácticas supervisoras.
Además, Becerril ha destacado una futura circular de la CNMV que prevé la obligación de "velar por la adecuada capacitación y experiencia del personal" que comercializa productos de inversión, y ha señalado que este órgano está trabajando en una propuesta normativa para tener "mayor independencia y competencias".
Por el contrario, el supervisor bursátil no se ha pronunciado sobre la propuesta de que sea él mismo quien se encargue del arbitraje, ni sobre la de obligar a que su criterio se imponga en los casos no resueltos.
Asimismo, recomendaciones como establecer un período de reflexión, aprobar un modelo de contrato para distinguir el asesoramiento y la mediación, así como aprobar un código vinculante de buenas prácticas, tampoco han recibido respuesta.
Por su parte, la Secretaría de Estado de Economía aceptó varias de las propuestas del estudio, que "serán tenidas en cuenta en futuras iniciativas legislativas", como reforzar la transparencia, establecer un período de reflexión antes de la contratación, la educación financiera y el control de incentivos.
Sin embargo, no ha respondido a la recomendación de que las entidades financieras se abstengan de ofrecer a los clientes productos no adecuados a su perfil, ni a la propuesta de implantar un código vinculante de buenas prácticas y atribuir mayores competencias a la CNMV.
La Secretaría de Estado de Economía también rechazó actuar para que se controle la distribución de productos complejos, puesto que ya existe esa obligación en la legislación vigente, "a pesar de no haber dado los resultados previstos", y no aceptó ninguna de las recomendaciones paliativas de la Defensora.
Por último, el informe ha destacado que la Subcomisión de Transparencia de Productos Financieros del Congreso recogió casi todas las recomendaciones del estudio.
(Agencia EFE)
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