Bancaja colocó 64.000 euros en obligaciones subordinadas –unproducto financiero de alto riesgosimilar a las preferentes- al matrimonio de ciegos formado por J. B. y M. T., de 78 y 76 años, respectivamente. Un director de la oficina de la antigua caja (ahora Bankia) se desplazó en mayo de 2011 al domicilio en Valencia de los afectados para persuadirles de que invirtieran el dinero de un plazo fijo que acababa de vencer en el producto tóxico. El empleado no les ofreció una versión en Braille del contrato ni expuso el peligro de la operación. Y colocó la mano de los invidentes sobre el papel para que firmasen.
El matrimonio de ciegos, que tenía reconocida una minusvalía del 90%, puso una reclamación contra Bankiaen febrero de 2013 para recuperar el dinero. Nueve meses después, el banco nacionalizado accedió a reintegrarles la inversión. “Con esta reacción tan rápida, Bankia quería que el caso no saltase a la prensa”, ha indicado el portavoz en la Comunidad Valenciana de Ausbanc, el abogado José Antonio Pérez, que ha detallado el caso a EL PAÍS.
Bankia, según Ausbanc, reaccionó solo tras recibir la notificación extrajudicial y comenzó a negociar con esta organización, cuyos abogados defendían al matrimonio de invidentes, que trabajaron en la ONCE. El propio director de Bancaja se puso en contacto con los ciegos para pedirles que no denunciaran. Bankia ha declinado opinar al respecto.
Por otra parte, Pérez ha divulgado este viernes una sentencia que obliga a Bankia a pagar 30.000 euros al albañil en paro Francisco Mateos Martín. El juzgado de primera instancia de Sueca (Valencia) condena a la entidad a devolver el dinero a este hombre que solo estudió EGB. El juez exige también al pago de las costas.
La decisión judicial anula el contrato que firmó Mateos con Bancaja y justifica que el afectado carecía de cultura financiera para entender la complejidad del producto de alto riesgo. Señala además que la contratación se guió por la relación de confianza durante una década entre el damnificado y el director de la sucursal de Bancaja de su municipio, Corbera, donde –según Mateos- hay más de 300 víctimas de las preferentes de Bancaja. La organización también ha divulgado una sentencia que condena a Bankia al pago de 6.000 euros a un albañil de Alzira de 74 años sin estudios.
Ausbanc estima que hay 50.000 afectados valencianos por las preferentes de la antigua Bancaja que no han denunciado a Bankia para recuperar su inversión. Según esta organización, el banco nacionalizado desarrolla “una campaña” para que las víctimas no recurran a los tribunales.
Ausbanc insta a los “estafados” a denunciar para recuperar el dinero. “La única forma de hacer justicia es con demandas individuales”, ha explicado Pérez. La sede de esta asociación en Valencia es un despacho jurídico que cobra por defender a las víctimas unos honorarios que no especifica a este periódico. Sostiene que ganan el 95% de las demandas desde 2004 y que ya han recuperado ocho millones de euros de sus clientes en España.
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