Los juzgados avalan a los preferentistas zamoranos en más del 90% de los casos

A. B. Las sentencias de los juzgados zamoranos relativas a la venta de preferentes y deuda subordinada a los preferentistas de la provincia están dando, mayoritariamente, la razón a los afectados. Así lo aseguran desde la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios Ausbanc, que animan a los afectados que aun no lo hayan hecho a presentar demandas individuales como mejor vía para recuperar sus ahorros. El colectivo asegura que recientes sentencias hacen hincapié en que «se trata de un producto complejo y con importantes riesgos» y que la «comercialización estaba encaminada a fortalecer los recursos propios de la entidad generando graves conflictos de intereses», entre otras cuestiones no menos importantes como ausencia de información clara por parte de la entidad y ausencia, en muchos casos, del test de conveniencia e idoneidad, obligatorio para vender este producto a clientes minoristas.

Estos elementos, dice Ausbanc, «no hacen sino confirmar que los argumentos jurídicos utilizados por sus servicios jurídicos a la hora de elaborar las demandas al respecto son correctos» lo que viene a reafirmar «los resultados que a nivel nacional se están obteniendo en esta materia en el mismo sentido». Esto «confirma a los juzgados como mejor vía para que los afectados por las preferentes y subordinada recuperen íntegramente su dinero».

Ausbanc recuerda que el FROB puso sobre la mesa 402 millones de euros que irán destinados a cubrir los pleitos de los bonistas que no aceptaron la oferta de canje y hayan decidido dar un paso adelante en los tribunales. A juicio del colectivo de defensa de los usuarios bancarios «esto da tranquilidad a los afectados ya que les garantiza que hay fondos suficientes para recuperar su dinero» a pesar de la mala situación económica de la caja castellanoleonesa. Así las cosas Ceiss solo tendría que costear parte de las sentencias que le sean desfavorables.

El colectivo censura que en muchas ocasiones se colocaron estos productos de alto riesgo «a personas sin estudios, con edad avanzada, cuyo único objetivo era tener sus ahorros garantizados, sacarles alguna rentabilidad y tenerlos disponibles ante cualquier necesidad». Estas personas, dicen, no tenían intención de invertir su dinero y «la única solución es la presentación de demandas judiciales individualizadas» para recuperar el dinero ahora inmovilizado.

Fuente de datos: laopiniondezamora.es