La precampaña electoral, que venía discurriendo de forma un tanto anodina, se ha visto sacudida por dos autos judiciales que imputan a una veintena de políticos de Castilla y León en dos causas investigadas por sendos juzgados de Instrucción. Una es la relativa a los multimillonarios créditos y avales concedidos al que fuera presidente de Caja España, Santos Llamas, y la otra a los presuntos pelotazos inmobiliarios perpetrados a costa de dos antiguas empresas públicas (Gesturcal y ADE Parques) adscritas a la consejería de Economía.
Conocida es la controversia política existente sobre la condición de «imputado», en torno a la que cada partido realiza su propia interpretación a partir de la cual fija la decisión a tomar sobre los militantes sujetos a esa situación procesal. Aunque en algunas comunidades, caso de Valencia, se ha autoimpuesto la exigencia de excluir de sus listas a cualquier imputado, lo cierto es que el PP no considera que una mera imputación sea motivo suficiente para adoptar esa medida, como tampoco para forzar la renuncia de los cargos públicos incursos en causas judiciales. Y en apoyo de esa tesis se ha pronunciado hace unos días el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Si bien es cierto que en los casos de Chaves y Griñán no está actuando en consecuencia, el PSOE se ha impuesto no llevar imputados en sus listas y ello va a ser de aplicación a Begoña Núñez, ex consejera de Caja España, quién ya ha anunciado su retirada de la candidatura socialista al Ayuntamiento de Palencia. Dicha renuncia no la secundarán los cuatro ex consejeros de la entidad enrolados en otras tantas listas municipales del PP, que gozan de la plena confianza del partido para volver a ser candidatos. No serán por otra parte los únicos imputados que lleva el PP en sus listas y basta repasar la composición del grupo popular en la Diputación de León para constatarlo.
Allá cada partido con el listón que utiliza en materia de «regeneración democrática». Los electores juzgarán. La laxitud del PP no tendrá consecuencias allá donde obtenga mayoría absoluta. Pero en caso contrario puede tenerlas, sobre todo si su previsible socio en que se ha convertido Ciudadanos cumple su compromiso de no pactar con ningún partido que lleve imputados en sus listas. Ojo a la advertencia.
La Junta mantiene intacta su confianza en los seis altos cargos imputados en el caso Gesturcal-ADE Parques: dos secretarios generales de consejería, tres directores generales y el delegado territorial en Valladolid. Puede entenderse que sigan en sus puestos a la espera de que declaren en sede judicial y el juez decida si mantiene o no la imputación. Pero sí esta última se confirma, no sería de recibo que vuelvan a ser nombrados para los mismos u otros cargos en el caso de que el PP siga gobernando esta comunidad autónoma. El tiempo nos sacará de dudas.
Fuente: diariodeleon.es
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