SENTENCIAS PALENCIA

SENTENCIAS PALENCIA
PULSAR IMAGEN PARA VER SENTENCIAS

sábado, 18 de abril de 2015

Multa de dos millones a las cajas gallegas por la venta de preferentes

Protesta de afectados por las preferentes en Vigo en 2013. / / s. sas (efe)

Las cajas fuertes de Galicia, Caixa Galicia y Caixanova, todopoderosas hasta finales de la última década, atraparon a decenas de miles de impositores con productos híbridos que comercializaron sin advertir de sus riesgos. Las odiadas participaciones preferentes fueron adquiridas por personas de todo perfil, incluso analfabetos, o madres y padres que querían realizar una inversión para sus hijos menores de edad y que vieron atrapados sus ahorros.

Tras una dura batalla en los juzgados de los afectados, sumada a las protestas ante los servicios de mediación que puso en marcha la Xunta y a raíz del escándalo que también tocó de lleno a otras entidades como Bankia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores desplegó una investigación que ha terminado este sábado con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de cuatro multas que suman poco más de dos millones de euros. Muy poco escarmiento en relación al tamaño del problema: el FROB, en un informe fechado a mediados de 2014, elevó a 116.000 los afectados por preferentes y subordinadas en Galicia por un importe de 1.831 millones de euros. Las sanciones llegan siete años después de que las cajas vendiesen esos productos y tras la privatización de las mismas por parte del FROB. El Estado vendió el banco resultante NCG, al grupo venezolano Banesco, que opera en España bajo la marca Abanca.

Lo que el BOE plasma hoy son cuatro multas que se imponen a Caixa Galicia, Caixanova y la entidad resultante de su fusión, Novacaixagalicia. La primera caja, con sede en A Coruña, recibe una sanción por la comercialización, entre 2008 y 2009, de productos híbridos sin evaluar si eran adecuados a los conocimientos y experiencia de sus clientes. Caixanova también es sancionada porque distribuyó, desde 2009 a noviembre de 2010, “productos híbridos utilizando sistemas de evaluación que presentaban deficiencias”, sin advertir a sus clientes "que las operaciones eran no convenientes o no evaluadas, y no habiendo acreditado la entrega de información sobre las características y riesgos de dichos productos". La CNMV reprocha a la entidad resultante, Novacaixagalicia, el mismo comportamiento, por lo que impone una sanción a las tres de un millón de euros.

A ella se suma el hecho de que ni Caixanova primero ni Novacaixagalicia después "gestionaron adecuadamente los conflictos de interés generados por la realización de cases entre sus clientes a precios significativamente alejados de su valor razonable", desde el 19 de junio de 2009 hasta el 13 de septiembre de 2011. La falta, considerada "muy grave", alude a la forma en que las cajas crearon una suerte de "mercado interno" por el que algunos clientes liquidaron preferentes que la entidad colocaba a otros impositores según su propio criterio. Esa forma de actuar merece según la CNMV dos sanciones de 800.000 y 200.000 euros que se suman a una última de 50.000 euros para dar ese total de dos millones.

Fuente: noticias.elpais.com

La Eurocámara continuará investigando las quejas sobre preferentes y abusos hipotecarios en España

Afectados gallegos piden solución a todos los estafados, pero la comisión alega que no puede hacer nada y anima a seguir en tribunales 

La comisión de peticiones ha decidido este jueves seguir investigando las quejas enviadas por ciudadanos por la venta irregular de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas y las cláusulas abusivas en las hipotecas. Para ello, los eurodiputados pedirán a la Comisión Europea que se pronuncie sobre si España ha vulnerado la legislación de la UE en estas cuestiones y elaborarán también sus propios informes.

Para presentar las quejas sobre el fraude en la venta de preferentes ha intervenido un portavoz de las plataformas de estafados por las preferentes de Galicia, Xesús Domínguez —representante del colectivo de Compostela—, que ha explicado que, aunque muchas familias han recuperado ya sus ahorros, todavía quedan por devolver "a entre 10.000 y 15.000 familias más de 110-150 millones de euros".

"Lo que exigimos es la devolución del ahorro a todas las familias, que los responsables de esta estafa se sienten delante de la justicia, que se depuren responsabilidades políticas de los responsables administrativas y responsabilidades por la imposición de sanciones" a los preferentistas que se manifestaron, ha reclamado Domínguez.

El portavoz de la comisión ha dicho que Bruselas "es consciente del problema de las preferentes y la deuda subordinada en España, de su talla y del impacto social y en la vida de muchos ahorradores y en la confianza en el sistema financiero". "Es un problema muy grave para los afectados y la sociedad en general que necesita atención y acción", ha agregado.

El Ejecutivo comunitario considera que hay "indicaciones masivas" de que con la venta de preferentes a ahorradores minoristas "se vulneró la ley a gran escala". Por ello, en el memorándum del rescate bancario se obligó a España a prohibir la venta de estos productos a clientes minoristas. Además, "el problema se ha reducido" gracias al arbitraje y a los fallos judiciales que han dado la razón a los preferentistas.

Para los casos pendientes, la comisión asegura que no puede hacer nada e invita a los afectados "a continuar yendo a los tribunales y al arbitraje y recuperar sus derechos allí".

HIPOTECAS

En el caso de las hipotecas, los parlamentarios sopesan además enviar una interpelación al Banco Central Europeo y llevar el caso al pleno, según se ha concluido tras debatir durante dos horas y media un total de 38 quejas en presencia de siete de los denunciantes.

Entre los peticionarios se encontraba el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Carlos Macías, que ha denunciado que desde el principio de la crisis se han producido más de 400.000 desahucios y que en España hay 3,5 millones de viviendas vacías. Macías ha acusado al Gobierno del PP de "desprecio" por ignorar la iniciativa legislativa popular sobre dación en pago y ha dicho que las medidas que ha adoptado son "cortinas de humo" y "maquillaje" y no cumplen las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE.

"Los ciudadanos del Estado español nos sentimos olvidados por el Parlamento Europeo, que está permitiendo y siendo cómplice de la violación de derechos humanos en un Estado miembro", ha dicho Macías.

Su intervención ha sido contestada por el eurodiputado del PP, Gabriel Mato, que ha dicho que la cuestión de los desahucios se está utilizando como "instrumento de campaña electoral" contra el Gobierno, que a su juicio ha actuado para minimizar el problema. "Alguno de los que han liderado estos ataques ya han dado el salto a la política y ya son candidatos", ha dicho Mato en referencia a la anterior portavoz de la Asociación de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, que se presenta a la alcaldía de Barcelona.

"No tiene vergüenza de venir aquí y decir que estamos haciendo un uso político. Son ustedes los que son incapaces de hacer nada por su ciudadanía y lo que deberían hacer es entregar las actas y disolverse", le ha replicado el portavoz de la PAH.

La eurodiputada socialista Soledad Cabezón y el representante de Iniciativa, Ernest Urtasun, han exigido a la comisión que aclare si tiene previsto expedientar a España por incumplir en el caso de las hipotecas la legislación comunitaria que prohíbe las cláusulas abusivas. Pero el Ejecutivo comunitario se ha limitado a señalar que está dialogando con las autoridades españolas para verificar si han aplicado correctamente las sentencias del Tribunal de Justicia sobre esta cuestión.

Fuente: 20minutos.es

Bankia reclama 133 millones a Rato y que congele sus bienes

El 17 de marzo pasado, Bankia y su matriz BFA depositaron en la Audiencia Nacional la fianza de 800 millones que impuso el juez Fernando Andreu en febrero por el posible maquillaje de las cuentas de la entidad en su salida a Bolsa. La entidad entregó el dinero en metálico para evitar generar gastos con avales bancarios.

Fuentes jurídicas creen que el impago de la fianza precipitó la operación

José Ignacio Goirigolzarri, actual presidente de Bankia, anunció que reclamaría a Rodrigo Rato, José Manuel Fernández Norniella, José Luis Olivas y Francisco Verdú para que respondieran con su patrimonio, porque estaban igualmente obligados a prestar la fianza de forma solidaria.

Al día siguiente, 18 de marzo, se envió un requerimiento notarial a Rodrigo Rato en el que se le exigían 133 millones de euros, la sexta parte de 800 millones. El requerimiento de Rato, como el de los demás acusados, tenía el plazo de un mes a partir de la fecha de recepción que, si fue el mismo día de la emisión, vencería este sábado.

No obstante, todos los afectados han recurrido en apelación la fianza impuesta y alguno de ellos considera que hasta que no estén respondidos todos los recursos se congela el plazo de respuesta al requerimiento notarial.

Falsedad contable

El juez Fernando Andreu fijó una fianza de 800 millones de euros a BFA, Bankia y los cuatro exdirectivos principales de la entidad, entre ellos Rodrigo Rato, que aprobaron los estados contables antes de su salida a Bolsa. Un informe del Banco de España señalaba que la situación financiera de Bankia era mucho peor que la reflejada en esos estados contables a los que dieron el visto bueno Rodrigo Rato y su equipo. El juez que instruye el caso Bankia consideró que ese hecho puede constituir un delito de falsedad contable.

Rato no ha respondido a Bankia porque no cree que le corresponda hacer frente a esta fianza, y la ha recurrido ante el juez. En el documento enviado por Bankia se reclama a los afectados que pongan 133 millones de euros, mediante garantía personal, y que identifiquen sus bienes y asuman frente a Bankia y un notario “la obligación de no disponer, ni enajenar, ni imponer cargas, ni gravar por cualquier concepto y título sus bienes y derechos de contenido económico”. Algunas fuentes consideran que la fianza puede ser uno de los motivos por los que la fiscalía quiere evitar que Rato mueva sus cuentas.

Según los exdirectivos de Bankia, la entidad presidida por Goirigolzarri busca sostener ante la opinión pública que está haciendo todo lo posible para recuperar el máximo posible de los 800 millones impuestos por el juez.

También apuntan que Bankia quiere que cada afectado reclame el seguro de responsabilidad civil, que estas fuentes cifran en 100 millones de euros. El seguro está contratado con Mapfre. Hasta ahora, Mapfre no ha hecho frente a otras fianzas como las de Miguel Blesa, al que se le impuso 16 millones como responsabilidad en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid.

El exvicepresidente acusó al juez de atribuirle la responsabilidad civil de la fusión y salida a Bolsa de Bankia de forma “errada”, sin “sustento” y con una “palmaria” ausencia de motivación apoyándose en el “débil” informe de los peritos judiciales, según el recurso. Francisco Verdú, ex consejero delegado de Bankia, también ha recurrido la fianza. En su caso, el argumento es que llevaba 13 días en la entidad cuando aprobó la salida a Bolsa “por lo que no podía tener conocimiento de los posibles problemas en las cuentas”. Además, recuerda Verdú, tenían el visto del Banco de España y de la CNMV. El juez no ha respondido a su recurso.

“No he vendido patrimonio en 13 meses”

Rodrigo Rato, exministro de Economía y Hacienda, exvicepresidente económico del Gobierno, ex director gerente del FMI y expresidente de Bankia, negó ayer a EL PAÍS que haya vendido patrimonio en los últimos 13 meses y desmintió que posea sociedades radicadas en paraísos fiscales o en países fuera de la UE. La Fiscalía de Madrid le acusa de blanqueo de capitales, fraude fiscal y alzamiento de bienes y reclamó el pasado jueves al juez su detención durante unas horas en las que agentes de Aduanas registraron su domicilio particular y su despacho profesional en busca de documentación con la que poder probar las acusaciones de la fiscalía.

El exministro del Partido Popular manifestó a este periódico que no ha hecho “ninguna compra, ni venta” de sus bienes o propiedades “en los últimos 13 meses”, descartando de esa manera que haya puesto su patrimonio a nombre de otras personas para evitar que pueda ser embargado ante el impago de la fianza que le impuso el juez Fernando Andreu en el caso Bankia. El magistrado cifró en 800 millones de euros el dinero que Rato debía depositar de manera solidaria junto a BFA, Bankia y otros tres exdirectivos de la entidad. “No he vendido ni comprado bienes”, mantiene el expresidente de Bankia. Como parte de la investigación, la fiscalía le ha solicitado la entrega de documentación patrimonial que abarca varias décadas.

Sobre la posibilidad de que haya desviado fondos a sociedades en las Islas Vírgenes, Rato aseguró a EL PAÍS: “No tengo nada ahí. La única relación que tengo con este paraíso es que trabajo con un abogado británico que tiene uno de sus despachos en Islas Vírgenes, pero yo con este despacho tengo una sociedad dentro del Reino Unido. En ninguna isla del Canal, ni otro país, dentro del Reino Unido”.

Rodrigo Rato acompañó a los investigadores en un registro que se prolongó durante la noche del pasado jueves. Al día siguiente se tuvo que repetir el volcado de la documentación informática debido a un error.

El expresidente de Bankia no ha prestado declaración todavía y desconoce qué tipo de investigación se está haciendo, qué es lo que se busca concretamente y si quien la dirige es el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) o la Fiscalía de Madrid.

Fuente: política.elpais.com

viernes, 17 de abril de 2015

El Parlamento Europeo preguntará a la Comisión si España incumplió la ley con las preferentes

Las circulares internascon las instrucciones para colocar las preferentes como vía de capitalización de las entidades entre clientes minoristas. La orden que abrió el arbitraje para los afectados. Las oscilantes, y chocantes entre sí, estadísticas sobre el número real de tenedores de los híbridos. Incluso el caso de Domitila Vicente Franco, la vecina de O Baixo Miño de 82 años, que necesita un andador que acaba de ganar el recurso a la multa impuesta por saltarse un cordón policial durante una manifestación para reclamar su dinero. De todo esto, que es solo parte de la historia del drama vivido por cientos de miles de clientes de las antiguas cajas gallegas, se volvía a hablar ayer en el Parlamento Europeo. La comisión de peticiones atendía así la reclamación de las varias de las plataformas de afectados, con la decisión además de preguntar a la Comisión si España incumplió la normativa comunitaria en la comercialización de estos productos complejos, de trasladar toda la documentación a la comisión de economía y abordar la situación entre los portavoces. "Hay 32 peticionarios, es un tema importante", resumía Cecilia Wilkstrom a final de la sesión. 

José Manuel Estévez, Xesús Domínguez y Xulio Vicente, líderes de las plataformas de afectados de Vigo, Baixo Miño y Santiago, se encargaron de recordar que la solución no fue universal y que hay todavía "unas 10.000 familias a las que se les retienen 200 millones de euros de sus ahorros", pendientes de sentencias judiciales. Los tres coincideron en acusar a Gobierno central, Xunta, Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) de permitir "la estafa masiva" y "no hacer nada" para el control de la venta de las preferentes y la deuda subordinada.

"Sabemos cuál fue la dimensión y el impacto en la vida de muchos ahorradores y en el sistema financiero en general", admitía Peter Grasmann, jefe de la unidad de Análisis Económico y Mercados Financieros de la Comisión, encargado de responder a los afectados. En Bruselas hay "indicadores claros" de que "no todas las ventas fueron de forma honesta y buscando los mejores intereses para los clientes". "La ley se incumplió de forma importante, claramente -añade Grasmann-. Pero el problema no es la falta de legisltación europea, sino su incumplimiento y el de la normativa estatal". Por eso, y pese a destacar las medidas llevadas a cabo para encauzar el problema -las demandas judiciales, el arbitraje y la liquidez aportada por el Fondo de Garantía de Depósitos-, Grasmann alienta a los afectados "a que vayan a los tribunales y hagan valer sus derechos".

Fuente: elfarodevigo.es

La Justicia nos da la razón

Hace dos años más o menos un grupo de ahorradores se enteraron de que Caja España-Duero, les había engañado, en lugar de velar por los ahorros que le habían encomendado debido a la confianza que habían puesto en la entidad, les vendieron productos tóxicos, en lugar de plazos fijos, como las personas querían. 


Empezamos a reunirnos haciendo asambleas una y otra vez, y después de varias asambleas un grupo de personas formamos una junta directiva votada en asamblea y empezamos a ponernos al frente de todas esas personas que habían sido engañadas por la caja. Nadie quería ser miembro de la Junta, pero alguien tenía que hacerlo y nos tocó a nosotros, pero igual da, hemos hecho lo que debíamos hacer, trabajar y trabajar sin descanso y hemos conseguido que en Zamora sean cientos los juicios ganados y miles en Castilla y León. Para mí, como para el resto de personas, no era fácil ir a las manifestaciones y salir en los medios de comunicación, pues no estábamos preparados para ello, pues dar la cara en una ciudad donde todos nos conocemos, no era fácil. 

Esta directiva no en vano y sabiendo que era difícil su trabajo, dedicó día y noche a todas estas personas, les empezamos a tomar datos, nos fuimos enterando de cómo habían sido engañados, y así se forma la Plataforma de Afectados por productos tóxicos (preferentes y subordinadas) contra la entidad a la que habían depositado su confianza y sus ahorros de toda una vida de trabajo. Los afectados fuimos de todas clases sociales, pensionistas, trabajadores, personas que con sus ahorros querían ayudar a sus mayores a pagarles una residencia con los intereses que cobraran, otros pendientes de comprar un taxi o emprender un negocio, pero todos ellos sin conocimientos de inversiones, sino que éramos ahorradores minoristas y depositamos la confianza en la caja de toda la vida. Otros habían estado en Alemania o en el extranjero trabajando parte de su vida, para qué, para que se aprovecharan de ellos personas sin escrúpulos. 

La Junta directiva se pasó noches sin dormir, igual que el resto de socios, viendo la forma de intentar darle solución a todas las personas engañadas. Tuvimos reuniones con políticos, de un color y de otro, con sindicalistas, etc., y después de muchos intentos nos fuimos enterando de que estas personas a las que habíamos recurrido para hablar con ellos (estos políticos, sindicalistas, etc., de Zamora, y de Castilla y León) habían sido ellos también los que con reuniones en la central de la Caja, o en reuniones que hacían fuera para disfrutar de las prebendas que les daba la Caja, cobraban dietas, kilometraje, etc., etc. (dos dietas en el mismo día sin temas que tratar), y sin enterarse de los temas que se trataba en estas reuniones, como eran esto de las preferentes, con lo que poco a poco unos y otros fueron debilitando las arcas de la entidad. Tuvimos reuniones en Valladolid con los políticos de turno de la Junta, todo buenas palabras, pero de echarnos una mano, nada de nada, todos unos y otros solo querían salir en la foto, ya que era la noticia de la época. 

Con todos estos problemas la junta directiva, hacía asambleas, manifestaciones en Zamora, Salamanca, Valladolid, León... para que toda Castilla y León se enteraran del engaño que había hecho Caja España-Duero. Se formaron otras plataformas en distintas ciudades y todos a una, trabajamos para llevar a los juzgados a Caja España-Duero por este engaño, a esta Caja que según la Junta de Castilla y León, era "El brazo fuerte de la economía de la región", si ese brazo fuerte lo hubieran hecho con "barro de Pereruela, otra cosa hubiera sido". . . 

Al final después de más de dos años de trabajo, la junta directiva de la plataforma de las preferentes, estamos contentos pues vemos que después de muchos esfuerzos y trabajo, los juzgados nos están dando la razón y los socios de nuestra plataforma van recuperando sus ahorros por mandato de los jueces y magistrados, condenando a la entidad, Caja España-Duero a devolverles sus ahorros y a condenarlos con costas en los juicios. 

Y después de tantas noches en vela y de tanto trabajo hecho, ahora que vamos recuperando nuestros ahorros con los juicios, que pedimos para los directores generales de Caja España-Duero, subdirectores, directores y empleados borreguiles de las sucursales, que siguieron las directrices de sus superiores a sabiendas que engañaban a sus conciudadanos y conocidos de toda la vida, pues por mi parte solamente pido que igual que la justicia nos está dando la razón en los juicios, que ellos también pasen por los juzgados y sean castigados como se merecen, a parte de que todos los que hayan cobrado comisiones por vender estos productos o hayan ascendido por este motivo, que la justicia les ponga en su sitio, les haga devolver lo cobrado, y a los políticos igualmente que devuelvan las dietas cobradas indebidamente, pues no se enteraron de nada. 

Y desde aquí agradecer a mis compañeros de Junta (José, Yolanda, Fernando, Manolo, Justi...) darles las gracias por esta labor humanitaria que hemos hecho ayudando a los que nos necesitaban y eso sí y sin cobrar dietas y kilometrajes, ni viajes de placer. Y a los socios de la plataforma también darles las gracias por apoyarnos, y a nuestros abogados gracias por llevar estos juicios a buen fin. 

A los jueces y magistrados que sigan con su trabajo, y que les felicitamos, aun a sabiendas de que no es nada fácil su labor. 

Se me olvidaba mis ahorros ya no están en Caja España, se los he sacado. 

Un preferentista afectado, miembro de la Junta y que la justicia también le dio la razón, pues ya he cobrado todo y con costas. 

Félix Domínguez Fraile (Zamora)

Fuente: laopiniondezamora.es

La Eurocámara continuará investigando las quejas sobre preferentes y abusos hipotecarios en España

Afectados gallegos piden solución a todos los estafados, pero la comisión alega que no puede hacer nada y anima a seguir en tribunales

La comisión de peticiones ha decidido este jueves seguir investigando las quejas enviadas por ciudadanos por la venta irregular de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas y las cláusulas abusivas en las hipotecas. Para ello, los eurodiputados pedirán a la Comisión Europea que se pronuncie sobre si España ha vulnerado la legislación de la UE en estas cuestiones y elaborarán también sus propios informes.

Para presentar las quejas sobre el fraude en la venta de preferentes ha intervenido un portavoz de las plataformas de estafados por las preferentes de Galicia, Xesús Domínguez —representante del colectivo de Compostela—, que ha explicado que, aunque muchas familias han recuperado ya sus ahorros, todavía quedan por devolver "a entre 10.000 y 15.000 familias más de 110-150 millones de euros".

"Lo que exigimos es la devolución del ahorro a todas las familias, que los responsables de esta estafa se sienten delante de la justicia, que se depuren responsabilidades políticas de los responsables administrativas y responsabilidades por la imposición de sanciones" a los preferentistas que se manifestaron, ha reclamado Domínguez.

El portavoz de la comisión ha dicho que Bruselas "es consciente del problema de las preferentes y la deuda subordinada en España, de su talla y del impacto social y en la vida de muchos ahorradores y en la confianza en el sistema financiero". "Es un problema muy grave para los afectados y la sociedad en general que necesita atención y acción", ha agregado.

El Ejecutivo comunitario considera que hay "indicaciones masivas" de que con la venta de preferentes a ahorradores minoristas "se vulneró la ley a gran escala". Por ello, en el memorándum del rescate bancario se obligó a España a prohibir la venta de estos productos a clientes minoristas. Además, "el problema se ha reducido" gracias al arbitraje y a los fallos judiciales que han dado la razón a los preferentistas.

Para los casos pendientes, la comisión asegura que no puede hacer nada e invita a los afectados "a continuar yendo a los tribunales y al arbitraje y recuperar sus derechos allí".

HIPOTECAS

En el caso de las hipotecas, los parlamentarios sopesan además enviar una interpelación al Banco Central Europeo y llevar el caso al pleno, según se ha concluido tras debatir durante dos horas y media un total de 38 quejas en presencia de siete de los denunciantes.

Entre los peticionarios se encontraba el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Carlos Macías, que ha denunciado que desde el principio de la crisis se han producido más de 400.000 desahucios y que en España hay 3,5 millones de viviendas vacías. Macías ha acusado al Gobierno del PP de "desprecio" por ignorar la iniciativa legislativa popular sobre dación en pago y ha dicho que las medidas que ha adoptado son "cortinas de humo" y "maquillaje" y no cumplen las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE.

"Los ciudadanos del Estado español nos sentimos olvidados por el Parlamento Europeo, que está permitiendo y siendo cómplice de la violación de derechos humanos en un Estado miembro", ha dicho Macías.

Su intervención ha sido contestada por el eurodiputado del PP, Gabriel Mato, que ha dicho que la cuestión de los desahucios se está utilizando como "instrumento de campaña electoral" contra el Gobierno, que a su juicio ha actuado para minimizar el problema. "Alguno de los que han liderado estos ataques ya han dado el salto a la política y ya son candidatos", ha dicho Mato en referencia a la anterior portavoz de la Asociación de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, que se presenta a la alcaldía de Barcelona.

"No tiene vergüenza de venir aquí y decir que estamos haciendo un uso político. Son ustedes los que son incapaces de hacer nada por su ciudadanía y lo que deberían hacer es entregar las actas y disolverse", le ha replicado el portavoz de la PAH.

La eurodiputada socialista Soledad Cabezón y el representante de Iniciativa, Ernest Urtasun, han exigido a la comisión que aclare si tiene previsto expedientar a España por incumplir en el caso de las hipotecas la legislación comunitaria que prohíbe las cláusulas abusivas. Pero el Ejecutivo comunitario se ha limitado a señalar que está dialogando con las autoridades españolas para verificar si han aplicado correctamente las sentencias del Tribunal de Justicia sobre esta cuestión.

Fuente: 20minutos.es

jueves, 16 de abril de 2015

Dos de cada tres afectados por las preferentes se quedaron fuera de los arbitrajes de CatalunyaCaixa

Los afectados por las preferentes de CatalunyaCaixa han sido los peor parados del proceso de arbitrajes, viéndose obligados en muchos casos a acudir a los tribunales, un proceso a priori mucho más largo, para poder recuperar sus ahorros. Esa fue una de las denuncias que realizó Adicae durante la pasada junta de accionistas de la entidad catalana, la última antes de que sea absorbida por BBVA.

Adicae asistió al acto en representación de los pequeños accionistas, la gran mayoría de los cuales eran antiguos poseedores de preferentes y deuda subordinada que se convirtieron forzosamente en accionistas de forma obligada. Según señala la asociación en su página web, la entidad “cometió prácticas comerciales abusivas de manera premeditada con el único objetivo de capitalizarse, sin ningún tipo de escrúpulos, utilizando una estrategia de expolio al ahorro popular”.

Pero es que además, Adicae denuncia que “muchos de los afectados por este fraude masivo se han visto obligados a invertir tiempo y dinero en procesos judiciales que se habrían podido evitar resolviendo el problema a través de la mediación”. Los últimos datos oficiales sostienen que de los 122.585 clientes con preferentes y deuda subordinada de CatalunyaCaixa, un 89% había solicitado una resolución extrajudicial. Sin embargo, sólo un 37% de las reclamaciones de clientes(62.256) que solicitaron un arbitraje fueron aceptadas.

Este hecho confirma, según Adicae, que el arbitraje fue una vía creada “a favor de los intereses de la banca para limpiar su imagen” y que únicamente “pervierte el sistema arbitral de consumo”.

No sólo los afectados de CatalunyaCaixa son los que se han visto en mayor porcentaje por ahora fuera de los arbitrajes, sino que también fueron los que sufrieron una mayor quita cuando los títulos se convirtieron en acciones de los bancos.

En concreto en CatalunyaCaixa, los descuentos alcanzaron el 61% en las preferentes, el 50% en la deuda subordinada perpetua y el 11% en la deuda con vencimiento. En estos últimos títulos, los tenedores podían optar también por un canje a través de un depósito bancario tradicional con el mismo vencimiento y con un descuento sobre el nominal del 1,5% mensual hasta la fecha de vencimiento de la emisión.
NOTICIAS RELACIONADAS
Fuente: elboletin.com

Una nueva sentencia contra Bankia anula la compra de acciones en Castellón por opacidad de la oficina

Una protesta en Madrid de afectados por Bankia.

Nueva sentencia en contra de la entidad financiera Bankia por la venta de acciones en la provincia de Castellón. El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Castellón ha declarado «nula por error en el consentimiento» la compra de acciones de la entidad el pasado 19 de julio de 2011 por un importe total de 1.253,88 euros. La entidad tendrá que abonar esta cuantía a los afectados, además de soportar los intereses legales de conformidad y hacer frente a las costas del proceso judicial, según consta en la sentencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Según se argumenta en el fallo emitido el pasado 7 de abril, «en este caso el error no se representa tanto respecto del producto concreto, sino de la situación económica de la entidad financiera que se presentó precisamente para la captación de clientes en la oferta de suscripción de acciones».

No obstante, prosigue el texto, «llamamos también la atención de que no aparece ni la orden de compra de acciones, ni firmado el resumen folleto informativo de la oferta pública de suscripción de acciones de Bankia». El juez insiste en que la entidad «no reflejó la realidad en sus cuentas anuales de 2011». «Si la situación real hubiese sido conocida por el actor a buen seguro no hubiese suscrito las acciones que adquirió», prosigue la sentencia.

Cabe recordar que la Unión de Consumidores (UCE) de Castellón está gestionando la presentación de demandas contra Bankia por la compra de acciones en la oferta pública efectuada en julio de 2011. Más de 150 demandas ya se han presentado en los juzgados de Castellón y van llegando las primeras anulaciones de la compra de acciones. Hasta la fecha serían dos las demandas ganadas a Bankia que han trascendido.

Fuente: elmundo.es

El consejero de Economía de Castilla y León se va de la política con sombras sin aclarar


Tomás Villanueva, en el centro, en la constitución de la Comisión Ejecutiva del Consejo Financiero de Castilla y León. Foto: jcyl.es

Ha sido el hombre fuerte del PP en Valladolid. El que tenía el control absoluto del Gobierno regional. Por el que pasaban los dineros del partido en Castilla y León. Lo ha sido todo en el PP. Y ahora, tras 16 años en la Administración, Tomás Villanueva deja la política porque considera que ha cubierto una etapa. A partir del mes de mayo volverá a su despacho de abogados, por el que también han pasado un buen número de dirigentes del PP en Valladolid.  

En una rueda de prensa que dio esta semana, Villanueva ofreció un balance de legislatura positivo, optimista, pero sin un ápice de autocrítica. Llegó a decir que la política económica de Castilla y León ha dado “estabilidad y crecimiento”.

Pero apenas hizo referencia a las sombras de su Consejería. Sombras que van desde las supuestas irregularidades que se investigan en las antiguas cajas de ahorro de Castilla y León a las investigaciones judiciales por supuesta prevaricación y tráfico de influencias en la compraventa de terrenos para convertirlos en un parque empresarial de Valladolid, o por el sobrecoste de 30 millones de euros en la compra de un edificio de oficinas en Arroyo de la Encomienda (Valladolid).

Tomás Villanueva fue el consejero que ideó el famoso “músculo financiero” de Castilla y León, es decir, el intento de fusionar a las cajas de ahorro de esta región para convertirlas en una entidad de crédito fuerte. Sin embargo, todo aquello quedó en la venta de estas cajas a bancos de fuera de la Comunidad Autónoma y en investigaciones judiciales por supuestas anomalías.

Es más, la mayoría del consejo de administración de la antigua Caja España está imputada por la concesión de créditos al entonces presidente, Santos Llamas, y que también fueron autorizados por la Consejería que dirige Tomás Villanueva. En la rueda de prensa de balance de legislatura, el consejero eludió responder con claridad a estas cuestiones. Incluso llegó a reconocer que nunca supo que Santos Llamas debía dinero a Caja España. Y como es habitual en Villanueva, eludió responsabilidades y dijo que la competencia en esos temas era del Banco de España, que nunca cuestionó esos créditos.

Tampoco es claro el consejero de Economía en las explicaciones sobre la compraventa de unos terrenos donde instalar el parque empresarial de Portillo (Valladolid). Según desveló el lunes la Cadena Ser en Castilla y León, Gesturcal –empresa pública- compró unos terrenos por 35 millones de euros a Parque Empresarial Portillo y cementos La Bureba, quienes, a su vez, los habían adquirido por 10,7 millones. Según un informe policial, que cita la emisora, “parece que la actuación estuviera concertada desde mucho tiempo antes de que se realizaran los convenios de colaboración”.

Un dato que incide en lo llamativo de la operación: la empresa Urban Proyecta PM3 compró, por 5 millones de euros, terrenos a agricultores y, posteriormente, los vende a Parque Empresarial Portillo por 8,5 millones.  Por todo ello, los tribunales investigan si en este caso hubo prevaricación y tráfico de influencias.

Esa empresa, Urban Proyecta PM3, fue la que vendió a la Junta de Castilla y León un edificio de oficinas – donde está la Agencia de Desarrollo de la Junta de Castilla y León, antes la Agencia de Desarrollo Económico (ADE)- en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), y que supuso un sobrecoste de 30 millones de euros. También por este caso hay diligencias judiciales abiertas por las que se ha citado a declarar a una veintena de exaltos cargos de la Consejería de Economía.

Y mientras tanto, Tomás Villanueva sigue ofreciendo datos positivos sobre la economía de Castilla y León y no aporta claridad a las sombras de su Consejería.

Los afectados por las preferentes denuncian en Bruselas una «estafa organizada»

Los preferentistas gallegos acuden hoy a la Eurocamara en busca de una solucion colectiva para los miles de ciudadanos que todavía esperan recuperar la totalidad de sus ahorros atrapados en preferentes.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo se prepara para estudiar esta tarde 22 denuncias de afectados por la comercialización irregular de productos finaniceros de alto riesgo en España. A la reunion asistirán los portavoces de la Coordinadora de Afectados por Preferentes e Subordinadas de Galiza, Xesús Domínguez, y de la Plataforma de Afectados polas Preferentes do Baixo Miño, Xulio Vicente. Ambos se reunieron esta mañana con eurodiputados a los que trasladaron su indignación por la falta de respuestas y soluciones de las autoridades gallegas y españolas ante lo que consideran una «estafa organizada». Vicente va más allá y asegura que el escándalo de las preferentes nunca se podría haber urdido sin la complicidad de las Instituciones que «miraron para outro lado cando Caixa Galicia e Caixa Nova colocaban sen control ningún estes productos». Segun los afectados, la Fiscalía General del Estado «está paralizando os procesos abertos contra os bancos para impedir que as demandas avancen polo penal».

Para sustentar su denuncia, los estafados presentan cifras demoledoras. Estiman que 116.660 ciudadanos fueron engañados con este tipo de productos financieros. Una estafa que alcanzaría los 1.800 millones de euros. De las 5.881 demandas presentadas por vía judicial, el 99,9 % de las sentencias han sido favorables para el denunciante: «Con estes datos e difícil de creer que non existira una organizacion ben planificada para estafar os clientes», aseguran.

Sus quejas no acaban ahí. Ambos exigen que se depuren responsabilidades, incluidas las politicas: «Os primeiros responsables son os directivos das Caixas pero todo se fixo co beneplácito do Banco de España, a Comisión Nacional do Mercado de Valores, o Goberno español e a Xunta. Non olvidemos que a maior emisión de preferentes se fixo coa Executiva de Feijoo», indica Vicente antes de manifestar su enfado por las promesas incumplidas del Gobierno: «Antes de vender as Caixas prometeran que recuperariamos os nosos aforros pero non o fixeron. Estaba nas suas mans».

Tampoco ha quedado al margen de la cita las denuncias que vierten las plataformas de afectados por el supuesto acoso y persecucion a las que han sido sometidas por parte de las Administraciones por no cejar en sus reivindicaciones y ponen como muestra las sanciones administrativas que se han multiplicado en los últimos meses contra sus miembros: «Non pensaban que teriamos forzas despois de tres anos para seguir loitando pero aqui estamos e vamos a seguir loitando pola nosa dignidade», advierte Vicente.

Fuente: lavozdegalicia.es

La Eurocámara debatirá mañana las quejas contra banca española por hipotecas y preferentes

BRUSELAS, 15 Abr. (EUROPA PRESS) - 

   La comisión de Peticiones de la Eurocámara debatirá este jueves un total de 38 quejas contra la banca española por abusos en las cláusulas hipotecarias y la venta fraudulenta de productos como las preferentes.

   Entre los denunciantes se encuentran representantes de Plataformas de Afectados por la Hipoteca de varias provincias españolas, que han recogidos miles de firmas de ciudadanos contra las cláusulas abusivas. En general, los peticionarios critican la legislación comunitaria en la materia y, en algunos casos, reclaman que se generalice la dación en pago.

   Por lo que se refiere a los preferentes, los denunciantes -entre víctimas individuales y colectivos, avalados en algunos casos por más de 43.000 firmas- reclaman el amparo de la legislación de la UE en materia de protección de los consumidores y los inversores.

   Los peticionarios alegan que las preferentes son instrumentos financieros de alto riesgo y muy complejos que nunca deberían haberse vendido a la mayoría de los clientes, por lo general personas sin conocimientos financieros y con mucha aversión al riesgo. Y denuncian que los bancos no sólo no informaron adecuadamente a los clientes, sino que en algunos casos les informaron mal: se les dio la impresión de que los instrumentos eran básicamente depósitos a plazo fijo con total liquidez.

   En concreto, el Parlamento Europeo atiende denuncias contra sucursales de La Caixa, CaixaNova, Nova Caixa Galicia, Caja Madrid, Banco Santander, NovaGalicia Banco, Caixa Laietana y Bankia. Siete de los peticionarios viajan a Bruselas y plantearán en persona sus respectivos casos en la sala.

Fuente: europapress.es

miércoles, 15 de abril de 2015

Bankia y UPyD pedirán que el patrimonio oculto de Rato cubra sus responsabilidades

Rodrigo Rato está siendo investigado por el Sepblac (Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales), dependiente del Ministerio de Economía, ya que se encuentra entre los 705 contribuyentes que han declarado bienes en el extranjero y que la Agencia Tributaria sospecha que podrían haber cometido algún delito, según ha informado Vozpópuli. Más allá de su origen, esta investigación revela que el exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia cuenta con un patrimonio mayor del que se conocía hasta ahora, con el que debería hacer frente a las responsabilidades derivadas de la salida a bolsa de la entidad y del uso de las famosas tarjetas black.

Como informó El Confidencial, el sucesor de Rato al frente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, pretende perseguirle para que utilice todo su patrimonio en el pago de la fianza solidaria de 800 millones que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu impuso a la entidad, Rato, Norniella, Olivas Verdú, pero que ha abonado íntegramente Bankia. Esta demanda intenta reducir el coste de la medida para la entidad nacionalizada y se ha hecho primero por las buenas pero, ante la falta de voluntad de los cuatro exresponsables de la entidad, todo indica que acabará por la vía judicial.

Ahora, con el afloramiento de este patrimonio oculto, Bankia puede exigirle una cantidad mayor de la que pensaba para reducir su factura. "Una fianza solidaria no impone que cada imputado tenga que poner una sexta parte de la misma, pero tampoco implica que el total lo aporte el banco. Goirigolzarri está convencido de que el juez le dará la razón y les obligará a aportar todo su patrimonio", según fuentes conocedoras de la situació. Y ese patrimonio debe incluir también la parte oculta hasta ahora fuera de España.

Bankia y UPyD pedirán que el patrimonio oculto de Rato cubra sus responsabilidades

En la misma línea se encuentra UPyD, normalmente enfrentada a Bankia en este proceso ya que ejerce la acusación popular. Esta formación va a solicitar a Andreu que se tenga en cuenta este dinero descubierto en la declaración de bienes en el extranjero a la hora de que Rato cubra las posibles responsabilidades civiles derivadas tanto de la salida a bolsa como de las black, lo cual podría conllevar una elevación de las sanciones.

No obstante, las fuentes consultadas explican que los posibles delitos de blanqueo cometidos por Rato tendrán que ser objeto de un procedimiento separado y no se podrán unir al 'caso Bankia', ya que se trata de delitos muy diferentes: unos se refieren a su gestión al frente de la entidad y son delitos societarios, mientras que los otros afectan a su ámbito privado y a su patrimonio personal.

Sociedades en paraísos fiscales

La investigación del Sepblac parte del cobro de los 6 millones de Lazard  por el que el fiscal Alejandro Luzón interrogó a Rato en octubre cuando fue a declarar por el caso de las tarjetas opacas. El ministerio público solicitó al juez Andreu que requiriese a la Agencia Tributaria la documentación relativa a la declaración de la renta de Rato del año 2012 para averiguar si eran ciertas esas afirmaciones. Y ese requerimiento es el que ha revelado que el político popular ha declarado bienes en el extranjero que están siendo investigados por posible blanqueo.

Imagen de archivo de la sede de Bankia en Madrid (EFE)
Imagen de archivo de la sede de Bankia en Madrid (EFE)

Ahora bien, esta investigación no se refiere a este cobro, sino al entramado de sociedades en paraísos fiscales que posee la familia del  que fuera vicepresidente con José María Aznar. En este tipo de entramados, como los de los Pujol olos Botín, el posible delito de blanqueo se encuentra en el origen del dinero escondido a Hacienda. En los dos casos citados, las familias achacaron el origen a la herencia del abuelo del clan, ya fallecido.

Fuente: el confidencial.com

Ordenan devolver a un matrimonio de Poio 313.000 euros en subordinadas

El juzgado de primera instancia de Refuerzo de Vigo ha ordenado a Abanca devolver 313.170 euros a un matrimonio de jubilados de Poio a los que en su día se convenció para que invirtieran en obligaciones subordinadas. Entre otras razones, en el fallo figura la ausencia de pruebas de que los denunciantes conocieran las características de estos productos.

El hombre, trabajador de la construcción, y su mujer eran clientes de la caja desde 1974, lo que explicaría, según la defensa, «que se fuera forjando una relación de confianza con la entidad, y que se dejaran asesorar por quien se suponía debía conocer los productos que ofrecían». Añadió que «todos y cada uno de los testigos califican a los actores como clientes tradicionales y ahorradores».

Fuente: lavozdegalicia.es

martes, 14 de abril de 2015

Imputados dentro y fuera de las listas

La precampaña electoral, que venía discurriendo de forma un tanto anodina, se ha visto sacudida por dos autos judiciales que imputan a una veintena de políticos de Castilla y León en dos causas investigadas por sendos juzgados de Instrucción. Una es la relativa a los multimillonarios créditos y avales concedidos al que fuera presidente de Caja España, Santos Llamas, y la otra a los presuntos pelotazos inmobiliarios perpetrados a costa de dos antiguas empresas públicas (Gesturcal y ADE Parques) adscritas a la consejería de Economía.

Conocida es la controversia política existente sobre la condición de «imputado», en torno a la que cada partido realiza su propia interpretación a partir de la cual fija la decisión a tomar sobre los militantes sujetos a esa situación procesal. Aunque en algunas comunidades, caso de Valencia, se ha autoimpuesto la exigencia de excluir de sus listas a cualquier imputado, lo cierto es que el PP no considera que una mera imputación sea motivo suficiente para adoptar esa medida, como tampoco para forzar la renuncia de los cargos públicos incursos en causas judiciales. Y en apoyo de esa tesis se ha pronunciado hace unos días el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Si bien es cierto que en los casos de Chaves y Griñán no está actuando en consecuencia, el PSOE se ha impuesto no llevar imputados en sus listas y ello va a ser de aplicación a Begoña Núñez, ex consejera de Caja España, quién ya ha anunciado su retirada de la candidatura socialista al Ayuntamiento de Palencia. Dicha renuncia no la secundarán los cuatro ex consejeros de la entidad enrolados en otras tantas listas municipales del PP, que gozan de la plena confianza del partido para volver a ser candidatos. No serán por otra parte los únicos imputados que lleva el PP en sus listas y basta repasar la composición del grupo popular en la Diputación de León para constatarlo.

Allá cada partido con el listón que utiliza en materia de «regeneración democrática». Los electores juzgarán. La laxitud del PP no tendrá consecuencias allá donde obtenga mayoría absoluta. Pero en caso contrario puede tenerlas, sobre todo si su previsible socio en que se ha convertido Ciudadanos cumple su compromiso de no pactar con ningún partido que lleve imputados en sus listas. Ojo a la advertencia.

La Junta mantiene intacta su confianza en los seis altos cargos imputados en el caso Gesturcal-ADE Parques: dos secretarios generales de consejería, tres directores generales y el delegado territorial en Valladolid. Puede entenderse que sigan en sus puestos a la espera de que declaren en sede judicial y el juez decida si mantiene o no la imputación. Pero sí esta última se confirma, no sería de recibo que vuelvan a ser nombrados para los mismos u otros cargos en el caso de que el PP siga gobernando esta comunidad autónoma. El tiempo nos sacará de dudas.

Fuente: diariodeleon.es

Economía.- Junta de CyL recuerda que la supervisión sobre Caja España correspondía al Banco de España

VALLADOLID, 13 (EUROPA PRESS)

El consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, ha recordado, en alusión a la investigación judicial sobre los créditos concedidos por Caja España al que fuera su presidente Santos Llamas, que la supervisión sobre ésta y otras entidades de ahorro correspondían al Banco de España y no al Gobierno de la Comunidad.

No obstante, ha recordado que en 2010 éste último aprobó un decreto ley en el establecía una nueva regulación de las incompatibilidades de sus administradores a la hora de acceder a productos financieros de su propia entidad.

Durante una rueda de prensa en la que ha realizado balance de su labor como consejero durante esta legislatura, Villanueva ha subrayado que el papel de la Junta en el control de las cajas de ahorro, antes de que con su bancarización quedara "aún más reducido", era "de carácter reglado" y ha recordado que "nunca el Banco de España alertó o cuestionó las operaciones de Caja España", a la vez que "no cuenta consta ninguna investigación abierta por la propia entidad".

Asimismo, ha insistido que para la concesión de este tipo de créditos debía contar con el visto bueno del Consejo de Administración de la caja y no superar los porcentajes de concentración de riesgo marcados, lo que quedaba fuera del control del Ejecutivo regional.

Por último, ha concluido que la Junta no pudo "tomar otras medidas" porque "nadie de la entidad comunicó morosidad" en la devolución de esos créditos concedidos y por los que ahora se encuentran imputados varios miembros que pertenecieron al Consejo de Administración de la caja.



PUBLICIDAD


Fuente: eleconomista.es

Ceiss se centra en “recuperar el liderazgo, dinamismo y los clientes perdidos”

La entidad señala que pasado un año de "exhaustivo" conocimiento tras la fusión con Unicaja, en 2015 "se ha formalizado el doble de créditos que en el año 2014"

La consejera delegada de Banco Caja España-Duero, Ceiss, María Luisa Lombardero, aseguró que desde abril de 2014 en que se concretó la fusión con Unicaja, la entidad se encuentra centrada en “recuperar el liderazgo, el dinamismo comercial y la enorme y magnífica base de clientes perdidos” que tuvo hace años como referencia financiera de la Comunidad. “La sociedad nos ha recibido con los brazos abiertos”, destacó.

Al respecto, sostuvo que Ceiss realiza visitas continuas a las empresas e informó de que ha crecido en créditos a sociedades y también en número de clientes. Incluso, sostuvo que en lo que respecta a fondos de inversión se ha registrado un incremento interanual por encima de los dos dígitos “por primera vez en mucho tiempo”.

En 2015 se han formalizando, en lo que va de año, el doble de créditos que en el mismo periodo de 2014. “La economía se está desapalancando y como los tipos de interés están tan bajos, los clientes en cuanto tienen exceso de ahorro amortizan hipotecas por encima del calendario normal. De este modo, está cayendo la parte hipotecaria porque se aceleran los vencimientos, aunque estamos formalizando muchas más operaciones nuevas”, dijo.

Por ello, en conjunto, mostró su satisfacción por que la entidad “está haciendo lo que tiene que hacer”. “Estamos creando una entidad con cimientos muy sólidos, saneados, porque estamos para quedarnos a largo plazo y nos dan igual las pérdidas a corto plazo”, comentó Lombardero, quien aludió a Unicaja para refrendar que hay “un grupo muy solvente que soporta las posibles pérdidas”. Por ello, abogó por “trabajar y rehacer un proceso de toma de decisiones de forma rigurosa, transparente y profesional y trabajando muy bien y recibidos por los clientes”.

Igualmente, continuó que Caja España-Duero es una entidad “absolutamente viable, rentable de cara al futuro que ahora se centra en estabilizarse el balance, sanearse y normalizar la entidad”.

En este sentido, avanzó que a partir de ahora se ejecutará una serie de transformaciones importantes en materia tecnológica “para ser más eficientes y unificar por fin las marcas y dar mejor servicios al cliente”. “Esta serie de transformaciones nos harán arrancar un periodo de crecimientos”, deslizó.

Desde que hace un año se cerrará definitivamente la operación entre Unicaja y Caja España-Duero, la entidad se ha dedicado, dijo Lombardero, “a un exhaustivo conocimiento de la entidad, revisando toda la cartera crediticia, posibles quebrantos y saneado el balance”.

Objetivos claros

Para este año, prosiguió, se gestionarán dos objetivos “claros”. Por un lado, reducir la tasa de morosidad, que es ligeramente superior al mercado, y por otro, fusionar las plataformas tecnológicas “para ganar en eficiencia”.

Por lo que respecta a las políticas ordenadas desde Bruselas con motivo de la restructuración bancaria, afirmó que las oficinas “están prácticamente ajustadas” a los requerimientos de la Unión Europea, con un “número que no excede de los dedos de una manos”, mientras que la plantilla está también “muy cercana a nuestros niveles de eficiencia”.

Por otro lado, Lombardero se refirió a las imputaciones de varios miembros del Consejo de Administración de Caja España del año 2009 en el marco de una investigación para determinar si se llevó a cabo una administración desleal que causo perjuicio a la entidad. En este sentido, afirmó que ella solo responde a partir de abril de 2014 de sus “actos y acciones, que es cuando realmente se inicia una etapa de saneamiento, crecimiento y cambio de consejos de administración y equipos directivos”. “A partir de ahí es cuando puedo hablar. Lo de antes lo desconozco y además está judicializado. Tengo total y profundo respeto y colaboración a los procesos judiciales en marcha”, destacó la consejera delegada, quien recordó que la entidad “ya está personada desde hace tiempo”.

Por último, Francisco García, del Servicio de Estudios de Unicaja, abordó el diverso dibujo parlamentario que plantean las encuestas en este año electoral en España y en las comunidades autónomas: “Al final se impone el sentido común por parte de quien llega al Gobierno con un planteamiento, que termina por adoptar medidas al observar la realidad y que es algo que leen inmediatamente los mercados”.

Fuente: leonoticias.com

"Cacas" de ahorro

no fue la política, en sentido estricto, la que se cargó las cajas de ahorro. Fue el partidismo. Lo que acabó con ellas fue el afán de los partidos por poner a sus servicio la potencia financiera de aquellas entidades que tanto queríamos y que tan bien nos venían. En Castilla y León, el PP se lo pasó pipa apoderándose sin disimulo de las nuestras. No niego que con el PSOE y algunas otras entidades (como los sindicatos, ay) igualmente felices, con tal de que se les hiciera partícipes del botín. Pero el jefe, el que repartía, el que hizo y deshizo a su antojo, fue el omnipresente e insaciable PP. Aún recordarán muchos aquel cambio de normativa que el PP se sacó de la manga -o de sus competencias legislativas autonómicas-, para reforzar al límite su control sobre esas entidades. Parecía una partida de Monopoly. Nos decían: 


-Vamos a reforzar el control de la sociedad sobre las cajas. 

Y después definían sociedad: la Junta de Castilla y León (dominada por el PP), los ayuntamientos (dominados por el PP), las diputaciones (dominadas por el PP), las entidades de interés general (dominadas siempre por alguna de esas instituciones y por tanto por el PP) y los impositores (que misteriosamente también estaban dominados siempre por el PP, a juzgar por los resultados). No sé si habré olvidado alguna otra de las representaciones de la sociedad que inventaba el PP y que siempre, vaya por Dios, resultaban estar dominadas por él. 

De esa forma se logró un control absoluto de las cajas de esta comunidad. El PSOE, ya digo, tampoco es que protestara. Donde pudo, como en Andalucía, hizo lo mismo. Y donde no, como aquí, se conformaba con que le dejaran sustanciosas migajas. El inefable, inquietante y oscuro Tomás Villanueva, en aquella época jefazo indiscutible de la Economía regional, no paraba de alardear sobre su control del "músculo financiero" de la comunidad. Y tampoco paró (él y su presidente, el no menos inefable Herrera) de alentar sucesivas fusiones de cajas para formar una única que pudiese competir, decían, en un mercado cada vez más globalizado. 

Las hemerotecas atestiguan que algunos alertábamos en contra de aquel fenómeno. Uno, humildemente, siempre defendió que también en lo financiero "menos es más"; y que una caja pequeña, pegada al terreno, a su gente, puede hacer un gran papel y ser más sólida que una cien veces mayor, pero ajena a su entorno. Fue inútil. Una cajita eficiente y saneada, como la de Zamora, fue obligada, con otras, a crear un "frankenstein" llamado Caja España que nunca se consolidó. Entre otras cosas, porque cuando digería la fusión fue obligada a fusionarse otra vez con un gigante similar, Caja Duero. Y cuando esa nueva fusión de fusiones se reveló indigesta, pésimamente gestionada y podrida por la injerencia partidista/empresarial del PP, nos quedamos como estamos hoy: sin cajas propias, con sus restos simulando ser bancos (que jamás lo serán y acabarán engullidos por los bancos privados) y con los responsables del desastre haciéndose los "longuis". 

-Lo importante es que nuestras cajas no han desaparecido como otras, y ahí están, sobreviviendo, aunque sea en la panza de otra megacaja andaluza. 

Ese dislate es lo que se oye ahora desde la muy culpable Junta de Castilla y León, y es el que también le he oído al imputado Maíllo, don Fernando Martínez, para justificar su "inocencia" en el desastre de la que quiso ser gran caja regional y fue solo nuestra mayor "Caca" de Ahorros. Pues no. Lo importante es que se cargaron nuestros cajas, empezando por la de Zamora; las arruinaron y las pusieron en manos de incompetentes redomados. No soy quién para señalar posibles responsabilidades judiciales: allá la Justicia o lo que queda de ella. Pero la responsabilidad política es evidente. Y si este no fuera un país gobernado por irresponsables, hace tiempo que deberían de haberse ido a su casa todos los políticos que tuvieron algo que ver con la gestión o el control de las Cajas de Ahorro. En Zamora, claro, ya no habría PP. Ni en Castilla y León. Pero así es como son: hagan lo que hagan, nunca se irán. Por eso hay que echarlos. Y recuperar la política sana, tras tanto y tan demencial partidismo. 

(*) Secretario General de 

Podemos Zamora

Fuente: laopiniondezamora.es

¡Caja España sigue viva!

Esta semana hemos sabido que la titular del Juzgado de Instrucción n.º 5 de León llama a declarar en calidad de imputados a los quince miembros del consejo de administración de Caja España, presidido por el constructor leonés Santos Llamas. Resulta que la denuncia de Izquierda Unida y de la Fiscalía de León por un delito de "administración desleal", se completa con un informe de dos peritos del Banco de España, que demuestra las presuntas irregularidades cometidas en la concesión de créditos y avales al entonces presidente de la Caja. Concluyen que los directivos perjudicaron las cuentas de la entidad con las 29 operaciones de crédito o avales concedidos a Santos Llamas, por valor de 67,9 millones de euros. Este empresario presidió Caja España entre 2006 y 2010 con el apoyo del PP y del PSOE. Incluso siguió como consejero en la entidad ya fusionada con Caja Duero hasta 2012. La Audiencia Nacional ya le investiga por la estafa de las preferentes, al igual que al expresidente de Caja Duero, Julio Fermoso. 


Hace dos años, desde esta misma rendija de opinión, me hacía varias preguntas sobre las responsabilidades de los cargos públicos que ocupaban puestos en los consejos de las cajas de ahorros. Aventuraba que algún día debería rendir cuentas y asumir responsabilidades. Bueno, parece que se acerca ese momento. Aunque se trate de una parte pequeña de los muchos atropellos perpetrados en las cajas de Castilla y León. 

Entre los citados a partir del 25 de mayo está José Francisco Martín, perpetuo cargo socialista y actual candidato a las Cortes, Paquito "Raquetas", exalcalde socialista de León, José Antonio Turrado, dirigente de Asaja, Zenón Jiménez Ridruejo, catedrático de Análisis Económico en la Universidad de Valladolid, que no podrá decir, como otros, que él no entendía lo que aprobaban en esas siniestras y carísimas reuniones. También aparecen varios cargos del PP, entre ellos el presidente de la Diputación de Zamora. Todos ellos expertos depredadores de la dieta en el ámbito bancario o en las empresas participadas. Cuando le preguntaban al señor Maíllo, también presidente del PP en Zamora, por esta imputación, manifestaba total tranquilidad porque ese consejo estaba formado por muchas personas, era un órgano colegiado, que tomaba las decisiones mejores en esa última etapa de Caja España. Seguían los informes de los técnicos del comité de riesgos. Por eso, llegó a decir, "Caja España sigue viva", no como otras cajas que ya han desaparecido. Me he quedado estupefacto. Este hombre tiene el rostro de cemento armado. En fin, resulta que la realidad es otra muy diferente y Unicaja es ya la propietaria del Banco Ceiss, así se llamó a la fusión de Caja España y Caja Duero, sin poner un euro. Quien sí debió poner muchos millones fue el Estado, o sea los contribuyentes, más de 1.000 millones de euros, de los que 525 se dan por perdidos. Nunca se devolverán a las arcas públicas. Este rescate fue la condición que puso Unicaja para hacerse cargo de Ceiss. Si todavía ven letreros de Caja España o de Caja Duero no significa que por ello sigan existiendo, siguen ahí por razones comerciales, nada más. 

De la responsabilidad política no hace valoraciones, se supone que será candidato en Casaseca de las Chanas para seguir siendo la apuesta del PP para presidir la Diputación. Ya cumple 12 años en el cargo. Tiene una magnífica ocasión para asumir su responsabilidad y dimitir, defenderse de esta imputación y de las que vengan, falta la estafa de las preferentes, y así no perjudicará el valioso compromiso de su partido en la lucha contra la corrupción. No debe mancillar la pulcra política de regeneración del PP de Mariano Rajoy. Creo que hasta el propio presidente se plantea dimitir y explicar por qué no se enteró de que su partido se financió ilegalmente durante 18 años. Sabe que Aznar y él tenían la obligación de controlar esas cuentas. No podían no saber. Están mintiendo. Por eso tienen dos razones para desaparecer de la vida pública española: por responsables últimos de la ilegalidad de las cuentas y de la corrupción del PP y por haber mentido. Rajoy, además, lo hizo en sede parlamentaria. 

Otro tanto debieron hacer hace muchos meses Chaves Griñán, expresidentes de los gobiernos de la Junta de Andalucía, bajo cuyo mandato se estafaron fondos públicos. No hay que esperar al dictamen del Tribunal Supremo, da igual que les atribuya o no delito alguno. De todas las formas fueron responsables políticos de ese desfalco continuado con los ERE o con los cursos de formación. 

Les recordaría a todos estos malos actores de la vida política española unas palabras del "Juan de Mairena", ese texto maravilloso de don Antonio Machado, que recoge sentencias de un profesor apócrifo, publicado allá por 1936: "Procurad, sin embargo, los que vais para políticos, que vuestra máscara sea, en lo posible, obra vuestra; hacéosla vosotros mismos, para evitar que os la pongan -que os la impongan- vuestros enemigos o vuestros correligionarios; y no la hagáis tan rígida, tan imporosa e impermeable que os sofoque el rostro, porque, más tarde o más temprano, hay que dar la cara".

Fuente: laopiniondezamora.es