Preferentes y deuda subordinada de Caja España: ¿Quién responde?

Caja España (inicialmente conocida como Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León) nació - según su declaración de intenciones- como “una institución financiera exenta de lucro mercantil, con carácter de caja general de ahorro popular, por lo que debe destinar los beneficios netos obtenidos en cada ejercicio a constituir reservas para mayor garantía de los fondos administrados, financiar su propio desarrollo y realizar las obras sociales previstas en sus fines específicos”.

Pues bien, esta Entidad que constituyó en su día un legítimo orgullo de los leoneses, ha devenido en un desguace anunciado, debido a que una fauna constituida por políticos, sindicalistas y financieros de medio pelo, de la más variada condición, la tomaron literalmente al asalto. Y ahora ¿qué tenemos los leoneses?: un barco naufragado, cuyos despojos se quiere repartir, para más, inri, otra Caja que, al parecer, ha tenido más suerte con sus gestores.

Resultado: cientos de trabajadores a la calle, un agujero de más de 600 millones de euros y una monumental estafa consentida desde el Poder Político (Banco de España y C.N.M.V.) a través de la comercialización de unos productos tóxicos (preferentes y deuda subordinada) que ha condenado los ahorros de miles de leoneses (más de 25.000 solo en la provincia), en la mayoría de los casos pensionistas, que, el único delito que han cometido, ha sido confiar en una Institución gobernada por unos “listillos” que, en los años del “todo vale” han hecho de su beneficio particular, norte y guía de sus conductas.

Y ¿qué pasa con los presuntos responsables de tal desaguisado? Pues, como suele ocurrir, aflora la “omertá” o ley del silencio y nadie responde de nada. En otras Cajas del resto de España (Bankia, Caixa Cataluña, Castilla la Mancha, etc), al menos, se están exigiendo en los Juzgados y en la calle a los Blesa, Serra, Hdez Moltó, etc. responsabilidades, incluso penales, por delitos societarios, mala administración, etc. En Caja España, por lo que se ve, todo ha sido un modelo de administración.

Y a este respecto ¿dónde está la Fiscalía Anticorrupción, defensora, por imperativo constitucional, del interés público tutelado (Art. 124 de la Constitución) y con competencias para promover la exigencia de responsabilidades?: al parecer, ni está ni se la espera.

¡De vergüenza!

Fuente de datos: Leon noticias.com