Diario de León.es
TRIBUNALES
Investigan a tres
altos cargos de la Caja por la estafa piramidal
La Brigada de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional analiza los
ordenadores de tres altos cargos de la Caja a los que la principal imputada por
la estafa piramidal destapada en enero de 2012 acusa de haberle obligado a
vender una serie de productos financieros de altísima rentabilidad y dudosa
legalidad con los que más de un centenar de personas fueron estafadas por un
montante de más de dos millones de euros.
El análisis trata de dilucidar el grado de responsabilidad que María
Consolación Suárez, la principal atribuye a sus superiores, cuyos ordenadores
de trabajo fueron confiscados ya hace algún tiempo y que desde entonces están
siendo objeto de análisis.
El problema radica en que, según ha podido conocer este periódico, parte de
la documentación que se investiga está encriptada y requiere una ardua tarea
para descifrarla.
No es el único problema al que se enfrenta la investigación del caso, que
permanece abierta en uno de los juzgados de Instrucción de la capital que ha
sufrido en los últimos años al menos un cambio de titularidad, circunstancia
que ha ralentizado en parte el procedimiento. Algunas de las partes personadas
en la causa también han contribuido de forma importante a los retrasos de una
causa que lleva ya tres años de instrucción y que, a criterio de los
damnificados, todavía podría prolongarse en el tiempo antes de que se determine
si procede la apertura de juicio oral. La Caja declinó dar a conocer su postura
a este periódico a preguntas sobre las últimas novedades respecto al caso.
Chiringuito
La estafa piramidal que se conoció en la calle como «el chiringuito
financiero» fue calificado por la principal imputada como «un banco dentro de
otro banco». Así lo reconoció en su declaración ante el juez el 30 de enero de
2012. El sistema consistía en ofrecer productos financieros de rentabilidad
desproporcionada que no podían sostenerse por sí solos. Para liquidar los
beneficios, fue necesario contratar a nuevos clientes con cuyo capital se
satisfacía parte de las obligaciones contraídas pero a la vez se generaba una
cifra de deudores más alta. La imposibilidad de sostener el sistema y el alto
nivel de vida que llevaba la sospechosa, empleada de una sucursal de la entidad
bancaria, obligaron a la intervención de la Guardia Civil y a su detención como
sospechosa de estafa.
Inicialmente se defendió alegando que simplemente había llevado a cabo
actuaciones que consideraba que eran lucrativas y no hacían daño a la entonces
Caja España-Duero. Ahora su postura se ampara en el cumplimiento de supuestas
órdenes que le venían impuestas por sus superiores, circunstancia que trata de
aclarar la investigación. La causa permanece abierta y no hay visos de que se
solucione pronto.
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