La Fiscalía ordena interrogar a trece directores y empleados de Ceiss por una estafa sobre cien preferentistas
La Fiscalía de Valladolid ha dado otro paso en la investigación que abrió en el mes de abril contra Banco Ceiss (Caja España-Duero) por una posible estafa en la venta de preferentes. Ya se han librado los respectivos oficios al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil para que las dos unidades de Delincuencia Económica tomen declaración a los directores y los empleados que comercializaron estos productos a los más de cien preferentistas que, según fuentes jurídicas, habrían llevado ya sus casos a la Fiscalía vallisoletana, que fue la primera de España en abrir una investigación judicial.
El decreto firmado (con fecha 30 de julio, pero conocido ayer) por la fiscal jefe de Valladolid, Ester Pérez Jerez, ordena a los equipos de Policía Judicial de ambos cuerpos que se identifique, localice y tome declaración a trece personas. No son los únicos, serían únicamente los primeros. Se trata de una tarea «complicada», según detallan estas mismas fuentes, porque «en los contratos de los preferentistas no aparece la firma de nadie de Ceiss y, por tanto, en la investigación se juega solo con los datos que van aportando los denunciantes que, en muchos casos, son un nombre de pila y un sucursal que puede que ni exista ya o que haya habido un traslado o cualquier tipo de contingencia».
Desde abril. Es la gran novedad de un caso, de una investigación, que sigue su curso en la Fiscalía -por ahora no se ha pasado a ningún juzgado de Instrucción- y que se abrió en el mes de abril, con las 25 denuncias que había presentado semanas antes la Unión de Consumidores de España (UCE) y que hablaban de una estafa de más de 440.000 euros. Se han ido sumando más casos y ahora, según las fuentes consultadas por este periódico, se estaría ya ante unos cien, por un montante económico «difícil de cifrar», pero que se podría ir más allá de los dos millones.
«Hay pueblos pequeños en los que el 20% de los habitantes, con más o menos dinero, entró en las preferentes», según pone como ejemplo el delegado en Castilla y León de la UCE, Prudencio Prieto.
Y 200 casos pendientes. Más de 70 de ese centenar de casos que están en manos de la Fiscalía los ha canalizado la UCE a través de su gabinete jurídico. Y tienen más de 200 esperando para irlos presentando en las dependencias de la calle Angustias. Prudencio Prieto promete «guerra» y «luchar hasta el último euro, del último de los afectados». «Lo importante», dice el delegado regional, «es que haga la devolución de el dinero ingresado; que se paguen todos los intereses generados, porque alguien se los ha llevado; y nada de devolver los intereses que se abonaron ya».
En este sentido, Prieto ensalza el trabajo que está capitaneando Ester Pérez Jerez: «La fiscal está haciendo una labor chapó. Tenemos mucha suerte en Valladolid, es una profesional impresionante».
Deuda subordinada. La gran novedad de esta investigación, además del paso dado por la fiscal de identificar y tomar declaración a directores y empleados de Caja España-Caja Duero, es la primera admisión de casos no sólo de las llamadas preferentes, sino también de los de la denominada deuda subordinada, lo que, para la Unión de Consumidores «supone reforzar la persecución fiscal y policial de las presuntas acciones delictivas cometidas por los órganos directivos y empleados de las cajas, en la colocación masiva de productos financieros complejos en un sector amplísimo de la población, que no cumplía con las capacidades para suscribir lo que firmaban».
A juicio de esta organización, «los consejos de dirección (de las dos cajas) diseñaron estrategias masivas de financiación irregular a costa de pequeños ahorradores, clientes fieles y confiados de toda la vida, sabiendo de antemano que suscribirían los productos en atención a esa confianza y sabiendo que no cumplirían los requisitos de conveniencia e idoneidad que exige la ley».
«A pesar de ello», continúa la UCE en su nota de prensa, desde Banco Ceiss «decidieron colocar las preferentes y la deuda subordinada, productos de alto riesgo diseñados para profesionales financieros, en economías domésticas de pequeños ahorradores conservadores en una intolerable acción perfectamente diseñada, ajena a los mínimos principios éticos y legales de buena práctica bancaria y de los derechos que amparan a los consumidores», concluyen.
Fuente: El Día de Valladolid.
El decreto firmado (con fecha 30 de julio, pero conocido ayer) por la fiscal jefe de Valladolid, Ester Pérez Jerez, ordena a los equipos de Policía Judicial de ambos cuerpos que se identifique, localice y tome declaración a trece personas. No son los únicos, serían únicamente los primeros. Se trata de una tarea «complicada», según detallan estas mismas fuentes, porque «en los contratos de los preferentistas no aparece la firma de nadie de Ceiss y, por tanto, en la investigación se juega solo con los datos que van aportando los denunciantes que, en muchos casos, son un nombre de pila y un sucursal que puede que ni exista ya o que haya habido un traslado o cualquier tipo de contingencia».
Desde abril. Es la gran novedad de un caso, de una investigación, que sigue su curso en la Fiscalía -por ahora no se ha pasado a ningún juzgado de Instrucción- y que se abrió en el mes de abril, con las 25 denuncias que había presentado semanas antes la Unión de Consumidores de España (UCE) y que hablaban de una estafa de más de 440.000 euros. Se han ido sumando más casos y ahora, según las fuentes consultadas por este periódico, se estaría ya ante unos cien, por un montante económico «difícil de cifrar», pero que se podría ir más allá de los dos millones.
«Hay pueblos pequeños en los que el 20% de los habitantes, con más o menos dinero, entró en las preferentes», según pone como ejemplo el delegado en Castilla y León de la UCE, Prudencio Prieto.
Y 200 casos pendientes. Más de 70 de ese centenar de casos que están en manos de la Fiscalía los ha canalizado la UCE a través de su gabinete jurídico. Y tienen más de 200 esperando para irlos presentando en las dependencias de la calle Angustias. Prudencio Prieto promete «guerra» y «luchar hasta el último euro, del último de los afectados». «Lo importante», dice el delegado regional, «es que haga la devolución de el dinero ingresado; que se paguen todos los intereses generados, porque alguien se los ha llevado; y nada de devolver los intereses que se abonaron ya».
En este sentido, Prieto ensalza el trabajo que está capitaneando Ester Pérez Jerez: «La fiscal está haciendo una labor chapó. Tenemos mucha suerte en Valladolid, es una profesional impresionante».
Deuda subordinada. La gran novedad de esta investigación, además del paso dado por la fiscal de identificar y tomar declaración a directores y empleados de Caja España-Caja Duero, es la primera admisión de casos no sólo de las llamadas preferentes, sino también de los de la denominada deuda subordinada, lo que, para la Unión de Consumidores «supone reforzar la persecución fiscal y policial de las presuntas acciones delictivas cometidas por los órganos directivos y empleados de las cajas, en la colocación masiva de productos financieros complejos en un sector amplísimo de la población, que no cumplía con las capacidades para suscribir lo que firmaban».
A juicio de esta organización, «los consejos de dirección (de las dos cajas) diseñaron estrategias masivas de financiación irregular a costa de pequeños ahorradores, clientes fieles y confiados de toda la vida, sabiendo de antemano que suscribirían los productos en atención a esa confianza y sabiendo que no cumplirían los requisitos de conveniencia e idoneidad que exige la ley».
«A pesar de ello», continúa la UCE en su nota de prensa, desde Banco Ceiss «decidieron colocar las preferentes y la deuda subordinada, productos de alto riesgo diseñados para profesionales financieros, en economías domésticas de pequeños ahorradores conservadores en una intolerable acción perfectamente diseñada, ajena a los mínimos principios éticos y legales de buena práctica bancaria y de los derechos que amparan a los consumidores», concluyen.
Fuente: El Día de Valladolid.
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