Estafa preferente

Ricardo V. Montoto Pero que aún hay dudas de que lo de las preferentes sea una estafa? Pues lo pone bien clarito el Código Penal en su artículo 248 y siguientes. Y castiga la conducta con hasta seis años de prisión para los autores y hermosas multas para las empresas condenadas. Porque si cometen estafa "los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno" y las víctimas de las preferentes fueron convencidas para invertir en un producto seguro como un plazo fijo, rentable, que podía ser cancelado, con disponibilidad del dinero, cuando en realidad la intención de bancos y cajas era conseguir fondos para cumplir así los requisitos de capital y garantía exigidos por la autoridad bancaria, lo que conllevaba que esos fondos dejaran de estar disponibles para el inversor desde el momento en que firmaba el contrato, que de la rentabilidad nanai, y que si te he visto no me acuerdo, el engaño parece evidente. Y si gran parte de las víctimas han resultado ser ciudadanos de buena fe que confiaron en sus bancos, desconocedores de la letra pequeña oculta tras los folios que suscribieron, incapaces de comprender su contenido y que se quedaron con las prometedoras palabras de los representantes de las entidades que, poniéndoles el bolígrafo entre los dedos, repetían una y otra vez la letanía de seguridad, garantía, disponibilidad y rentabilidad, qué más hace falta para calificar la conducta como una estafa. Y si esta práctica resultó ser común a casi todas las entidades financieras españolas, ¿por qué hay tan pocos banqueros procesados?

Es un hecho que se diseñó y ofertó un producto financiero que aparentaba ser una cosa cuando realmente era algo completamente distinto, que se abusó de la confianza de los clientes, a quienes se ocultó deliberadamente la realidad del contrato, y que ninguna de las características principales de la inversión, que eran los reclamos para la captación de clientes, era cierta. Y todo ello con el único fin de obtener beneficios para las entidades en perjuicio de los inversores.

En resumen, una estafa. Y todos los autores deberían estar siendo juzgados, cosa que no sucede, pues la inmensa mayoría conserva sus poltronas. ¿A qué estamos esperando? ¿A que prescriban sus delitos?