Ni participaciones ni preferentes

En estos días se han cumplido dos años desde que UPyD presentó una querella por estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas, administración fraudulenta y desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas, contra todos los miembros del consejo de administración de Bankia y su matriz, Banco Financiero y de Ahorros, que ostentaban esta responsabilidad al tiempo de su salida a bolsa. Y también, dos años de las primeras sentencias de los Tribunales de Justicia sobre las participaciones preferentes.

En principio, las participaciones preferentes como producto financiero no planteaban ninguna objeción desde el punto de vista jurídico.

Y esto a pesar de su complejidad técnica y de los elevados riesgos para los potenciales inversores. Las objeciones, los conflictos, las injusticias surgieron con su comercialización.

Y, en particular, a clientes con ninguna o escasa aptitud para comprender de una manera completa las características del producto cuya contratación les proponía el director de su oficina «de toda la vida», habitualmente de una caja de ahorros. Según las estadísticas sobre afectados, más del ochenta po ciento ofrecen un perfil de ahorrador tradicional («de cartilla y plazo fijo») y mayores de 70 años… Personas que, en la mayoría de los casos, tras una vida de trabajo, esfuerzo, sacrificios y privaciones depositaron sus ahorros -y su confianza- en entidades financieras, sin ser conscientes de estar contratando un producto de altísimo riesgo.

La venta masiva de participaciones preferentes a ciudadanos de a pie o, en términos jurídicos, a clientes minoristas o consumidores, es sin duda el mayor fraude económico de nuestra historia reciente, salvando las distancias, como en su momento sucedió con la tragedia del aceite de colza. Les dijeron que eran como el depósito a plazo fijo pero con más intereses pero no les dijeron que el riesgo era elevado, que no estaban cubiertas por ningún fondo de garantía, que no tenían plazo de vencimiento y que para su venta había que acudir a un mercado secundario que no tenía liquidez inmediata.

La consecuencia de la insaciable voracidad de algunas entidades financieras, y de sus agresivas políticas comerciales, ha sido que casi un millón de ciudadanos se han visto gravemente perjudicados en sus economías. Las denominadas «participaciones preferentes» están mereciendo la reprobación de los ciudadanos y de los Tribunales porque, deliberadamente, se trata de un término que induce a engaño ya que ni son participaciones en sentido mercantil y porque no incorporan ningún derecho que, en rigor, pueda calificarse como preferente. A excepción, del «derecho» a participar en las pérdidas o riesgo patrimonial del emisor…

Afortunadamente los jueces y magistrados, en la mayoría de los casos, están haciendo Justicia declarando la nulidad de los contratos cuando así se lo han demandado los perjudicados. Sin embargo, todavía, están pendientes de concretarse las responsabilidades de quienes diseñaron, autorizaron y comercializaron un producto financiero que ha dañado la vida (más allá de lo económico) de miles de personas. Y, en particular, la responsabilidad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Banco de España en el ejercicio de sus funciones de obligada supervisión de las entidades financieras.

Y también está pendiente la responsabilidad de los políticos del Partido Socialista y del PP que legislaron a favor de que las empresas pudieran financiarse a través de los eufemísticamente denominados como «territorios de baja tributación» o popularmente conocidos como paraísos fiscales.

Aquí está el origen de un problema que, además de los efectos comentados, perjudicó, también gravemente, a los accionistas que con la «deslocalización» perdieron las competencias que la ley otorga a su junta general y, sobre todo, el grave perjuicio a todos los ciudadanos españoles («Hacienda somos todos») porque las empresas emisoras de participaciones preferentes, domiciliadas en paraísos fiscales, dejaron de pagar en España miles de millones de euros en impuestos. En fin, esto es lo que hay… por ahora.

Fuente de datos: diariodeleon.es