martes, 26 de mayo de 2015

Dos hermanos gaditanos recuperan 40.000€ de Deuda Subordinada


El Juzgadode Primera Instancia nº 2 de Cádiz, ha dictado Sentencia por la que estima íntegramente la demanda presentada por unos jóvenes gaditanos a los que les vendieron 40.000 euros en deudas subordinadas, y condena a Caja España Caja Duero (Ceiss) y declara la nulidad de los contratos de adquisición de obligaciones subordinadas, así como el posterior canje en acciones y condena a la demandada Ceiss a devolverle la cantidad de 40.000 euros en concepto de principal más los intereses desde la fecha de la compra.

J.A.S.G y J.D.S.G, sin conocimientos financieros, tenían invertidos, sus ahorros, 40.000 euros, en una imposición a plazo fijo. Asesorados por el director de la oficina de Caja Duero de Cádiz, le convenció para cambiar la IPF (Imposición a Plazo Fijo) de 40.000 euros, en deuda subordinada. Los hermanos se limitaron a firmar la documentación que le presentaron, no siendo informados de la realidad en la relación a la naturaleza del producto y sus riesgos, pese a que no eran unos inversores profesionales y carecían de conocimientos para entender que se trataba de alto riesgo, sin la oportuna elaboración de los test de conveniencia.

Por su parte Ceiss alegó que “no asumió labores de asesoramiento y que se trata de un producto habitual en el mercado”, añadiendo que “aun cuando el demandante careciera de conocimientos financieros, no le incapacita para comprender el producto”.

El magistrado sin embargo, en su Sentencia declara la nulidad del producto contratado puesto que el director concertó la compra de la deuda subordinada estando su consentimiento viciado, al no tener conocimiento cabal del producto y de sus riesgos, puesto que no se le realizó test de idoneidad, y el test de conveniencia que se le entregó a firma fue rellenado por el banco, no por el cliente que contrataba.

La Sentencia condena a Ceiss a devolver los 40.000 euros más los intereses devengados desde la fecha de compra del producto, más las costas del procedimiento.

La dirección jurídica de este procedimiento corrió a cargo del abogado José Luis Ortiz Miranda. 

Fuente: andaluciainformacion.es

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