IU y Ecologistas en Acción exigieron ayer la imputación «urgente» de 33 miebros del consejo de administración de Caja España (eran 34 con la fallecida presidenta de la Diputación leonesa, Isabel Carrasco) a quienes considera responsables de la concesión en 2009 de créditos a las empresas del entonces presidente de la entidad, Santos LLamas ya que consideran que los peritos del Banco de España que declararon en el Juzgado de León por este caso pone de manifiesto que se generó un quebranto económico a la caja de al menos 47 millones de euros por decisiones «inexplicables».
Asimismo, ambas organizaciones reclaman al juzgado que abra diligencias por un presunto delito de prevaricación por parte de los responsables de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta, por autorizar esas operaciones, que se habrían extendido también tras la fusión con Caja Duero, por unos diez millones de euros.
El coordinador de IUCyL, José María González, el portavoz de Ecologistas en Acción Javier Guitérrez, y los abogados de estas organizaciones, Gorka Esparza y Luis Oviedo, respectivamente, ofrecieron ayer una rueda de prensa, para demandar que se desblooquee judicialmente el «limbo» en el se encontraban las diligencias que inició este juzgado en junio de 2013, tras la denuncia que presentaron ante la fiscalía en noviembre de 2011.
José María González insistió en que «no tiene sentido» que el proceso se dilate más en el tiempo y afirmó que si el juzgado que lleva el caso decide que éste duerma «el sueño de los justos otro año» habrá que entender que es «a propio intento» para frenar el proceso. González insisitó en su «preocupación» porque se siga «dejando pasar el tiempo» por parte de la justicia.
Recordó que el nombramiento de LLamas fue acordado por PP y PSOE.
Fuente de datos: diariodeleon.es
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