Caja Duero pagó un sobreprecio de 23,1 millones de euros en la compra de tres edificios en 2007 en Madrid, Valencia y Salamanca. La decisión derivaría en posibles delitos de estafa y administración desleal, según informes solicitados para aclarar operaciones sospechosas a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Se trata de análisis jurídicos encargados a instancias del Banco de Españapor el Banco Ceiss, la entidad en la que se transformó Caja Duero en 2011 tras recibir más de 1.100 millones de euros de dinero público del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
El exdirector de Desarrollo Corporativo de Caja Duero José María de la Vega participó en los negocios bajo sospecha. De la Vega ya fue imputado en el caso Nózar, como se denomina el presunto pago de sobreprecios millonarios en la compra de un edificio en Madrid en 2008. Este periódico no ha podido contactar con De la Vega, que hasta hace dos meses era director general de Banco Ceiss (hoy integrado en Unicaja Banco). De la Vega ahora es responsable de Medios e Integración, un cargo de confianza, según fuentes de la entidad.
La primera de las operaciones cuestionadas apunta a la sede principal de la entidad en la calle del Marqués de Villamagna de Madrid. Caja Duero adquirió este acristalado inmueble de 8.000 metros cuadrados y ocho plantas en mayo de 2007 por 84 millones. La compra, sin embargo, nunca debió superar los 63,5, según uno de los informes encargados por Banco Ceiss a la empresa de tasaciones UVE Valoraciones.
Estafa y administración desleal
La compra de tres sedes de la extinta Caja Duero en Madrid, Valencia y Salamanca en 2007 por un precio que supera en 24 millones las tarifas de mercado podría sentar en el banquillo a los directivos de la antigua entidad y salpicar a los actuales administradores de Banco Ceiss. Un informe jurídico encargado por el banco al que ha tenido acceso este periódico cuestiona a los responsables de Caja Duero que participaron y aprobaron la compraventa del edificio de la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Los letrados sugieren que estos directivos podrían haber cometido un delito de estafa agravada (artículo 250.1 del Código Penal). Se enfrentarían a penas de uno a seis años de prisión. Aprecian también indicios de un delito de administración desleal. El documento anima a reclamar el dinero derivado de las “negligencias”.
Un segundo estudio, elaborado también a petición de Banco Ceiss, recoge irregularidades en la operación de Valencia. “Existen indicios de que, tanto Tinsa como los responsables de Desarrollo Corporativo de Caja Duero, actuaron de forma negligente, procurando un importante prejuicio económico a la entidad”.
Respecto a la compra de la sede de Madrid, donde la extinta Caja Duero pagó un sobreprecio de más de 20 millones de euros, un análisis jurídico del catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid Julio Banacloche aprecia conducta negligente en el entonces presidente de Caja Duero Julio Fermoso, la comisión ejecutiva y el consejo de administración. El letrado critica que una compra de 84 millones se aprobara sin tasación. Ve, además, indicios de administración desleal aunque este delito ya habría prescrito. Y anima a Banco Ceiss a reclamar al consejo de administración de la extinta Caja Duero los millones que se perdieron con la compra del inmueble de Salamanca. Los informes jurídicos encargados por Banco Ceiss por recomendación del Banco de España para aclarar irregularidades en los tres edificios advierten a los actuales administradores del banco que podrían verse envueltos en problemas legales de no denunciar las transacciones de la extinta caja.
El negocio de Marqués de Villamagna fue defendido con vehemencia por el entonces presidente de Caja Duero Julio Fermoso en la comisión ejecutiva del 15 de marzo de 2007. Argumentó que era una “oportunidad” para concentrar varias oficinas y sucursales de Madrid. Fermoso no informó a sus consejeros de los “vicios ocultos” del edificio. Unos problemas en la estructura que multiplicaron por cuatro (8,6 millones) la factura prevista de la remodelación. Este directivo también fue imputado en el caso Nózar.
Para comprar el edificio Villamagna, Fermoso y la Comisión Ejecutiva se guiaron solo por un informe de la consultora inmobiliaria Aguirre Newman. El documento animaba a la transacción pero no incluía una tasación independiente. Aguirre Newman era parte interesada y, como tal, recibió una comisión del 1% (840.000 euros) como intermediario. La consultora inmobiliaria declina responder a EL PAÍS.
El catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid Julio Banacloche destaca en un informe encargado por el Banco Ceiss que Caja Duero compró su sede en Madrid sin tasación. Los únicos peritajes sobre el edificio se encargaron tras la transacción y afloraron la necesidad de un desembolso millonario, en la reforma citada.
Caja Duero, que llegó a superar los 20.000 millones en activos, fue una de las grandes cajas de ahorro de Castilla y León, junto con Caja España. Ambas acabaron fusionándose en el proceso de reestructuración financiera y formando Banco Ceiss. No obstante, la indigestión provocada por el ladrillo le llevó a echarse en brazos de Unicaja Banco.
Además de la compra del edificio de la calle Villamagna, los informes revelan sobreprecios en la compra en julio de 2007 de un edificio de 1.100 metros en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. La entidad abonó por el inmueble 18 millones desoyendo una tasación que cifraba su valor de mercado en 16,3. Los documentos señalan un enigmático correo de la directora de infraestructuras de Caja Duero de junio de 2007 a la tasadora Tinsa: “Se trata de un encargo especial que necesita un tratamiento especial”, precisó. El negocio de Valencia se cerró de forma “urgente” en cuatro semanas. No contempló ofertas alternativas. Y pasó por alto una reforma de la propiedad de más de 1,3 millones. Las prisas de los directivos por hacerse con el céntrico edificio no quedaron justificadas, según las severas auditorías encargados por el Banco Ceiss por recomendación del Banco de España.
Los informes apuntan como irregularidad que Caja Duero abonó en la compra de su sede valenciana una comisión del 2% (360.000 euros) a una sociedad vinculada a la hija de los vendedores de la propiedad. Una condición “inédita”, según fuentes financieras. “No es normal que las comisiones las pague el comprador”, añade otro informe jurídico. El órgano ejecutivo de Caja Duero presidido por Fermoso aprobó por unanimidad la “controvertida” operación de Valencia.
En Salamanca, Caja Duero adquirió en junio de 2007 la propiedad denominada Casa de María la Brava. Una transacción que hoy está bajo el foco. El edificio de 1.200 metros se compró por 11,6 millones pese a que la tasación rebajaba su valor de mercado a 9,7. Casi dos millones de diferencia que nadie pudo justificar.
También Banco Ceiss ha rechazado responder a este periódico. La entidad argumenta que los negocios de la discordia se aprobaron antes de su constitución, en diciembre de 2011.
investigacion@elpais.es
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