El delegado territorial de UPyD, Rafael Delgado |
La compra de Banco CEISS por parte de Unicaja no puede diluir la responsabilidad de sus gestores”. El coordinador territorial de UPyD en Castilla y León, Rafael Delgado, valora de este modo los últimos acontecimientos en relación a la adquisición del antiguo ‘músculo financiero’ de la región.
Delgado asegura que los administradores de Caja España-Duero “han llevado a las antiguas dos cajas de ahorro casi a la ruina”y considera que “lo lógico es que sus administradores respondan por ello”. De hecho, la venta de acciones preferentes a minoristas por un valor de 1.400 millones de euros “forma parte de todo ese entramado por el que alguien debe dar explicaciones”.
La formación magenta, además, considera que las amenazas veladas respecto a los costes que supone la nacionalización del banco castellanoleonés suponen una medida de presión para que los ciudadanos descarten la opción más razonable: el cierre de la entidad financiera, con la consiguiente asunción de responsabilidades por parte del antiguo Consejo de la situación de quiebra.
No hay que olvidar que de los 1.000 millones de euros que costaría la compra del Estado es menos del dinero que ya se ha invertido en CEISS (604 millones de euros en bonos convertibles, 319 millones para las demandas de los preferentistas y 160 millones para los dueños de productos híbridos que hayan aceptado la oferta del FROB). En total, 1.073 millones de euros que ya han adelantado el conjunto de los españoles.
Asimismo, UPyD muestra su sorpresa por los constantes cambios en las condiciones para la adquisición de Banco CEISS por parte de Unicaja. La entidad malagueña ha conseguido sortear los obstáculos gracias al amparo del FROB y el Banco de España, así como por el impulso de la Junta de Castilla y León.
El coordinador territorial también apunta a la responsabilidad del banco andaluz. En opinión de Rafael Delgado, si éste acepta comprar Banco CEISS conociendo su situación económica y la rémora de la gestión anterior, “Unicaja tendrá que hacerse
cargo con los gastos de los daños ocasionados a la ciudadanía”.
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