La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, dirigida por Elena Cortés (IU), ha denunciado a cinco entidades financieras por incumplimiento del Código de Buenas Prácticas con deudores hipotecarios. La denuncia la presentó la Delegación Territorial de Córdoba ante la Fiscalía Provincial, hace un mes. La Consejería reclama que el ministerio público evalúe si el tratamiento de las entidades financieras BBK-Cajasur, Unicaja, Banco Popular, Bankia y Caixabank a deudores hipotecarios supone un ilícito penal.
La Consejería denuncia “novaciones al amparo del Código de Buenas Prácticas que pretenden dar transparencia a cláusulas suelo recogidas en la hipoteca objeto de reestructuración; imposición de la obligación de estar al corriente de pago de las cuotas hipotecarias para acogerse al Decreto; inicio de procedimiento de ejecución hipotecaria sin dar cumplimiento al Decreto ni atender las medidas previas al mismo recogidas en él”, informa Europa Press, que ha tenido acceso al documento.
La Caixa cede 20 pisos ocupados
Una veintena de familias que ocupan una corrala en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) podrán permanecer en las casas al menos hasta 2018. La Caixa ha cedido a la Consejería de Fomento el edificio durante tres años para alquiler social.
Era un acuerdo que la delegación territorial de la Junta que dirige Izquierda Unida buscaba desde que en el pasado mes de julio más de 70 familias sin recursos de la localidad gaditana ocuparon seis edificios que nunca se llegaron a vender.
La Consejería comenzará ahora a estudiar caso por caso la situación personal de cada una de las familias porque sólo aquellas que demuestren que están en exclusión social y que no tienen un techo podrán quedarse en la corrala pagando un alquiler mínimo.
Los apartamentos que no se renten, se pondrán a disposición del Ayuntamiento para que los ofrezca a los demandantes de viviendas públicas inscritos en el registro municipal. Esta era de hecho la opción que defendía el alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora (PSOE), quien sostiene que, en el caso de haber casas vacías, han de ofrecerse siguiendo estrictamente el orden de la lista de espera municipal, integrada por más de 500 personas.
Para Manuel Cárdenas, delegado territorial de la Consejería de Fomento, con la cesión de La Caixa “se da un paso importante y sin precedentes que abre la puerta para que consigamos ampliar el número de viviendas disponibles para alquiler social”.
Otras prácticas denunciadas por la Consejería son las de “imposición de la obligación del pago de los costes de formalización de la escritura pública; imposición de la obligación a la firma préstamos personales de estar al corriente de pago aun cuando traigan causa de un incumplimiento anterior de la propia entidad; incumplimiento de la obligación de informar adecuadamente a los clientes sobre la posibilidad de acogerse al Código; o incumplimiento de la obligación impuesta en el artículo 5.9 del Decreto, en lo referido a la llamada letra pequeña”.
El Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda fue puesto en marcha por la Consejería de Fomento y Vivienda, en octubre de 2012 para evitar desahucios e intermediar ante las entidades financieras.
Fuentes de la Consejería señalan que, “aunque es de estas cinco entidades financieras sobre las que se aportan casos concretos”, se trata de un incumplimiento muy extendido del Código de Buenas Prácticas en el conjunto de las entidades”.
Según la denuncia, la Junta cree que se trata de “actitudes o comportamientos por parte de determinadas entidades bancarias que deben ser corregidas al objeto de reforzar el marco de protección de los deudores hipotecarios sin recursos”, por lo que le dan traslado a la fiscalía “por si pudiera ser constitutivo de ilícito penal”. El Código de Buenas Prácticas es de adhesión voluntaria, pero de obligado cumplimiento.
La Consejería denuncia el incumplimiento del Código de Buenas Prácticas recogido en el real decreto de Medidas Urgentes de Protección de Personas sin Recursos, y su posterior modificación de Medidas para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios, Reestructuración de Deuda y Alquiler Social.
Hace una semana, el Gobierno andaluz llegó a multar con 1,62 millones de euros al BBVApor "haber incumplido la obligación legal de ofrecer sus viviendas de protección oficial (VPO) a los registros municipales de demandantes", según una nota de prensa de la Consejería de Fomento. Este mecanismo, que garantiza su adjudicación conforme a criterios socioeconómicos objetivos y evita su especulación, se ampara en la ley andaluza antidesahucios, suspendida parcialmente en enero por el Tribunal Constitucional tras el recurso presentado por el Gobierno central.
Fuente de datos: ccaa.elpais.com
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