El Parlamento Europeo preguntará a la Comisión si España incumplió la ley con las preferentes

Las circulares internascon las instrucciones para colocar las preferentes como vía de capitalización de las entidades entre clientes minoristas. La orden que abrió el arbitraje para los afectados. Las oscilantes, y chocantes entre sí, estadísticas sobre el número real de tenedores de los híbridos. Incluso el caso de Domitila Vicente Franco, la vecina de O Baixo Miño de 82 años, que necesita un andador que acaba de ganar el recurso a la multa impuesta por saltarse un cordón policial durante una manifestación para reclamar su dinero. De todo esto, que es solo parte de la historia del drama vivido por cientos de miles de clientes de las antiguas cajas gallegas, se volvía a hablar ayer en el Parlamento Europeo. La comisión de peticiones atendía así la reclamación de las varias de las plataformas de afectados, con la decisión además de preguntar a la Comisión si España incumplió la normativa comunitaria en la comercialización de estos productos complejos, de trasladar toda la documentación a la comisión de economía y abordar la situación entre los portavoces. "Hay 32 peticionarios, es un tema importante", resumía Cecilia Wilkstrom a final de la sesión. 

José Manuel Estévez, Xesús Domínguez y Xulio Vicente, líderes de las plataformas de afectados de Vigo, Baixo Miño y Santiago, se encargaron de recordar que la solución no fue universal y que hay todavía "unas 10.000 familias a las que se les retienen 200 millones de euros de sus ahorros", pendientes de sentencias judiciales. Los tres coincideron en acusar a Gobierno central, Xunta, Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) de permitir "la estafa masiva" y "no hacer nada" para el control de la venta de las preferentes y la deuda subordinada.

"Sabemos cuál fue la dimensión y el impacto en la vida de muchos ahorradores y en el sistema financiero en general", admitía Peter Grasmann, jefe de la unidad de Análisis Económico y Mercados Financieros de la Comisión, encargado de responder a los afectados. En Bruselas hay "indicadores claros" de que "no todas las ventas fueron de forma honesta y buscando los mejores intereses para los clientes". "La ley se incumplió de forma importante, claramente -añade Grasmann-. Pero el problema no es la falta de legisltación europea, sino su incumplimiento y el de la normativa estatal". Por eso, y pese a destacar las medidas llevadas a cabo para encauzar el problema -las demandas judiciales, el arbitraje y la liquidez aportada por el Fondo de Garantía de Depósitos-, Grasmann alienta a los afectados "a que vayan a los tribunales y hagan valer sus derechos".

Fuente: elfarodevigo.es