El Banco de España tendrá que explicar este jueves ante la titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de León si autorizó los créditos que tanto Caja España como Caja Duero concedieron al ex presidente Santos Llamas, incluso cuando se consideraba que el constructor tenía grandes riesgos de impagos y su situación era de insolvencia. Los peritos del organismo supervisor están llamados también a declarar al juzgado leonés para que expliquen si se abrió un expediente sancionador a las entidades financieras, y por qué se permitió que Llamas siguiera en el consejo de administración de Caja España-Duero cuando era incompatible con la legislación por si situación de moroso.
La magistrada del Juzgado Número 5, Rocío González, ha llamado a declarar como testigo a un perito que realizó un informe del Banco de España sobre la ilegalidad de la participación de Santos Llamas en los órganos de gobierno de las cajas, así como sobre las irregularidades en operaciones de crédito a empresas relacionadas con el empresario leonés. El informe se elaboró en marzo de 2013, después de que Llamas abandonase el consejo de administración; y se incorpora a las diligencias previas por la denuncia de Izquierda Unida y de la Fiscalía contra los ex directivos de Caja España, Caja Duero y Ceiss por un presunto delito de administración desleal.
Mandato
Santos Llamas llegó a la presidencia de Caja España en julio de 2006, y la ocupó hasta octubre de 2010. Sin embargo, se mantuvo como consejero de la entidad fusionada Caja España-Duero hasta octubre de 2012. Según el informe elaborado por el Banco de España, los créditos concedidos al constructor y la refinanciación de sus deudas no contaron con las garantías suficientes, ni fueron calificados con el riesgo que realmente se asumía, lo que supuso para la entidad un quebranto que la Fiscalía calcula en 60 millones de euros.
El informe del supervisor señala que el 80% de un total de 46 operaciones de crédito analizadas, que fueron concedidas a Llamas (29 de ellas por Caja España y otras 17 por Caja Duero) no fueron calificadas de riesgo, a pesar de que lo eran. En total el constructor obtuvo préstamos o avales por 67,9 millones en el caso de la entidad con sede en León, y 8,8 millones en la que entonces tenía sede en Salamanca.
Los problemas de Llamas para la devolución de los préstamos concedidos se hicieron evidentes al inicio de 2009, cuando se le aprobó una operación de reestructuración de deuda, después de que varias de las sociedades en las que participaba hubieran incurrido ya en impagos.
El constructor se mantuvo todavía en la presidencia de la entidad casi otros dos años, a pesar de que la ley le obligaba a abandonar los órganos de dirección de la entidad. Sin embargo, el consejo de administración permitió que se siguieran en vigor los préstamos, que seguían sin estar calificados como de riesgo por la morosidad y la «insolvencia manifiesta» en la que se encontraban las empresas.
Trato de favor y embargos
De hecho, en lo que el Banco de España considera un trato de favor por parte de los consejos de administración de las dos entidades, ni siquiera se le exigieron garantías para respaldar los préstamos. Y en el caso de Caja Duero se concedieron incluso a pesar de que desde análisis de riesgos se desaconsejó seguir adelante con las refinanciaciones. Operaciones que se mantuvieron hasta 2012.
Banco Ceiss no comunicó al ex presidente las primeras notificaciones de embargo por impago de créditos hipotecarios hasta el verano de 2013, entonces por el impago de 5,1 millones de euros; aunque a este impago le sucedieron otros más.
Santos Llamas ya acudió a declarar ante la Audiencia Nacional, junto con el expresidente de Caja Duero Julio Fermoso y ocho directivos, el pasado 22 de octubre. Entonces tuvieron que explicar ante el juez Eloy Velasco cómo idearon la comercialización de participaciones preferentes y deuda subordinada en 2009 y 2010. La Unión de Consumidores les acusa de estafa, entre otros delitos, y se investiga si aprobaron la comercialización para retrasar u ocultar el deterioro de la entidad y para captar activos, en perjuicio de sus clientes.
Fuente de datos: eldiariodeleon.es
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