La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha anunciado que admite a trámite la denuncia presentada ante el Juzgado Central de Instrucción por la Unión de Consumidores de Castilla y León contra los directivos de Caja España-Duero, actual Banco Ceiss por presunto delito de estafa entre otros, respecto a la emisión y comercialización de las participaciones preferentes y deuda subordinada emitidos en los años 2009 y 2010 cuando ambas entidades aún no se habían fusionado en una única caja que posteriormente traspasó su negocio a Banco Ceiss, hoy una filial de Unicaja Banco. La querella por estafa se dirige directamente contra los entonces presidentes de las dos cajas, Santos Llamas, quien presidía Caja España y Julio Hermoso, presidente de Caja Duero. También engloba la querlla por estafa a los dos directores generales, Javier Ajenjo, de la entida que tenía su sede en León y Lucas Hernández, máximo directivo entonces de la caja con sede en Salamanca. Además, también se dirige contra los dos directores financieros de las dos cajas de ahorros, que formaron la entidad de mayor volumen de activos de Castilla y León.
Considerada la denuncia inicial como querella, en fecha 3 de febrero de 2014 el Juzgado Central de Instrucción número 6 dictó un auto por el que consideró que los hechos no eran constitutivos de delito. Dicha resolución fue recurrida en apelación por la representación procesal de la Unión de Consumidores de Castilla y León, quien ha visto estimadas sus pretensiones mediante un auto de la Sala de lo Penal de La Audiencia Nacional de 28 de julio, sala presidida por el magistrado Félix Alonso Guevara Marcos.
«No puede quedar impune»
«Las actuaciones decididas y firmes iniciadas el año pasado por la Unión de Consumidores de Castilla y León para denunciar lo que se considera una de las tramas fraudulentas más graves de la democracia, ha visto su recompensa con este auto que abre camino a que las personas responsables de estos hechos sean investigadas» ha manifestado el presidente de la organización de consumidores, Prudencio Prieto. «Esta resolución es una respuesta esperanzadora para los ruegos de justicia de los miles de afectados por la compra de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, que han visto sus ahorros de toda una vida 'secuestrados' por su banco. A pesar de que muchos de ellos están recuperando su dinero mediante la presentación de demandas individuales por la vía civil, no podemos olvidar que la responsabilidad de los autores materiales de estos hechos no puede quedar impune», agrega Prieto.
Fuente de datos: elnortedecastilla.es
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