SENTENCIAS PALENCIA

SENTENCIAS PALENCIA
PULSAR IMAGEN PARA VER SENTENCIAS

martes, 27 de enero de 2015

Santos Llamas, el presidente de Caja España que acabó siendo moroso de la entidad

Realizó operaciones inmobiliarias dudosas por 70 millones de euros

  • Las acabó comprando la Sareb por 24 millones de euros
  • La entidad tuvo que ser intervenida por el Banco de España
  • La Justicia investiga posible delitos de administración desleal

Bolsamanía | Bolsamania | 27 ene, 2015 10:41 - Actualizado: 12:03

Santos Llamas Caja España Caja Duero Ceiss

Santos Llamas fue presidente de Caja España, una de las cajas de ahorros más importantes de Castilla y León, con fuerte presencia en Valladolid y otras provincias de la comunidad.

Desde VozPópuli, destacan que Llamas continuó como presidente y consejero de la entidad pese a varias operaciones por las que terminó siendo un moroso de la propia caja que había presidido.

Al parecer, Llamas realizó varias operaciones inmobiliarias por valor de 70 millones de euros, todas ellas financiadas por Caja España y Caja Duero, que finalmente fueron compradas por la Sareb por tan sólo 24 millones de euros.

Llamas, constructor leonés, fue presidente de Caja España entre 2006 y 2010, pero hasta 2012 siguió como consejero de la entidad, tras su fusión con Caja Duero, otra de las cajas más importantes de Castilla y León.

Lea también: Unicaja tendrá seis meses más para vender la red no estratégica de Banco Ceiss

JUICIO POR ADMINISTRACIÓN DESLEAL

El Juzgado de Instrucción Número 5 de León está investigando un posible delito de administración desleal en los antiguos directivos de Caja España, Caja Duero y CEISS, el banco surgido de la fusión de estas cajas, posteriormente absorbido por Unicaja tras recibir una inyección pública de cientos de millones de euros.

El Banco de España ya alertó en dos informes, emitidos en 2006 y 2008, sobre los créditos concedidos por Caja España a las empresa de Santos Llamas. Los peritos del Banco de España han emitido varios informes corroborando las malas prácticas en la entidad.

Además, el BdE analizó 29 operaciones de crédito o líneas de avales concedidos por Caja España a empresas de Santos Llamas por un total de 67,9 millones y 17 de Caja Duero por 8,8 millones. El 80% eran de alto riesgo, pero no fueron calificadas como tales.

“Llamas tenía que haber cesado en 2009, porque tenía deudas tanto como persona física como jurídica con la caja que presidía”, han explicado fuentes jurídicas al diario digital. “Fue la compra de su silencio por parte de un consejo que quiso ocultar al Banco de España la contabilidad real de la entidad, para evitar la intervención”, han añadido estas fuentes.

Fuente de datos: bolsamanía.com


El cambio de estrategia de Liberbank acelera el fin del drama de las preferentes


  • La entidad empieza a llamar a los afectados para devolver el dinero y éstos se muestran "optimistas" sobre la solución definitiva del conflicto

Cuando Felipe se enteró por los periódicos de que no devolvían el dinero de las preferentes, respiró por haber invertido solo 6.000 euros. Transportista, de 39 años, recuerda como en 2010 su padre, que siempre tuvo mucha amistad con el director de una oficina de la antigua Caja Cantabria, le convenció para que metiera dinero en ese producto bancario. «Le insistí al de la sucursal si era un plazo fijo al uso y me perjuró que era normal», explica. Este verano comenzó a trabajar con su abogado en la demanda para llevar a juicio a Liberbank, empujado por los buenos resultados conseguidos por otros afectados. El juzgado de las preferentes de Cantabria ha dado la razón en un 98% de los casos a los demandantes. Pero ahora se ha frenado. En la oficina de Liberbank de su barrio le propusieron la semana pasada anular la compra y devolverle el dinero invertido menos los intereses de los últimos cinco años. No ha terminado de creérselo. «No sé si el final de este drama, no me fío de nadie, nos han engañado tanto...», lamenta.

El caso de Felipe simboliza el cambio radical de estrategia que ha decidido adoptar Liberbank. La entidad ha optado por aparcar los recursos en los tribunales y devolver el dinero a todos los afectados, tanto a los que están inmersos en un proceso judicial como a los que no han dado ese paso. Un golpe de timón que ha sido recibido con «optimismo» por la plataforma de afectados y que puede poner fin a siete años convulsos, desde que empezaron a comercializarse las preferentes, la conmoción social que se produjo en 2011 y la llegada de los primeros casos a la vía penal en 2013, que han llegado a sumar 1.400 los abiertos solo en Cantabria.

Se rompe el silencio oficial

El silencio de Liberbank, reacia hasta ahora a reconocer en voz alta esta marcha atrás en su política, se rompió la semana pasada con la llegada a Santander de Pedro Rivero, presidente de la entidad, que pidió a los clientes del banco en posesión de participaciones preferentes que acudan a la entidad y soliciten una solución a su caso. Es decir, la devolución del dinero invertido. «Cuando el banco no pudo atender las demandas lo mejor era el juzgado, pero ahora mismo se puede. Que yo sepa, de los que han acudido al banco a pedir que se les devuelva el dinero ahora ninguno ha tenido que ir luego al juez. En circunstancias normales, se están atendiendo las reclamaciones», explicó.

Es lo que ha pasado con Jesús, otro de los 10.000 afectados que este drama social ha dejado en Cantabria y que, ahora, ha recibido una llamada de Liberbank para recuperar sus ahorros. Fue su madre la que en 2011 decidió invertir 11.000 euros en preferentes. Aunque la cantidad es pequeña en comparación con otros afectados a los que se les bloquearon ahorro de seis cifras, esta familia ha vivido «momentos difíciles» en los últimos años. «Mi madre tiene 74 años y ese dinero no le sobra a nadie. Lo hemos pasado mal porque no estaban robando a la cara», denuncia Jesús. Hasta que la solución les encontró hace unos días, cuando bajaron a la oficina bancaria a hacer otra gestión. Les propusieron recobrar lo invertido menos los intereses. «Aceptaremos el acuerdo porque no perdemos mucho y nos quitamos el tiempo de espera de juicio», adelanta.

Segundo intento

Se trata de la segunda ocasión en que el conflicto abierto entre la entidad financiera y los preferentistas parece llegar a su resolución. La primera de ellas se produjo en 2012, cuando se ofreció una alternativa -canjes por otros productos bancarios- que después no fue aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con lo que el enfrentamiento continuó tanto a través de concentraciones públicas ante las oficinas principales como por la vía judicial.

Las preferentes de lo que en aquel momento era aún Caja de Ahorros de Santander y Cantabria supusieron la venta de 178 millones de euros, lo que supone aproximadamente un 23,5% del valor que Liberbank heredó por este concepto de sus cuatro entidades fundadoras: Caja Cantabria, Cajastur, Caja de Extremadura y CCM. Así se desprende de los 756 millones de euros que afloraron cuando el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) impulsó el citado canje fallido que la Plataforma de Afectados definió en su momento -y lo sigue haciendo- como «voluntario forzoso».

¿Y por qué ahora, y no antes, Liberbank da este cambio en su estrategia y empieza a pagar el dinero a los afectados? Básicamente, porque dispone de liquidez tras la devolución de los 124 millones de euros públicos que recibió del Estado. El consejo de administración de la entidad acordó a finales del pasado mes de diciembre la recompra y amortización anticipadas de la totalidad de la emisión de Obligaciones Contingentes Convertibles que fue suscrita por el FROB en abril de 2013. La amortización de los conocidos como 'CoCos' en el argot financiero se produjo seis meses antes de que expirase el plazo previsto para ello, en abril de 2015. «El año pasado ya dije que teníamos la voluntad de arreglarlo; este año puedo asegurar que dada la mejor situación de Liberbank podemos atender las peticiones que se nos hagan. Es más, me marcharía preocupado si alguien me dice que nos ha planteado su caso y le hemos dicho que no», añadió Rivero en su visita a Santander, aludiendo indirectamente a la devolución de estas ayudas como clave para desbloquear el problema de las preferentes.

También en los tribunales

La situación también ha cambiado radicalmente para los afectados que tienen procesos judiciales abiertos. Es el caso de Alejandro. Debido a la confianza de su padre con el director de la oficina, puso a su disposición los 48.000 euros de sus ahorros para que los colocara en rendimientos seguros a cinco años. No llegaron a cumplirse. Se enteró por la prensa de que se estaban negando las devoluciones a otras personas. Y también a él. Fue el pasado verano cuando decidió iniciar la vía judicial para recuperar su dinero, pero hace una semana le llamó su abogado. Liberbank se habían puesto en contacto para lograr un acuerdo. «Me dijeron que me devolvían todo y me pagaban también las costas del proceso, pero yo tenía que dar una parte de los intereses. El juicio está fijado para el 16 de marzo, pero creo que va a acabar bien antes. Están llegando a acuerdos con todo el mundo. Antes recurrían por norma y ahora hay un cambio de política», señala Alejandro.

Según explicaron a este periódico fuentes jurídicas, Liberbank se está, incluso, llegando a allanar cuando se acerca la fecha de la vista y no ha logrado un acuerdo. Es decir, le dan al cliente todo lo que pide. 

Fuente de datos: eldiariomontañes.es

Hacienda devuelve la retención de intereses a los preferentistas

La Agencia Tributaria de Palencia ha comenzado a devolver la retención de intereses que cobró a las personas que invirtieron en preferentes y subordinadas. 

Según explicó ayer Manuel Collado, presidente de Razón y Justicia (asociación que aglutina a 876 afectados por preferentes y subordinadas de Caja España-Duero), cuando suscribieron los contratos con la entidad financiera negociaron un tipo de interés que oscilaba entre el 5% y el 8%. Tras los 277 juicios que han tenido, en los que el juez les ha dado la razón obligando a Caja España-Duero a devolverles el dinero invertido, en la sentencia dictada por el juez se les obliga a devolver los intereses percibidos, mientras que a la entidad se le ordena pagar el interés legal del dinero, que de media era un 4% en estos años. «Si nosotros estábamos cobrando un 7% y ahora nos dicen que tenemos que cobrar un 4%, de esa diferencia nosotros hemos estado cotizando a la hacienda pública un 21%, por lo que ahora les reclamamos esa parte que hemos cotizado a mayores», señaló ayer Manuel Collado.

Reclamación colectiva

«Hasta ahora nos habían estado dando largas y nos dirigimos a la Dirección General de Tributos haciendo una reclamación colectiva en nombre de Razón y Justicia, diciendo que representamos a 876 socios y que ya van saliendo las demandas, porque esa reclamación de intereses solo se puede hacer cuando la sentencia es firme», apostilló el presidente de Razón y Justicia, quien indicó que si la media de inversión que hizo cada socio en preferentes y subordinadas fue de 40.000 euros, ahora Hacienda les tendría que devolver entre 3.000 y 3.500 euros por afectado.

Fuente de datos: elnortedecastilla.es

domingo, 25 de enero de 2015

El Banco de España ya criticó en 2008 la «debilidad» de la Caja por luchas políticas

El Banco de España ya obligó en 2008 a Caja España a recalificar decenas de grandes créditos para que pasaran a ser dudosos o subestándar (y por tanto tuvieran que ser dotados), y criticó que una inspección realizada entre febrero y mayo de ese año ponía en evidencia «debilidades de gobernanza, condicionada por las importantes disputas entre partidos políticos en los órganos de gobierno, lo que se tradujo en una gestión debilitada por la inestabilidad del consejo, siendo frecuentes los cambios en la presidencia de la caja, traslados de dirección general,...»

Además en aquel informe, aportado ahora a las diligencias que sigue el Juzgado de Instrucción Número 5 de León a instancias de la Fiscalía Provincial por presunta administración desleal de los directivos de la entidad hoy absorbida por Unicaja, el supervisor denuncia «la existencia de deficiencias en los informes de concesión de créditos y la inexistencia de informes de seguimiento de la situación de los acreditados, así como incumplimientos de los límites prudenciales y porcentajes máximos de financiación sobre los valores de tasación de las garantías establecidos por la Política de Riesgos de Caja España».

Irregularidades que provocaron un escrito de requerimientos que exigía reclasificar los créditos, fijar límites a los riesgos y «establecer una adecuada segregación de funciones que evite conflictos de intereses entre quienes intervienen en la concesión de operaciones y los responsables de su análisis y seguimiento posterior».

Todo ello se revela en un segundo informe que el Banco de España ha presentado al Juzgado leonés, donde esta semana prestaron declaración como testigos dos peritos del supervisor. Informe solicitado por el fiscal provincial, después de recibir el primero sobre las operaciones aprobadas por los consejos de administración de Caja España, Caja Duero y luego Banco Ceiss en relación con la deuda que acumulaba el ex presidente y consejero de la entidad, Santos Llamas.

Inspección

Un informe de la Inspección del Banco de España que se incorpora a las diligencias previas de la denuncia interpuesta por Izquierda Unida, que refleja que los análisis de riesgos realizados en Caja Duero en 2007 y en Caja España en 2008 permitieron calificar los casi 80 millones de euros concedidos a las distintas sociedades del constructor leonés como «normales» porque no se había producido ningún impago.

Sin embargo, «los problemas financieros de las sociedades vinculadas a Llamas afloraron en el segundo semestre de 2008, y motivaron la refinanciación de sus deudas en enero de 2009 ante la imposibilidad de pagar los intereses de los riesgos desde finales de 2008». Una refinanciación que se aprobó pese a que «no existía una razonable certeza de que el cliente pudiera hacer frente a su pago en el calendario previsto, como advirtió el Comité de Riesgos»; y a que no se aportaban nuevas garantías.

A mayores, se llevó a cabo una «irregular devolución retroactiva» de los intereses pagados anteriormente a la refinanciación (1,483 millones de euros), siguiendo una política muy diferente a la del resto de los clientes con dificultades para hacer frente a sus deudas.

El propio Banco de España reconoce en su informe que la refinanciación permitió que los créditos del grupo de Llamas no fueran calificados como dudosos, lo que evitó su cese como presidente y consejero; y libró también a la caja de evidenciar la situación de mora y provisionar los créditos que ya entonces se daban por fallidos.

Fuente de datos: eldiariodeleon.es

Los afectados por las subordinadas presionan al fiscal con 5.000 firmas para que investigue


Una concentración de Bizkaiko Minduak, en la plaza Circular de Bilbao.

Una concentración de Bizkaiko Minduak, en la plaza Circular de Bilbao.

La asociación Bizkaiko Minduak, constituida por afectados por las aportaciones subordinadas de Eroski y Fagor Electrodomésticos lleva unos meses recabando firmas para presionar al fiscal superior, Juan Calparsoro, para que investigue todo lo que ha rodeado la comercialización de estos productos financieros por parte de bancos y cajas. En un par de meses, los miembros de la asociación llevan recogidas más de 5.000 firmas, la mayoría a pie de calle en las concentraciones que todos los miércoles celebran en la plaza circular de Bilbao.

La fecha que se han puesto para finalizar la recogida es el próximo 28 de enero. Las firmas apoyan un manifiesto titulado  Por la investigación judicial de la comercialización de las Aportaciones Subordinadas de Fagor y Eroski. “Jamás deberían haberse destinado estos ‘productos complejos’ a personas sin un perfil inversionista y el hecho de que esto haya ocurrido constituye un engaño grave y premeditado al colectivo más vulnerable y con menos conocimientos en materia inversora”, se puede leer en el manifiesto.

En el mismo texto, solicitan al fiscal “la inmediata apertura de diligencias penales que investigue la existencia de posibles delitos de estafa y publicidad engañosa, aclare lo realmente sucedido y, en su día, siente en el banquillo de los acusados a cuantas personas hayan intervenido, de una u otra forma, en el mayor engaño y estafa que se ha cometido en Euskadi en los últimos años”.

“Hasta el momento”, señala José Antonio Urrutia, secretario de Bizkaiko Minduak, “la Fiscalía ha venido permaneciendo de brazos cruzados”. El 27 de febrero de 2013, Calparsoro compareció en el Parlamento vasco a petición de los grupos para aportar su visión sobre lo ocurrido. En aquella sesión, aseguró que al fiscal le corresponde un papel relevante en los procesos donde se reclamen o diriman los derechos e intereses de consumidores y usuarios de bienes y servicios siempre que se trate demandas colectivas.

Y añadió que en la comercialización de las aportaciones subordinadas hay que determinar si el ahorrador fue debidamente informado por el responsable del banco sobre las condiciones del producto. “Aplicando la legislación de consumo y la jurisprudencia europea, en el caso de apreciarse una práctica abusiva, podría dar lugar a la declaración de nulidad de los contratos con devolución de la cantidad depositada”, señaló. firmas para que investigue

Una concentración de Bizkaiko Minduak, en la plaza Circular de Bilbao.

Una concentración de Bizkaiko Minduak, en la plaza Circular de Bilbao.

La asociación Bizkaiko Minduak, constituida por afectados por las aportaciones subordinadas de Eroski y Fagor Electrodomésticos lleva unos meses recabando firmas para presionar al fiscal superior, Juan Calparsoro, para que investigue todo lo que ha rodeado la comercialización de estos productos financieros por parte de bancos y cajas. En un par de meses, los miembros de la asociación llevan recogidas más de 5.000 firmas, la mayoría a pie de calle en las concentraciones que todos los miércoles celebran en la plaza circular de Bilbao.

La fecha que se han puesto para finalizar la recogida es el próximo 28 de enero. Las firmas apoyan un manifiesto titulado  Por la investigación judicial de la comercialización de las Aportaciones Subordinadas de Fagor y Eroski. “Jamás deberían haberse destinado estos ‘productos complejos’ a personas sin un perfil inversionista y el hecho de que esto haya ocurrido constituye un engaño grave y premeditado al colectivo más vulnerable y con menos conocimientos en materia inversora”, se puede leer en el manifiesto.

En el mismo texto, solicitan al fiscal “la inmediata apertura de diligencias penales que investigue la existencia de posibles delitos de estafa y publicidad engañosa, aclare lo realmente sucedido y, en su día, siente en el banquillo de los acusados a cuantas personas hayan intervenido, de una u otra forma, en el mayor engaño y estafa que se ha cometido en Euskadi en los últimos años”.

“Hasta el momento”, señala José Antonio Urrutia, secretario de Bizkaiko Minduak, “la Fiscalía ha venido permaneciendo de brazos cruzados”. El 27 de febrero de 2013, Calparsoro compareció en el Parlamento vasco a petición de los grupos para aportar su visión sobre lo ocurrido. En aquella sesión, aseguró que al fiscal le corresponde un papel relevante en los procesos donde se reclamen o diriman los derechos e intereses de consumidores y usuarios de bienes y servicios siempre que se trate demandas colectivas.

Y añadió que en la comercialización de las aportaciones subordinadas hay que determinar si el ahorrador fue debidamente informado por el responsable del banco sobre las condiciones del producto. “Aplicando la legislación de consumo y la jurisprudencia europea, en el caso de apreciarse una práctica abusiva, podría dar lugar a la declaración de nulidad de los contratos con devolución de la cantidad depositada”, señaló.

Fuente de datos: eldiario.es

viernes, 23 de enero de 2015

El informe de los peritos ya condena a Bankia: un juez acepta la tesis de las cuentas falsas


José Luis Olivas, Rodrigo Rato y Francisco Verdú, los tres primeros ejecutivos de Bankia en el momento de la salida a Bolsa. - Foto efe
Los tempos en los juzgados caminan por universos paralelos. Mientras Bankia ultima su contrainforme para desmontar algunas de las conclusiones de Víctor Sánchez y Antonio Busquets, los dos peritos del Banco de España que colaboran con el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en la instrucción del caso Bankia, la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri empieza a sufrir las consecuencias en los juzgados de lo civil de una de las grandes afirmaciones de los técnicos: las cuentas que presentó la entidad en su salida a Bolsa no correspondían a la imagen fiel de la entidad. En definitiva, las cuentas estaban maquilladas.
Esta conclusión de los peritos, que abre la opción a los inversores para poder reclamar por su inversión en la salida a Bolsa de julio de 2011, se materializa ya en una primera condena para la entidad nacionalizada. El pasado 7 de enero, apenas un mes después de conocerse el informe de los inspectores, un juez de Oviedo validaba las conclusiones de los peritos para emitir la primera sentencia condenatoria contra Bankia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, al admitir “que la situación financiera de la entidad hoy demandada en el año 2011 en el que publicitó su salida a Bolsa estaba muy alejada de la imagen de solvencia y fortaleza patrimonial y económica mostrada en el folleto”. Curiosamente, el abogado defensor de los inversores es José Antonio Ballesteros, el mismo letrado que ya consiguió, hace un año, ganar la primera sentencia a Bankia por presuntas irregularidades en la situación patrimonial de la entidad en su salida a Bolsa.
La reciente sentencia, dictada por el magistrado Daniel Rodríguez Antúnez, titular del Juzgado de primera instancia número 2 de Oviedo, obliga a Bankia a devolver 19.998 euros a un pequeño inversor que adquirió 5.333 acciones en la salida a Bolsa. Se da la circunstancia añadida de que este es el primer fallo que sufre Bankia por la OPV sin ser la entidad comercializadora en la operación. Los demandantes, clientes del Sabadell, adquirieron en su oficina de la entidad catalana acciones de Bankia por la totalidad de una imposición en deuda pública por valor de 19.998 euros que vencía en esas fechas. La entidad nacionalizada cuenta aún con un plazo de dos semanas para poder reclamar esta sentencia. Fuentes de la entidad confirman que “así se hará”.
El magistrado de Oviedo asegura en su escrito que "se advierte la existencia de unas notables disparidades financieras y contables en las cuentas no auditadas presentadas por Bankia el 4 de mayo de 2012 respecto de las presentadas posteriormente, el 25 del mismo mes, tanto en términos cuantitativos como cualitativos”.
“Así queda refrendado con las conclusiones del informe pericial recabado de técnicos del Banco de España por el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional”, continúa el juez ovetense, “en las que se afirma la existencia de errores contables en aquellas cuentas, como consecuencia de omisiones e inexactitudes  derivadas de fallos al emplear la información disponible, e incluso la existencia también de errores contables en los estados anuales consolidados del ejercicio 2010 y en los estados financieros intermedios del primer trimestre de 2011”.
El fallo del juez Rodríguez Antúnez se alinea totalmente con la tesis de los peritos: “Por tanto, y de modo particular, la prueba revela con claridad, a la luz del grave resultado negativo de las cuentas y de las consecuencias inmediatas que conllevaron (en forma de recapitalización mediante cuantiosas ayudas públicas e intervención del FROB), que la situación financiera de la entidad hoy demandada en el año 2011 en el que publicitó su salida a Bolsa estaba muy alejada de la imagen de solvencia y fortaleza patrimonial y económica mostrada en el folleto”.
Sin embargo, el debate que han generado los informes de los peritos entre las partes involucradas en el caso Bankia también se ha trasladado a la comunidad de jueces de lo civil. Frente a la sentencia citada anteriormente existe otro fallo, dictado el pasado 22 de diciembre, por el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Alicante, que exonera a Bankia de una reclamación de 6.000 euros de un pequeño inversor por la salida a Bolsa, al considerar que a los dos informes periciales remitidos a Andreu “no se les puede conferir ningún valor probatorio”.
“Se aportan en el acto de la vista”, explica la sentencia del juzgado alicantino, “una documentación que, al parecer serían los informes aportados por los peritos designados por el Banco de España ante el Juzgado Central de Instrucción (Audiencia Nacional), pero, de hecho, no es un testimonio ni consta certificación alguna de que sea la documentación obrante en el referido Juzgado. Igualmente carecen de firma, y se ignora realmente su procedencia, por lo que ningún valor probatorio se les puede conferir”.
Lo que parece una desestimación de la prueba por defecto de forma se corrige posteriormente restándole validez a los informes periciales. “El hecho de que se esté investigando por el Juzgado Central de Instrucción la posible comisión de una serie de delitos, pone de manifiesto que puede existir una incorrección al respecto, pero de la documentación aportada, insistimos, única prueba aportada, no resulta que existiera dicha incorrección”.
Estas diferencias en las interpretaciones de los peritos son uno de los principales motivos que está esgrimiendo Bankia en los juzgados del ámbito civil para demandar la “excepción de falta de liticonsorcio”. Con esta figura jurídica, la entidad pretende paralizar las demandas de la vía civil hasta que no se resuelva la investigación penal en la Audiencia Nacional, lo que podría retrasar estas reclamaciones durante años. Como en el tema de los informes de los peritos, las decisiones judiciales en este sentido son para todos los gustos.
Fuente de datos. vozpopuli.com

Liberbank ofrece arreglar las preferentes sin pasar por el juzgado

El presidente, Pedro Rivero, invita a los clientes a "pasar por el banco" antes de llegar a los tribunales

Pedro Rivero, presidente de Liberbank, ha pedido hoy a los clientes del banco en posesión de participaciones preferentes que acudan a la entidad y pidan una solución a su caso. “El año pasado ya dije que teníamos la voluntad de arreglarlo; este año puedo asegurar que dada la mejor situación de Liberbank, podemos atender las peticiones que se nos hagan. Es más, me marcharía preocupado si alguien me dice que nos ha planteado su caso y le hemos dicho que no”, ha asegurado en una comparecencia pública. Rivero intervendrá esta tarde en una sesión del Centro Montañés de Investigación y Desarrollo Empresarial (Cemide) con una ponencia sobre la gestión de riesgo en la empresa.

Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Complutense de Madrid, Rivero ha sostenido que “lo peor que le puede ocurrir a un banco es no poder solucionar casos de estos porque se le van a volver en contra” y sostuvo que “hasta ahora mismo no tenemos ningún caso pendiente de resolver”

Rivero ha pedido a los clientes de Liberbank afectados que vayan directamente al banco “y si no les atienden, que acudan a lo que tiene derecho en el Juzgado. Pero no veo ninguna razón para que sea al revés: ir primero a los juzgados". El presidente de Liberbank ha reconocido que cuando el banco no pudo atender las demandas, “lo mejor era el juzgado, pero ahora mismo se puede. Que yo sepa, de los que han acudido al banco a pedir que se les devuelva el dinero ahora ninguno ha tenido que ir luego al juzgado. En circunstancias normales, se están atendiendo las reclamaciones”.

Fuente de datos: eldiariomontañes.es

La Junta denuncia a cinco bancos por malas prácticas hipotecarias


La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, dirigida por Elena Cortés (IU), ha denunciado a cinco entidades financieras por incumplimiento del Código de Buenas Prácticas con deudores hipotecarios. La denuncia la presentó la Delegación Territorial de Córdoba ante la Fiscalía Provincial, hace un mes. La Consejería reclama que el ministerio público evalúe si el tratamiento de las entidades financieras BBK-Cajasur, Unicaja, Banco Popular, Bankia y Caixabank a deudores hipotecarios supone un ilícito penal.

La Consejería denuncia “novaciones al amparo del Código de Buenas Prácticas que pretenden dar transparencia a cláusulas suelo recogidas en la hipoteca objeto de reestructuración; imposición de la obligación de estar al corriente de pago de las cuotas hipotecarias para acogerse al Decreto; inicio de procedimiento de ejecución hipotecaria sin dar cumplimiento al Decreto ni atender las medidas previas al mismo recogidas en él”, informa Europa Press, que ha tenido acceso al documento.

La Caixa cede 20 pisos ocupados

Una veintena de familias que ocupan una corrala en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) podrán permanecer en las casas al menos hasta 2018. La Caixa ha cedido a la Consejería de Fomento el edificio durante tres años para alquiler social.

Era un acuerdo que la delegación territorial de la Junta que dirige Izquierda Unida buscaba desde que en el pasado mes de julio más de 70 familias sin recursos de la localidad gaditana ocuparon seis edificios que nunca se llegaron a vender.

La Consejería comenzará ahora a estudiar caso por caso la situación personal de cada una de las familias porque sólo aquellas que demuestren que están en exclusión social y que no tienen un techo podrán quedarse en la corrala pagando un alquiler mínimo.

Los apartamentos que no se renten, se pondrán a disposición del Ayuntamiento para que los ofrezca a los demandantes de viviendas públicas inscritos en el registro municipal. Esta era de hecho la opción que defendía el alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora (PSOE), quien sostiene que, en el caso de haber casas vacías, han de ofrecerse siguiendo estrictamente el orden de la lista de espera municipal, integrada por más de 500 personas.

Para Manuel Cárdenas, delegado territorial de la Consejería de Fomento, con la cesión de La Caixa “se da un paso importante y sin precedentes que abre la puerta para que consigamos ampliar el número de viviendas disponibles para alquiler social”.

Otras prácticas denunciadas por la Consejería son las de “imposición de la obligación del pago de los costes de formalización de la escritura pública; imposición de la obligación a la firma préstamos personales de estar al corriente de pago aun cuando traigan causa de un incumplimiento anterior de la propia entidad; incumplimiento de la obligación de informar adecuadamente a los clientes sobre la posibilidad de acogerse al Código; o incumplimiento de la obligación impuesta en el artículo 5.9 del Decreto, en lo referido a la llamada letra pequeña”.

El Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda fue puesto en marcha por la Consejería de Fomento y Vivienda, en octubre de 2012 para evitar desahucios e intermediar ante las entidades financieras.

Fuentes de la Consejería señalan que, “aunque es de estas cinco entidades financieras sobre las que se aportan casos concretos”, se trata de un incumplimiento muy extendido del Código de Buenas Prácticas en el conjunto de las entidades”.

Según la denuncia, la Junta cree que se trata de “actitudes o comportamientos por parte de determinadas entidades bancarias que deben ser corregidas al objeto de reforzar el marco de protección de los deudores hipotecarios sin recursos”, por lo que le dan traslado a la fiscalía “por si pudiera ser constitutivo de ilícito penal”. El Código de Buenas Prácticas es de adhesión voluntaria, pero de obligado cumplimiento.

La Consejería denuncia el incumplimiento del Código de Buenas Prácticas recogido en el real decreto de Medidas Urgentes de Protección de Personas sin Recursos, y su posterior modificación de Medidas para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios, Reestructuración de Deuda y Alquiler Social.

Hace una semana, el Gobierno andaluz llegó a multar con 1,62 millones de euros al BBVApor "haber incumplido la obligación legal de ofrecer sus viviendas de protección oficial (VPO) a los registros municipales de demandantes", según una nota de prensa de la Consejería de Fomento. Este mecanismo, que garantiza su adjudicación conforme a criterios socioeconómicos objetivos y evita su especulación, se ampara en la ley andaluza antidesahucios, suspendida parcialmente en enero por el Tribunal Constitucional tras el recurso presentado por el Gobierno central.

Fuente de datos: ccaa.elpais.com

jueves, 22 de enero de 2015

Las preferentes se reducen un 27% pero quedan todavía 782 millones

No obstante, del tope de emisiones alcanzado a finales de 2009, con casi 33.200 millones, hoy apenas resta por amortizar el 2,3%

Las polémicas participaciones preferentes, unos activos de riesgo elevado que quedaron claramente en entredicho a raíz de las quitas masivas que se sucedieron con la crisis, están en mínimos históricos. Tras haberse reducido un 27,2% su saldo vivo en 2014, ahora queda en 782,5 millones de euros, según los últimos datos publicados por la firma Bolsas y Mercados Españoles (BME). 

Una suma nada baladí, aunque claramente reducida en comparación con los 33.184 millones que llegaron a sumar a finales de 2009. Hoy apenas queda el 2,3% de aquel volumen porque el rescate de las cajas de ahorros forzó a las entidades a buscar una solución al problema, preferentemente pactada tras el arbitraje correspondiente –en Bankia, NCG Banco y Catalunya Banc casi 428.000 inversores optaron por esa vía-. De los 23.618 millones en preferentes que la banca llegó a emitir, sólo restan por liquidar 387,8 millones.

La otra mitad de los fondos pendientes de devolución (el 50,4%) corresponde a tres empresas:_SOS Cuétara (con 300 millones vivos en una sola emisión), Unión Fenosa (69,1 millones) y Sol Meliá (25,2 millones). En cuanto a las entidades financieras, hay 17 que aún tienen emisiones vivas. La mayor cuantía corresponde a Caixa Sabadell, con 90,6 millones, seguida de Bankinter (58,2 millones), BBVA (casi 45 millones), La Caixa (30 millones), la CAM_(29,8 millones) y Banco Sabadell (29,6 millones).

Respecto a los intereses ofrecidos en esas emisiones todavía no resueltas, varían desde un tope del 12,3% en el caso de las preferentes de Sol Melía hasta un mínimo del 0,3% para dos emisiones de la CAM, otra del Banco Guipuzcoano y una de Caixa Terrasa. La media, no obstante, se aproxima al rendimiento del bono español a 30 años. De los 782,5 millones en circulación, cerca del 10% se habrán amortizado en un plazo de dos meses mientras que el resto serían a perpetuidad.

Emisiones en el extranjero

Aunque el vaciado de preferentes ha sido casi continúo en el último lustro (salvo 2011), la mayor parte se reembolsó en 2012 (18.324 millones) y 2013 (11.689 millones), frente al modesto recorte de 2014 (poco más de 294 millones). Eso sí, la mayoría de las liquidaciones se ejecutaron con quitas a los inversores –que, en algunos casos, llegaron a alcanzar la cuarta parte de lo invertido-, lo que ocurrió tanto en la banca como en grandes empresas, por ejemplo, Repsol y Telefónica.

Desde los 200 millones de euros en preferentes que se emitieron en 2011 ninguna compañía ha vuelto a acudir a esta fórmula de financiación en España. Fuera, sin embargo, sí; en concreto, colocaron 5.602 millones en estas participaciones en 2014 (3,3 veces más que el ejercicio anterior), según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y otros 7.999 millones en deuda subordinada (1,6 veces más que en 2013).

Fuente de datos: diariovasco.es

miércoles, 21 de enero de 2015

Prácticas irregulares gravísimas que rayan la ilegalidad penal impiden la recuperación económica de Castilla y León

Creado en Martes, 20 Enero 2015 16:57 Escrito por @ComunicAusbanc 

El desconocimiento y el miedo a reclamar están siendo aprovechados por Banco Ceiss y BBVA, quienes abusan de la buena fe de sus clientes para llenar sus arcas con recibos incorrectos o mal calculados. Tras constatar numerosos casos de irregularidades resueltos favorablemente para nuestros defendidos, Ausbanc alerta a los ciudadanos de la necesidad de revisar los cobros y recibos.

Castilla y León ha despertado. Sus ciudadanos y empresarios se están movilizando contra las prácticas abusivas de la banca que atenazan a todo el tejido empresarial sin miramiento alguno. Miles de leoneses están afectados por las prácticas tóxicas que aplicaba la antigua Caja España, actualmente integrada en Banco Ceiss, entidad muy ligada a esta tierra y en la que confiaron sus gentes, cuya sede se situaba en León.

Ausbanc ha venido alertando a los ciudadanos, autónomos y empresarios sobre la necesidad de que revisen en profundidad todos sus contratos con el banco, una práctica con la que podrían ahorrarse dinero y/o recuperar el que hayan podido pagar de más o tuvieran ‘retenido’ en productos complejos, tal y como le ocurrió a nuestra asociada, una farmacéutica de Zamora que ha recuperado 73.667 euros de un swapindebidamente ofrecido por la entidad con la que operaba.

El presidente de Ausbanc, Luis Pineda, compareció este lunes en rueda de prensa en León, acompañado de la delegada en Valladolid, Arantxa Jaén, y la coordinadora de los Servicios Jurídicos de Ausbanc Madrid, Teresa Cuadrado, para alertar a los ciudadanos y las empresas sobre lo que está ocurriendo, tras constatar numerosos casos de irregularidades en el cobro de cuotas de préstamos hipotecarios en Castilla y León.

Los esfuerzos continuados de Ausbanc por informar a la ciudadanía sobre sus derechos se reflejan en el aumento paulatino de las quejas y reclamaciones a los bancos en contra de sus malas prácticas. Los usuarios de los servicios bancarios, de todo rango y condición, están perdiendo el miedo a desafiar a las entidades.

Ausbanc denuncia el trato arbitrario de Ceiss con sus clientes

La entidad financiera ha sido en reiteradas ocasiones denunciada por los Servicios Jurídicos de Ausbanc debido al trato injusto y arbitrario que mantiene con sus clientes, especialmente con aquellos que confiaron en Banco Ceiss para su hipoteca, no sólo por la inclusión de cláusulas suelo en sus contratos, sino por el elevado interés que se les impuso de manera unilateral.

En las últimas semanas este hecho se ha vuelto a poner de manifiesto en Tierra de Campos. Como muestra, uno de los últimos casos que hemos resuelto y que afectaba a una vecina de la citada comarca zamorana, de profesión carnicera: confió en Ausbanc Abogados para analizar su hipoteca -ahogada por las altas cuotas que pagaba mes a mes- y nuestros expertos descubrieron que se le estaba aplicando una cláusula suelo del 4,5%, que ni siquiera estaba contemplada en el contrato, lo cual es constitutivo, no de una práctica abusiva, sino de un delito cuando menos de apropiación indebida, sino de hurto.

Inmediatamente, se inició una reclamación al banco y actualmente la afectada está pagando cuotas del 1% tras serle aplicado el Euribor más el diferencial establecido en su contrato.

La similitud de este caso con otros muchos registrados entre clientes de Banco Ceiss destaca porque esta entidad se dedica a mecanizar los recibos, lo que podría hacer pensar que están ganando a sabiendas cantidades económicas de más que no corresponden, lo que supondría un abuso intolerable.

Una práctica que también hemos alertado en BBVA y que ha quedado constatada por el escrito dirigido por la Comisión Ejecutiva del Banco de España de 23 de diciembre de 2014, en relación con la denuncia de Ausbanc Abogados de que la entidad viene aplicando la cláusula suelo a clientes que ni siquiera la tienen contemplada en sus contratos, hechos constitutivos de un delito de apropiación indebida y que han sido informados por el Banco de España al Banco Central Europeo por ser BBVA una entidad significativa.

Es más, el banco presidido por Francisco González tiene incluso una carta tipo para enviarla a los clientes, aparentemente por iniciativa propia, pero que en realidad tiene su origen en la denuncia de Ausbanc Abogados citada en el párrafo anterior.

Banco Ceiss está acumulando un listado considerable de malas prácticas contrarias al buen hacer denunciadas por Ausbanc Abogados en una multitudinaria rueda de prensa celebrada en Valladolid. No deja de ser desconcertante la estrategia de la entidad ante las demandas de cláusula suelo presentadas por los abogados de Valladolid ante el juzgado mercantil único alegando la excepción de litispendencia o no en función de quién sea el abogado que presenta la demanda. 

Ceiss debe enderezar el rumbo

Una entidad no debería abusar de sus clientes, es inmoral, pero si además ha recibido dinero público, como ocurre con Ceiss –totalmente integrado en el proyecto de Unicaja- esa aberración tiene que ser erradicada cuanto antes. Manuel Azuaga, presidente de Banco Ceiss y responsable del buen gobierno corporativo de la entidad, debe tomar cartas en el asunto y dar la cara ante sus clientes, no sólo los afectados por cláusulas suelo, sino también los preferentistas que se han convertido en accionistas, para dar seguridad de que el banco no sólo es solvente y tiene futuro –especialmente tras su salida a bolsa- sino que además no se va a mantener a costa de perseverar en sus malas prácticas abusivas.

Azuaga, con una trayectoria de más de 40 años en el sector se enfrenta a la tarea de erradicar los distintos problemas “ocultos” que pueden debilitar a largo plazo a la nueva entidad y por tanto acaben convirtiéndose en una rémora reputacional para el grupo. Azuaga debe demostrar lo que vale como gestor.

Banco Ceiss con acuerdos todavía vigentes con el FROB –Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria-, ya que ha recibido una inyección de dinero público, debe estar sometido a la tutela de este organismo, así como a la del Banco de España, con Pedro Comín como máximo responsable de la vigilancia ante cualquier actitud abusiva e injustificada de esta entidad que pueda afectar a la ciudadanía.

Ausbanc Abogados cumple con la sociedad

Castilla y León es una tierra muy querida para Ausbanc Abogados y objeto de atención preferente. Con el objetivo de fomentar la recuperación económica de la zona, que sólo es posible si ciudadanos y empresarios pagan precios justos por los servicios que reciben, y los ciudadanos no sufren abusos que menguan injustificadamente su poder adquisitivo y por lo tanto su capacidad de gasto, Ausbanc Abogados abre sus líneas telefónicas para atender a todo aquel que sospeche sobre sus préstamos hipotecarios, o crea que sufre otros abusos. Tras analizar los casos, se concertarán con los afectados jornadas de asesoramiento con los delegados de la zona.

Fuente de dároslo: mercado-dinero.es

martes, 20 de enero de 2015

El Banco de España explica a la juez por qué no actuó contra los créditos a Llamas

Santos Llamas acudió a declarar a la Audiencia Nacional el pasado mes de octubre. - raquel p. vieco

El Banco de España tendrá que explicar este jueves ante la titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de León si autorizó los créditos que tanto Caja España como Caja Duero concedieron al ex presidente Santos Llamas, incluso cuando se consideraba que el constructor tenía grandes riesgos de impagos y su situación era de insolvencia. Los peritos del organismo supervisor están llamados también a declarar al juzgado leonés para que expliquen si se abrió un expediente sancionador a las entidades financieras, y por qué se permitió que Llamas siguiera en el consejo de administración de Caja España-Duero cuando era incompatible con la legislación por si situación de moroso.

La magistrada del Juzgado Número 5, Rocío González, ha llamado a declarar como testigo a un perito que realizó un informe del Banco de España sobre la ilegalidad de la participación de Santos Llamas en los órganos de gobierno de las cajas, así como sobre las irregularidades en operaciones de crédito a empresas relacionadas con el empresario leonés. El informe se elaboró en marzo de 2013, después de que Llamas abandonase el consejo de administración; y se incorpora a las diligencias previas por la denuncia de Izquierda Unida y de la Fiscalía contra los ex directivos de Caja España, Caja Duero y Ceiss por un presunto delito de administración desleal.

Mandato

Santos Llamas llegó a la presidencia de Caja España en julio de 2006, y la ocupó hasta octubre de 2010. Sin embargo, se mantuvo como consejero de la entidad fusionada Caja España-Duero hasta octubre de 2012. Según el informe elaborado por el Banco de España, los créditos concedidos al constructor y la refinanciación de sus deudas no contaron con las garantías suficientes, ni fueron calificados con el riesgo que realmente se asumía, lo que supuso para la entidad un quebranto que la Fiscalía calcula en 60 millones de euros.

El informe del supervisor señala que el 80% de un total de 46 operaciones de crédito analizadas, que fueron concedidas a Llamas (29 de ellas por Caja España y otras 17 por Caja Duero) no fueron calificadas de riesgo, a pesar de que lo eran. En total el constructor obtuvo préstamos o avales por 67,9 millones en el caso de la entidad con sede en León, y 8,8 millones en la que entonces tenía sede en Salamanca.

Los problemas de Llamas para la devolución de los préstamos concedidos se hicieron evidentes al inicio de 2009, cuando se le aprobó una operación de reestructuración de deuda, después de que varias de las sociedades en las que participaba hubieran incurrido ya en impagos.

El constructor se mantuvo todavía en la presidencia de la entidad casi otros dos años, a pesar de que la ley le obligaba a abandonar los órganos de dirección de la entidad. Sin embargo, el consejo de administración permitió que se siguieran en vigor los préstamos, que seguían sin estar calificados como de riesgo por la morosidad y la «insolvencia manifiesta» en la que se encontraban las empresas.

Trato de favor y embargos

De hecho, en lo que el Banco de España considera un trato de favor por parte de los consejos de administración de las dos entidades, ni siquiera se le exigieron garantías para respaldar los préstamos. Y en el caso de Caja Duero se concedieron incluso a pesar de que desde análisis de riesgos se desaconsejó seguir adelante con las refinanciaciones. Operaciones que se mantuvieron hasta 2012.

Banco Ceiss no comunicó al ex presidente las primeras notificaciones de embargo por impago de créditos hipotecarios hasta el verano de 2013, entonces por el impago de 5,1 millones de euros; aunque a este impago le sucedieron otros más.

Santos Llamas ya acudió a declarar ante la Audiencia Nacional, junto con el expresidente de Caja Duero Julio Fermoso y ocho directivos, el pasado 22 de octubre. Entonces tuvieron que explicar ante el juez Eloy Velasco cómo idearon la comercialización de participaciones preferentes y deuda subordinada en 2009 y 2010. La Unión de Consumidores les acusa de estafa, entre otros delitos, y se investiga si aprobaron la comercialización para retrasar u ocultar el deterioro de la entidad y para captar activos, en perjuicio de sus clientes.

Fuente de datos: eldiariodeleon.es

Un empleado de banca carece de formación para comprar subordinadas, dice un juez

No cesa la lluvia de sentencias judiciales que considera ilícita la venta de aportaciones financieras subordinadas (AFS) de Fagor y Eroski. El juzgado de Primera Instancia número 5 de Vitoria, uno de los más pródigos en resoluciones condenatorias para las entidades financieras, dio ayer a conocer cuatro fallos en los que se declaran nulos varios contratos realizados por BBVA, Laboral Kutxa y Santander. El argumento vuelve a ser que las entidades no informaron a sus clientes de la naturaleza del producto que les estaban endosando, y que éstos carecían de la formación para embarcarse en aventuras de tal complejidad. Entre los demandantes que han visto atendidas sus peticiones está un exempleado de banca, un cajero prejubilado, «sin ningún conocimiento financiero ni jurídico salvo el propio de su trabajo» que fue «convencido» de la bondades de las subordinadas de Eroski y que ni leyó lo que firmaba «al fiarse del banco». 

Las resoluciones, firmadas por el magistrado José Luis Núñez, se reiteran en la doctrina predominante: admitir la demanda de los afectados y condenar a las comercializadoras a devolver las cantidades invertidas al entender que son ellas, y no Eroski ni Fagor, quienes vendieron los títulos de modo fraudulento. Esto es, no actuaron con la «exigible y mínima transparencia», ni asesoraron «hasta la extenuación» a sus clientes en la adquisición de un producto «complejo y de riesgo». En los cuatro procesos se incide en el perfil inversor «no especulativo» de los afectados.

Además del cajero jubilado (que compró títulos por valor de 36.625 euros), el juez da la razón a un tornero de Fagor sin estudios «y sin ningún conocimiento financiero» que compró 42.975 euros en AFS de Eroski; y a un parado sin estudios que se hizo con títulos de Fagor por 30.000 euros. La sentencia más cuantiosa condena al Santander a pagar 84.584 euros a un inversor en Fagor.

Fuente de datos: el correo.com

Ausbanc investiga si Caja España cobra de forma masiva intereses de másen las hipotecas

DENUNCIA ABUSOS BANCARIOS 

A. Vega | 19/01/2015
La Asociación de Usuarios de Servicios Financieros denuncia que Caja España, hoy integrada en Banco Ceiss, ha cobrado a una clienta un interés hipotecario por encima del fijado en su contrato. Investigan otra veintena de denuncias por si esta práctica fuera masiva, lo que podría ser constitutivo de delito.

En el centro, Luis Pineda, presidente de Ausbanc; acompañado de Arancha Jaén, delegada de Ausbanc en Valladolid y María Teresa Cuadrado, directora servicios jurídicos de Ausbanc.
Ausbanc, la asociación de consumidores centrada en el segmento de los servicios financieros, ha evaluado este lunes en León la actividad de Banco Ceiss, en la que se integraron las actividades de la antigua caja leonesa Caja España. Y lo hace anunciando una investigación a la entidad por un posible trato arbitrario a la entidad que supondría un grave perjuicio para sus clientes al pagar de más al banco.
La asociación ha denunciado, a través de su portavoz Luis Pineda, un caso en concreto en el que la entidad ha tenido que devolver a una carnicera zamorana más de 5.000 euros y la rebaja de su cuota hipotecaria a lo firmado. Según Ausbanc la entidad aplicó el 4,5% de interés del primer año de manera lineal los siguientes cuatro, cuando a partir del segundo le correspondía el euríbor más un 0,5%. A este caso se suman otra veintena de denuncias que investigan, seis de la provincia leonesa, para tratar de averiguar si esta situación se ha dado de forma generalizado, lo que sería constitutivo de un presunto delito de apropiación indebida. Por ello Pineda ha animado a los leoneses a analizar sus contratos y pagos hipotecarios para detectar esta situación y denunciarla si se ha producido.
El presidente de Ausbanc considera "gravísimo" estos hechos y apunta que prácticas como ésta ponen en duda la propia viabilidad de Banco Ceiss. Por ello investigan si los hechos son casos puntuales, "gravísimo en cualquier caso", o bien responden a una estrategia bancaria definida.
Claúsulas suelo

Otra cuestión analizada por Ausbanc este lunes en León en rueda de prensa han sido las claúsulas suelo de las hipotecas, anuladas por sentencia firme del Tribunal Supremo en mayo de 2013 y que muchas entidades mantienen a sus clientes. Singularmente Banco Ceiss sigue con las mismas en los contratos de miles de clientes leoneses. Esta claúsula ha sido empleada por la banca de forma generalizada desde 2003 que consistía en fijar una cuota hipotecaria mínima en los contratos con interés variable, lo que significaba pagar más sin beneficiarse de la histórica bajada de los tipos de interés, singularmente el Euríbor.
Advierte Ausbanc que la claúsula está anulada de hecho por la sentencia del Supremo por lo que animan a los leoneses a denunciar sus contratos y beneficiarse de poder pagar menos cuotas en sus hipotecas e incluso recuperar lo pagado de más al anularse esta polémica cláusula.
Luis Pineda ha exigido al presidente de Banco Ceiss, Manuel Azuaga, que visite León y de explicaciones sobre estos dos hechos que acontecen en su entidad, que apunta, "impiden la recuperación económica completa de la provincia". Como ejemplo cita las 100 sentencias recientes en Sevilla que han provocado la devolución de 12 millones de euros cobrados ilegalmente por las entidades financieras. Unos fondos que Pineda cree podrían contribuir a la mejora de la economía leonesa al disponer de más fondos para inversión y gasto de los afectados.
Esta situación de Banco Ceiss se ha denunciado también en el caso del BBVA, que lo ha llevado al Banco de España a enviar un informe al Banco Central Europeo (BCE). Esta práctica de los bancos, que Ausbanc investiga si se realiza de forma masiva, es contraria al Memorándum de Entendimiento (MoU en ingés) del rescate bancario de España, que pide que las entidades sean transparentes en su gestión con sus clientes.
El presidente de Ausbanc ha anunciado también que la asociación contará próximamente una delegación en León para dar asesoramiento a los leoneses frente a los abusos bancarios.
Fuente de datos: íleon.com

lunes, 19 de enero de 2015

El expolio de las Cajas (XXIX): Las millonarias pellas de Arribas y Llamas

Tras unas diligencias previas en las que la fiscalía apreció indicios de delito, el caso pasó hace un año al Juzgado de Instrucción nº 2 de Burgos, cuya titular, María Dolores Fresco, tomó la pasada semana declaración al ex presidente de la caja burgalesa. El meollo de la denuncia, presentada en su día por Unión Progreso y democracia (UPyD), no es otro que el trato de favor recibido por las empresas del propio Arribas, que entre 2.005 y 2.010 se beneficiaron de 45 operaciones de crédito, aval o garantía por un montante de 34 millones de euros. Una de dichas sociedades, Indasa, siguió recibiendo crédito cuando se encontraba en pérdidas millonarias y al borde un proceso concursal que posteriormente concluyó con su liquidación, dejando una deuda de 12 millones de euros con la entidad.

Aparte de las insuficientes garantías con que se habrían concedido dichos créditos, UPyD cifra en 1,3 millones de euros la ventaja obtenida por las empresas de Arribas gracias a las condiciones preferenciales de las operaciones denunciadas.  “He dicho todo lo que sabía y he aclarado todas las dudas que pudieran existir”, declaró el imputado a su salida del Juzgado. Supuestas aclaraciones que lógicamente no han convencido al partido denunciante, que estuvo representado por Andrés Herzog, el mismo abogado está al frente de la querella sobre Bankia y de las denuncias presentadas asimismo por UPyD sobre Caja Segovia.

Coincidiendo con esta comparecencia judicial, el Partido Castellano (PCAS) ha instado al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, a que solicite el cese de Arribas como presidente de Eficanza, la empresa adjudicataria del Hospital de Burgos, concesión por la que percibe de la Consejería de Sanidad un canon anual de 71 millones de euros.

Pero para trato de favor a un presidente, el recibido por el empresario leonés Santos Llamas, catapultado en 2006 a la presidencia de Caja España mediante una candidatura conjunta apoyada por PP, PSOE, UPL y UGT. De ello da buena cuenta el informe jurídico elaborado por el Banco de España a instancias de la fiscalía de León, encargada de las diligencias previas abiertas tras la denuncia presentada hace mas de tres años por IU ante el  Tribunal Superior de Justicia.

Tras apreciar indicios de “administración desleal” en Caja España y Caja Duero, las diligencias pasaron al Juzgado de Instrucción nº 5 de León, cuya titular, Rocío González, ha citado el próximo jueves a declarar al perito del Banco de España que examinó las operaciones de crédito o aval de las que se beneficiaron las empresas de Llamas.

A tenor de lo publicado la pasada semana por “ElMundo de Castilla y León”, el informe del banco supervisor resulta concluyente. Operaciones concertadas entre Caja España y su presidente por un importe de 67,9 millones de euros no fueron calificadas de riesgo pese a la morosidad de las empresas destinatarias. Se refinanciaron sin exigir nuevas garantías, no se reclamaron intereses ordinarios pendientes de pago, no se observó el limité del 60 por ciento el valor de tasación del suelo ni el plazo máximo de dos años… Según el informe, el grupo empresarial de Llamas también fue objeto de trato de favor por parte de Caja Duero, que a partir de abril de 2009 le concedió refinanciación por importe de 8,8 millones de euros, a pesar de su “insolvencia manifiesta” y contra el criterio del analista de riesgos de la entidad entonces presidida por Julio Fermoso.

Por si fuera poco lo anterior, el Banco de España estima que precisamente por su condición de moroso, y de acuerdo con la Ley de Cajas de Castilla y León, Llamas incumplía los requisitos para ser consejero de Caja España al menos desde enero de 2009. 

Sin embargo, ejerció de presidente hasta octubre de 2010 y permaneció como consejero de Caja España-Caja Duero hasta octubre de 2012, sin que la consejería de Economía -que por otra parte dio su preceptivo visto bueno a todas las operaciones presuntamente irregulares- advirtiera dicha anomalía.

Mientras tanto, en las últimas semanas han aflorado asimismo nuevos datos sobre las millonarias prejubilaciones con las que la cúpula directiva de Caja Segovia abandonó la entidad. Nueve días antes del traspaso del negocio a Bankia, a la misma hora que los niños del colegio de San Ildefonso cantaban los premios del sorteo de Navidad de 2010, la Comisión de Retribuciones, el Consejo de Administración y la Comisión de Control ratificaban el régimen de prejubilaciones de los directivos. Y para garantizar las correspondientes pólizas Caja Segovia  ingresó antes del 31 de diciembre en la cuenta de la aseguradora Caser mas de 27 millones de euros, cerca de 6 correspondientes a la prejubilación del hasta entonces director general, Manuel Escribano.

Y aún más: UPyD ha revelado la pasada semana que, entrado ya 2011, se transfirieron a la misma aseguradora otros dos millones de euros destinados a incrementar las pólizas de prejubilación del sucesor de Escribano, Miguel Ángel Sánchez Plaza, y del ex secretario del Consejo, Antonio Tapias. Suma y sigue.
Fuente de datos: segoviaaldia.es

El 'banco malo' encarga a tres operadores la venta de sus 12.760 inmuebles y préstamos en Castilla y León

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida como 'banco malo', ha encargado a tres operadores -Solvia, Servihabitat y Haya Real State- la gestión y venta de los 12.760 activos con que cuenta en Castilla y León procedentes de las antiguas cajas de ahorro, de un total de casi 169.000. La entidad trata de profesionalizar la administración con el objetivo de cumplir su mandato desinversor, después de que siete de las nueve entidades que generaron el balance renunciaran a prestar este servicio.

En ese sentido, la entidad que dirige Belén Romana lanzó hace unos meses el concurso Ibero con el que ha elegido a los gestores que se han hecho cargo de la gestión de su cartera desde el 31 de diciembre de 2014, fecha en la que vencieron los contratos suscritos con las nueve entidades que traspasaron los activos a la compañía. El pasado 3 de noviembre, Sareb adjudicó a Solvia, la inmobiliaria del Banco Sabadell, la gestión del primer paquete, formado por inmuebles procedentes de Bankia, así como préstamos e inmuebles adquiridos a Banco Gallego y Banco Ceiss (Caja España-Duero).

Asimismo, a principios de diciembre adjudicó a Haya, Servihabitat y Altamira el resto de carteras, integradas por activos financieros e inmobiliarios procedentes de Liberbank, Novagalicia Banco, BMN, Catalunya Bank, Caja 3 y Banco de Valencia, así como los préstamos generados por Bankia. La sociedad explicó que gran parte de las entidades cedentes declinaron prestar este servicio o han acabado vendiendo sus propias plataformas inmobiliarias a estos nuevos agentes.

De esta forma, Solvia, Servihabitat y Haya Real State han asumido desde el 1 de enero la gestión de unos 9.450 créditos y 3.310 propiedades en la Comunidad, sobre todo, procedentes de los balances de Banco Ceiss y Bankia. Se trata de forma aproximada de la cartera de la compañía en la Comunidad, que continúa con el proceso de migración de los activos a las entidades adjudicatarias, así como de los antiguos gestores a los nuevos. Para ello, a nivel interno, se ha dotado de una nueva estructura, denominada área de transformación global.

Por un lado, la cartera adjudicada a Solvia cuenta con alto peso de activos inmobiliarios. De los 42.862 que la conforman, más de 33.000 son inmuebles, y el resto préstamos con algún tipo de garantía inmobiliaria. La distribución geográfica de los inmuebles está concentrada en Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid, áreas de influencia de Bankia, si bien en la Comunidad se encuentran unos 2.900. Respecto a los activos financieros, el lote cuenta con créditos procedentes de Banco Ceiss y Banco Gallego, por tanto, radicados en Galicia, Madrid y Castilla y León, que aporta unos 4.100.

Segundo lote

Haya Real Estate gestionará durante cinco años un paquete de 52.000 préstamos vinculados al sector inmobiliario originados por Bankia y adquiridos posteriormente por Sareb por un importe de unos 18.000 millones de euros. De ellos, en torno al diez por ciento pertenecen a Castilla y León, unos 5.260. La cartera que pasa a manos de Servihabitat durante siete años contiene 30.300 inmuebles y créditos de NCG, Liberbank y Banco de Valencia, valorados en unos 9.200 millones de euros. Incluye unas 330 propiedades inmobiliarias en la Comunidad.

Finalmente, Altamira Asset Management administrará 44.000 inmuebles y préstamos al promotor originados por Catalunya Caixa, BMN y Caja3, por los que Sareb desembolsó unos 14.000 millones de euros. Esta cartera no cuenta con ningún activo de Castilla y León.

Fuete de datos: elnortede Castilla.es