El ‘hachazo’ de Montoro a las indemnizaciones por despido pone en jaque los nuevos ERE de las cajas

Banco Ceiss, en proceso de absorción por Unicaja, deberá acometer un nuevo ERE el próximo año a cambio de la última ronda de ayudas públicas recibidas.

Cristóbal Montoro, ministros  de hacienda

Una de las medidas más polémicas de la reforma fiscal aprobada por el Gobierno la semana pasada, la obligatoriedad de que las indemnizaciones por despido superiores a 2.000 euros por año trabajado paguen IRPF, ha causado cierto temor entre los trabajadores del sector financiero. La reestructuración de las antiguas cajas de ahorros todavía no ha concluido hasta el punto de que en entidades como Ceiss, en proceso de absorción por parte deUnicaja, tan pronto como se cierre el actual ERE deberá realizarse un nuevo ajuste que afectará a un 5% de la plantilla.

El pasado mes de enero, la Comisión Rectora del FROB aprobó una modificación del plan de resolución de Ceiss y del Term Sheet acordado con Bruselas, después de que Unicaja pidiera más ayudas públicas de las previstas inicialmente para hacerse con la maltrecha entidad heredera de Caja España-Duero.

Esta modificación se basaba en una serie de puntos que ahora deberá aplicar Unicaja: “el volumen máximo de la cartera crediticia se reducirá un 10% adicional; el tamaño máximo del balance se reducirá un 15% adicional; la ratio objetivo de préstamos sobre depósitos será un 10% inferior a la prevista inicialmente en las regiones de principal actividad de Banco Ceiss; la reestructuración organizativa incluirá el cierre de un 5% más de oficinas y se mantendrá la disminución de plantilla prevista hasta el 31 de diciembre de 2014, si bien se realizará una reducción adicional del 5% antes del 31 de diciembre de 2016”, señalaba un hecho relevante remitido a la CNMV.

El problema para este ajuste es que Ceiss sigue inmerso en el ERE que ya le impuso la Comisión Europea después de recibir un rescate de 604 millones de euros. Este ajuste supondrá la salida de 1.230 trabajadores (un 26% de los 4.700 del total de la plantilla) a través de prejubilaciones y bajas incentivadas, así como el cierre de 263 oficinas. En ese sentido, según publica La Crónica de Salamanca, que cita fuentes sindicales, la normativa impide ampliar el primer ERE que está en vigor, por lo que deberá esperar a que concluya antes de abrir un nuevo proceso.

Fuente de datos: elboletin.com