La oposición denuncia la actuación de la Delegación del Gobierno contra estas personas "estafadas"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha negado que exista una "persecución política" a los afectados por la comercialización de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas de las antiguas cajas de ahorro gallegas, a los que, según sus números, se abrieron entre 30 y 35 expedientes tras más de 1.500 actos de protesta. "Esto pone las cosas en su sitio", ha sentenciado.
En el pleno del Parlamento, el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, ha defendido una proposición no de ley dirigida a que cese dicha "campaña de persecución" y a que se restituya su dinero a todos los ahorradores que aún no lo recuperaron (en torno al 40% de titulares de estos productos financieros complejos en Galicia).
Al respecto, Jorquera ha denunciado que, solo en la provincia de Pontevedra, las sanciones ascienden a unos 16.000 euros, que, a su juicio, "solo buscan amedrentar" a los manifestantes, algo que, según ha criticado, "parece que está de moda". "Coser a multas a los que protestan. La seguridad como pretexto para recortar la libertad", ha incidido. Además, ha respondido a la intervención de Puy asegurando que unos 35 expedientes le parecen "muchos" y un hecho "grave".
Por su parte, el portavoz de AGE, Xosé Manuel Beiras, ha dado su apoyo "en todos sus términos y en todos sus puntos" a la iniciativa del Bloque, "especialmente" en lo referido a que pare "la campaña de persecución" del delegado del Gobierno, Samuel Juárez, al que ha criticado por actuaciones de las fuerzas del orden como la sucedida durante movilizaciones de las trabajadoras de conservas Cuca en Vilaxoán (Pontevedra).
Por parte del PSdeG, la diputada Carmen Gallego ha reprobado que todavía quedan "más de 500 millones de euros atrapados" en preferentes, correspondientes a personas a las que "el Gobierno gallego está dando la espalda" y que, a mayores, están "siendo perseguidas y difamadas".
TENER EN CUENTA "LAS CIRCUNSTANCIAS"
Tanto Jorquera como Gallego han evidenciado las condiciones de gran parte de estos manifestantes, de avanzada edad, a lo que el popular Pedro Puy ha respondido admitiendo que sus expedientes, a su juicio, "deben ser tratados teniendo en cuenta las circunstancias" pues es "gente mayor" que ha debido afrontar un "problema muy grave".
Con todo, Puy ha negado que las manifestaciones sean perseguidas en la Comunidad gallega y ha hecho hincapié en que "no hay ningún expediente abierto por manifestarse". "Lo que hay", ha contrapuesto, son expedientes abiertos después de que, "en el curso de una manifestación", ocurran "cosas que van en contra" de la ley orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana, del año 1992. "Cuando hay una infracción de la ley, es por lo que se producen apertura de expedientes", ha apostillado.
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