Que uno trabaje en una caja de ahorros o en un banco no le confiere, ni mucho menos, «la preparación y conocimientos financieros precisos para saber la naturaleza y esencia de productos de tan alta complejidad» como son las participaciones preferentes. Este es uno de los argumentos que utiliza el Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Pontevedra para condenar a Caja España-Duero a devolver 12.000 euros que una administrativa de NCG Banco (ahora Abanca) tenía atrapados en preferentes desde mayo del 2009.
En la sentencia se refiere que la pontevedresa, que fue representada por el letrado Andrés Malvar, del despacho Mareque-Malvar Abogados, suscribió la orden de compra de las participaciones asesorada por empleados de la entidad. En todo momento, creyó que «estaba contratando un producto seguro, que no había riesgo de perder el capital y que tenía disponibilidad inmediata», así como que no le realizaron ningún test de conveniencia.
Fuente de datos: lavozdegalicia.com
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