El Banco de España ya obligó en 2008 a Caja España a recalificar decenas de grandes créditos para que pasaran a ser dudosos o subestándar (y por tanto tuvieran que ser dotados), y criticó que una inspección realizada entre febrero y mayo de ese año ponía en evidencia «debilidades de gobernanza, condicionada por las importantes disputas entre partidos políticos en los órganos de gobierno, lo que se tradujo en una gestión debilitada por la inestabilidad del consejo, siendo frecuentes los cambios en la presidencia de la caja, traslados de dirección general,...»
Además en aquel informe, aportado ahora a las diligencias que sigue el Juzgado de Instrucción Número 5 de León a instancias de la Fiscalía Provincial por presunta administración desleal de los directivos de la entidad hoy absorbida por Unicaja, el supervisor denuncia «la existencia de deficiencias en los informes de concesión de créditos y la inexistencia de informes de seguimiento de la situación de los acreditados, así como incumplimientos de los límites prudenciales y porcentajes máximos de financiación sobre los valores de tasación de las garantías establecidos por la Política de Riesgos de Caja España».
Irregularidades que provocaron un escrito de requerimientos que exigía reclasificar los créditos, fijar límites a los riesgos y «establecer una adecuada segregación de funciones que evite conflictos de intereses entre quienes intervienen en la concesión de operaciones y los responsables de su análisis y seguimiento posterior».
Todo ello se revela en un segundo informe que el Banco de España ha presentado al Juzgado leonés, donde esta semana prestaron declaración como testigos dos peritos del supervisor. Informe solicitado por el fiscal provincial, después de recibir el primero sobre las operaciones aprobadas por los consejos de administración de Caja España, Caja Duero y luego Banco Ceiss en relación con la deuda que acumulaba el ex presidente y consejero de la entidad, Santos Llamas.
Inspección
Un informe de la Inspección del Banco de España que se incorpora a las diligencias previas de la denuncia interpuesta por Izquierda Unida, que refleja que los análisis de riesgos realizados en Caja Duero en 2007 y en Caja España en 2008 permitieron calificar los casi 80 millones de euros concedidos a las distintas sociedades del constructor leonés como «normales» porque no se había producido ningún impago.
Sin embargo, «los problemas financieros de las sociedades vinculadas a Llamas afloraron en el segundo semestre de 2008, y motivaron la refinanciación de sus deudas en enero de 2009 ante la imposibilidad de pagar los intereses de los riesgos desde finales de 2008». Una refinanciación que se aprobó pese a que «no existía una razonable certeza de que el cliente pudiera hacer frente a su pago en el calendario previsto, como advirtió el Comité de Riesgos»; y a que no se aportaban nuevas garantías.
A mayores, se llevó a cabo una «irregular devolución retroactiva» de los intereses pagados anteriormente a la refinanciación (1,483 millones de euros), siguiendo una política muy diferente a la del resto de los clientes con dificultades para hacer frente a sus deudas.
El propio Banco de España reconoce en su informe que la refinanciación permitió que los créditos del grupo de Llamas no fueran calificados como dudosos, lo que evitó su cese como presidente y consejero; y libró también a la caja de evidenciar la situación de mora y provisionar los créditos que ya entonces se daban por fallidos.
Fuente de datos: eldiariodeleon.es
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