Un juzgado de primera instancia de Santiago ha anulado la venta de deuda subordinada y de participaciones preferentes que la antigua Caja España -ahora Banco CEISS, propiedad de Unicaja- hizo al compostelano Miguel Casal Rubio. El fallo obliga a la entidad a devolver al afectado 92.000 euros, más los respectivos intereses. El demandante había adquirido en julio del 2008 sesenta títulos de obligaciones subordinadas por importe de 60.000 euros y, poco después, en abril del 2009, se hizo con 32 títulos de participaciones preferentes, cuya cuantía ascendía a 32.000 euros. Miguel Casal contaba en el momento de la contratación con 73 años. La magistrada fundamenta el fallo en la falta de transparencia a la hora de informar al cliente sobre unos productos complejos, tal y como se refiere a ellos la propia CNMV y el Banco de España- e insiste en que el contratante no responde a un perfil inversor. La jueza ha tenido en cuenta la edad del denunciante, que carecía de estudios y que pudo demostrar que no había invertido con anterioridad en productos financieros complejos.
«Esta sentencia supone, desde un punto de vista jurídico, una continuidad en lo referente a la cada vez más abundante jurisprudencia menor, la dictada por las audiencias provinciales», sostiene Alfonso López, letrado de Miguel Casal.
«Ha de significarse que el demandante es consumidor y no se ha aportado ningún elemento probatorio a los autos que permita presumir que dispone de unos mínimos conocimientos en materia financiera», sostiene la jueza en el fallo, quien añade, además, que tampoco se ha acreditado que la entrega al demandante de copa de los correspondientes folletos informativos con la debida antelación para que pudiera examinarlos.
Del conjunto de afectados por la comercialización de productos tóxicos en todo el Estado, los preferentistas de Caja España son los más perjudicados del país. Ello obedece a que no han podido acudir a la vía del arbitraje y a que Unicaja, propietaria de la entidad, solo les ha ofrecido como posibilidad convertir sus bonos en acciones cuando coticen en el mercado de valores, lo que significa que no pueden recurrir el dinero de la quita.
«En muchos casos se demuestra una falta de transparencia en la información facilitada por la entidad a clientes que tienen el perfil de ahorradores y con nulos o escasos conocimientos financieros», sostiene el abogado Alfonso López.
Fuente de datos: lavozdegalicia.es
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