A la Unión del Pueblo Leonés le consta la existencia de las llamadas tarjetas opacas en Caja España. Así lo aseguró hoy el secretario general de la formación, Eduardo López Sendino, quien afirmó que a título personal tiene conocimiento de "tres o cuatro pero podrían ser muchas más". La formación reclama al Banco de España y al FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) que lo investigue y que, después de tener los datos correspondientes, acudan a la Fiscalía para que se depuren responsabilidades -si las hay- en los tribunales.
A López Sendino le parece que la fórmula de la querella utilizada por Izquierda Unida al respecto no es la más adecuada en este caso. El Banco de España y al FROB son los organismos competentes y quienes fiscalizan a las entidades financieras y puede remitir sus conclusiones a la Fiscalía y al juzgado", argumentó.
La misma investigación que solicita UPL para Caja España la reclama para sociedades participadas por ésta, ya que creen que el mismo tipo de situación se puede haber dado en ellas. "Queremos que se sepa cuántas tarjetas opacas había, quién las tenía y para qué se utilizaron", señaló despues de asegurar que tienen constancia de que el destino que se le dio era para compras particulares. "No podemos dar los nombres pero sabemos que se usaron para gastos personales que era muy obvio que no son de representación", dijo.
Caja España
Caja España ha sido la entidad insignia de la provincia, heredera de la antigua CajaLeón, hasta su fusión con Caja Duero, conversión en Banco Ceiss y nacionalización por su falta de solvencia. Tras varios años de tiras y aflojas finalmente fue adjudicada a la caja malagueña Unicaja, que la convirtió en una filial de su banco.
Banco Ceiss (heredero de Caja España-Duero) ha recibido durante la crisis 4.266 millones de euros públicos, vía FROB y Sareb. Del FROB I Caja España-Duero recibiró 525 millones de euros públicos, considerados irrecuperables y del FROB III recibió otros 604 millones de euros. Del banco malo -Sareb- Banco Ceiss recibió además 3.137,3 millones de euros por sus activos inmobiliarios tóxicos.
Para quedársela Unicaja logró un fondo de 1.250 millones de euros para futuros problemas en el capital y que el FROB haya dispuesto de otros 200 millones de euros adicionales para posibles insolvencias.
Fuente de datos: íleon.com
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