Los procesos de artibraje y canjes de preferentes elevan por encima de 4.500 las reclamaciones recibidas por la CNMV. El regulador constata que las entidades las vendieron a pesar de no haber hecho correctamente los trámites con los clientes.
LAS ENTIDADES SOLO GANAN EL 5% DE LAS DEMANDAS
Solo el 5% de las demandas judiciales que se han planteado por casos de mala comercialización de preferentes ha dado la razón a la entidad financiera, mientras que el 62% de los procedimientos se han resuelto a favor del cliente. La CNMV ha confirmado que 534.150 clientes minoristas se han sometido a un proceso de arbitraje, por un importe total de 9.772 millones de euros.
El número total de titulares que solicitó el arbitraje alcanzó el 80% del total, por un importe de 6.763 millones de euros (el 69% del total). Hasta el pasado mes de abril, los expertos independientes que han trabajado en el arbitraje han admitido el 71% de las solicitudes recibidas, por un importe del 48% del total.
De las solicitudes de arbitraje aceptadas, 244.724 titulares ya han recibido un laudo positivo, es decir, el 57% del total, con el 38% del importe. En este periodo de tiempo se han presentado270.303 demandas judiciales por 1.634 millones de euros. A fecha de 25 de abril, un total de 6.952 demandas ya se habían resuelto.
La ejecución de arbitrajes y procesos de canje fue la salida de las entidades financieras para resolver el escándalo de las preferentes en 2013, y eso se ha notado en el número de quejas al respecto. El año pasado estos polémicos productos, considerados un fraude, han marcado un récord de reclamaciones ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que tramitó más de 4.600 en todo el año.
Así lo pone de manifiesto la CNMV en su informe anual con los datos de 2013, que ha dado a conocer este miércoles. El documento recoge toda su actividad de control en la que las preferentes y subordinadas han tenido un papel protagonista. El motivo es que, tras descubrirse que muchos ahorradores tenían atrapado su dinero en productos financieros de alto riesgo que se les habían vendido como productos de ahorro convencionales, a la cascada de denuncias ha seguido una avalancha de reclamaciones no solo sobre el modo de comercializarlas, sino también sobre los productos que se les han entregado a los ahorradores a cambio de sus preferentes.
Según los datos de la CNMV, el año pasado las reclamaciones y quejas por parte de los inversores alcanzaron la cifra de 7.308; son un 33% menos que en 2012, pero todavía suponen cifras muy superiores a las de 2011 y años anteriores. De ellas, el protagonismo absoluto es de las consultas sobre participaciones preferentes y subordinadas. Estas suponen el 75% de las presentadas, pero lo más importante es que han aumentado de manera exponencial. De las algo más de 6.000 reclamaciones resueltas, 4.636 corresponden a las preferentes: son tres veces más que en 2012 y nada menos que veinte veces más que en 2011. De hecho, son el único tipo de reclamación que aumenta: han bajado hasta las quejas por el cobro de comisiones.
El motivo es que, una vez destapado el fraude, muchos afectados han acudido durante 2013 a la CNMV para buscar explicaciones y una posible defensa. En su labor, el regulador ha constatado lo que las plataformas de afectados denuncian: que su comercialiación se hizo saltándose todas las normativas. La propia CNMV ha aclarado muchas veces que este tipo de productos debían ser ofrecidos a clientes de perfil inversor alto y que su comercialización tenía que hacerse informando de los riesgos y recabando la información necesaria sobre los clientes, en forma de cuestionarios.
En su informe, la CNMV afirma que, al tramitar las reclamaciones de los afectados, en ocasiones las entidades no acreditaban haber obtenido información de los clientes y que también se han detectado casos en los que los cuestionarios obligatorios para conocer si el perfil del cliente era el adecuado a un producto de riesgo no estaban firmados o contenían preguntas que no permitían evaluar si era idóneo ofrecer este producto al cliente escogido; también se han constatado casos en los que no se entregaba la documentación necesaria o suficientemente detallada.
Sin embargo, esta evidencia no ha tenido, ni siquiera en el caso de la CNMV, el efecto deseado. El regulador tramita un informe motivado en cada caso, y en 2013 hizo llegar a las entidades 4.199 reclamaciones con un informe favorable; sin embargo, solo en el 12% de los casos las entidades aceptaron los criterios de la CNMV y rectificaron la situación.
UNA SOLUCIÓN QUE LLEGA TARDE
La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá prohibir o restringir la venta de productos financieros cuando considere que no son adecuados para inversores minoristas a partir de 2017, gracias a la normativa Mifid II. Así lo ha avanzado la presidenta del supervisor, Elvira Rodríguez, durante la presentación de la memoria anual de la institución en el Congreso, donde ha indicado que durante 2013 la Comisión se ha dedicado a luchar contra el abuso de mercado.
En este sentido, ha apuntado que el supervisor ha reforzado el seguimiento de las comunicaciones sobre instrumentos financieros y, sobre todo, sobre operaciones "sospechosas". Así, ha recordado que la Mifid II y el nuevo reglamento de abuso de mercado "van a facilitar en el corto plazo la tarea de los supervisores europeos al dotarlos de instrumentos de investigación y de sanción más adecuados para perseguir las actuaciones abusivas".
Fuente de datos: latribunasalamanca.com
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