Si bien no eran nuevas en el panorama financiero, las preferentes se convirtieron en el recurso favorito de la banca para aumentar sus ratios de capital a partir de 2008, cuando la crisis financiera daba sus primeros pasos en EEUU y Europa tras laquiebra de Lehman Brothers. Estos títulos perpetuos, aunque el emisor podía cancelarlos pasados cinco años, eran considerados capital de máxima calidad, así que las entidades aprovecharon sus potentes redes comerciales para colocarlos entre sus clientes, a los que en muchos casos atraían con llamativas rentabilidades y en otros, como después se ha demostrado, con prácticas poco ortodoxas.
El problema es que estas preferentes, que en principio parecían una inversión conservadora, acabaron convirtiéndose en una trampa para miles de pequeños ahorradores. En primer lugar, el pago de las rentabilidades estaba supeditado a la obtención de beneficios por parte de la entidad, por lo que el agravamiento de la crisis supuso que los minoristas se quedasen sin estos cobros, que solían ser trimestrales. El mercado secundario en el que se negociaban estos títulos tampoco era una alternativa viable, después de que el cierre de los mercados provocase que cualquier operación se tuviese que realizar con un fuerte descuento. La puntilla definitiva a las preferentes fue la nueva norma de solvencia de la banca (Basilea III), que dejaba de contabilizarlos como capital de máxima calidad.
Si bien las cajas de ahorros han sido las que se han llevado todas las acusaciones tras los probados abusos que cometieron buena parte de ellas, lo cierto es que los bancos también ‘tiraron’ de estos polémicos títulos para reforzarse sin demasiados apuros. No obstante, una vez cerrados los mercados y convertidas las preferentes en ‘papel mojado’, la mayor parte de los bancos decidieron canjear estos títulos por bonos convertibles en acciones o directamente por acciones, en la mayor parte de los casos al 100% del nominal. Una jugada que les permitía mantener su solvencia, y con la que causaban las mínimas molestias posibles a los tenedores.
La mayor parte de estos canjes se acometieron en 2011 y 2012, dejando a las cajas de ahorros en la tesitura de buscar una solución. Es en ese momento en el que estalla definitivamente la polémica, después de que una nueva ronda de rescates públicos, esta vez con fondos europeos, obligue a los tenedores de los títulos híbridos de capital a ‘apechugar’ con parte del rescate, a través de fuertes quitas.
El nuevo rescate se centra, sobre todo, enBankia, Novagalicia y CatalunyaCaixa, que reciben casi 40.000 millones de euros en total. A cambio de las ayudas públicas, Bruselas exige que los tenedores de capital híbrido, tanto los profesionales como los minoristas, soporten fuertes quitas. Sin embargo, para entonces el debate ya ha saltado a las calles y se ha hecho notorio que muchos de los clientes fueron engañados a la hora de contratar estas preferentes. Como solución alternativa, el ministro de Economía, Luis de Guindos, propone un sistema de arbitraje al que puedan acudir los clientes de estas tres entidades. Sin embargo, estos arbitrajes se han demostrado insuficientes para más de una cuarta parte de los afectados, y muchos de ellos han decidido acudir a la justicia.
De forma paralela, en Liberbank y Ceiss, que también reciben ayudas públicas europeas, no se ofrecen arbitrajes. En el caso de la entidad liderada por Cajastur, los títulos se canjean obligatoriamente por acciones de cara al debut en Bolsa el 16 de mayo de 2013, hace ahora un año. En el caso de Ceiss, el canje se hace por bonos convertibles de Unicaja, comprador de la entidad castellana, con la promesa de una salida a Bolsa en un plazo de dos años. Al igual que en otros casos, muchos de los afectados han decidido acudir directamente a los tribunales para recuperar sus ahorros.
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