El futuro de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno del PP y ex director gerente del FMI, Rodrigo Rato, —que según la Agencia Tributaria suma 26,6 millones de euros de patrimonio personal, una cantidad que él ha negado— está en manos de su sucesor al frente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. En los próximos días la entidad bancaria llevará a los tribunales a Rato para exigirle 133 millones de euros, la sexta parte de la fianza de 800 millones, que Bankia aportó en metálico ante la Audiencia Nacional para afrontar posibles responsabilidades por su fallida salida a Bolsa y satisfacer las reclamaciones de los accionistas.
Alrededor de diez días después de aquel 17 de marzo en el que se depositó el dinero, Bankia remitió a Rato y a otros tres ex altos cargos de la entidad (José Manuel Fernández Norniella, José Luis Olivas y Francisco Verdú) un requerimiento notarial para que aportasen su parte alícuota. La entidad les dio un plazo de un mes, que expira en los próximos días. Rato —que en su día formuló un recurso aún sin resolver contra la fianza que le impuso la Audiencia Nacional, alegando que no le corresponde hacerle frente— no ha contestado todavía a Bankia. Fuentes de su entorno avanzan que “hará valer ante la entidad sus derechos” en los próximos días.
Los otros tres altos cargos de Bankia también recurrieron la fianza impuesta por la Audiencia Nacional y sostienen que la apelación paraliza el plazo del requerimiento notarial de Bankia. De manera que todo estaría en suspenso hasta que la Audiencia delibere, algo que, según Efe, hará este viernes. Fuentes de la entidad financiera discrepan y aseguran que la demanda civil contra Rato y el resto de altos cargos se interpondrá en los próximos diez días cuanto expire el ultimátum, resuelva o no la Audiencia. Lo único que podría salvar a Rato, así como a Fernández Norniella, Olivas y Verdú, de congelar sus bienes es que la Audiencia Nacional reduzca o anule la fianza. Cualquier modificación del dinero reclamado cambiaría la situación, pero nadie en Bankia está pensando ahora en frenar el procedimiento civil contra Rato y los otros exdirectivos. La entidad presidida por Goirigolzarri está controlada por el Estado, y el Gobierno de Mariano Rajoy no se ha opuesto a esta estrategia.
Las fuentes consultadas por este diario aseguran que la detención de Rato el pasado jueves, los registros en sus propiedades y la acusación del fiscal, que le atribuye fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, no han hecho cambiar los planes ni a Bankia ni al Gobierno.
La sospecha de la fiscalía, que parte de un prolijo informe de la Agencia Tributaria, es que el exvicepresidente quería salvar su patrimonio de eventuales fianzas a través de un alzamiento de bienes. Los investigadores han puesto la lupa sobre los cambios de titularidad de algunas propiedades a su nombre para registrarlas a favor de sus familiares.
Si la instrucción confirmase la tesis del fiscal del caso, Carlos García Berro, los movimientos han de ser recientes, ya que la fianza se fijó hace un mes. Salvo que Rato intuyera lo que iba a pasar en el procedimiento judicial tras la quiebra de la entidad y preparase su estrategia con meses de antelación.
Sigue como asesor en Telefónica
Nada más salir de Bankia, cuando la entidad fue intervenida, Rato recaló como consejero en tres gigantes del Ibex-35. Telefónica fue la primera que requirió sus servicios tras el fiasco del banco. En enero de 2013 se incorporó con un sueldo de 200.000 euros anuales como asesor externo en el consejo de la multinacional para Europa y Latinoamérica.
En septiembre de 2013, el exvicepresidente fichó primero por el Banco Santander y luego por La Caixa, a través de su división inmobiliaria Servihabitat, con remuneraciones anuales que también rondaban los 200.000 euros anuales.
Cuando empezó a complicarse su situación judicial al ser imputado en el caso Bankia, La Caixa se desvinculó del exdirector general del FMI, en agosto de 2014. Rato dejó de ser consejero de Servihabitat, una sociedad participada al 49% por La Caixa, aduciendo "motivos personales" y se incorporó como asesor internacional de la división de crédito del fondo Texas Pacific Group, socio de la inmobiliaria Servihabitat, donde estuvo solo unos meses. El Santander prescindió de sus servicios en noviembre de 2014 al disolver el consejo internacional del que Rato formaba parte.
El expresidente de Bankia ya ha tenido que hacer frente a una fianza de tres millones de euros por el caso de las tarjetas black. Entonces, en octubre pasado, fue un primo suyo, Juan Alvargonzález Figaredo, heredero de una conocida estirpe naviera asturiana, quien inmovilizó esa cantidad en el Banco Sabadell para evitarle la humillación del embargo.
Fuentes de Bankia sostienen que la demanda no espera recuperar la totalidad del dinero —ni Rato ni ninguno de los otros tres directivos acumula 133 millones de euros—. Lo que se pretende es evitar al menos que los ex altos cargos sigan viviendo a todo lujo, sobre todo Rato y quizás Olivas, mientras la entidad pública, que tuvo que ser rescatada con más de 22.424 millones de euros, soporta los gastos de su gestión. Por eso se les reclama 133 millones, mediante garantía personal, y que identifiquen sus bienes.
El requerimiento de Bankia remitido a Rato hace un mes ya le imponía “la obligación de no disponer ni enajenar, ni imponer cargas ni gravar por cualquier concepto y título” sus bienes y derechos económicos. Las mismas fuentes apuntan que Bankia quiere que cada afectado reclame contra el seguro de responsabilidad civil, que cifran en 100 millones de euros. El seguro está contratado con Mapfre. Esto sería lo más importante para la entidad.
El propio fiscal que interpuso la denuncia contra Rato en el juzgado el pasado jueves pidió que se bloqueasen las 78 cuentas bancarias que el exvicepresidente tiene en 13 entidades diferentes. El juez Enrique de la Hoz, que se hizo cargo del caso tras recibir la denuncia, acordó el viernes esta medida, cuando ya se habían registrado la casa de Rato y su despacho profesional, en el centro de Madrid. Los 13 bancos recibieron instrucciones del juez para que se le remita en el plazo de un mes todos los movimientos de esas cuentas desde 2009.
Los abogados y el procurador de Rato tienen previsto personarse hoy ante el juez del caso para conocer de qué se le acusa exactamente. Según fuentes de su entorno, su defensa reclamará la documentación requisada en los registros y el levantamiento del secreto de sumario para preparar su defensa. Rato también pedirá la devolución de una tableta electrónica que se llevaron los agentes de Aduanas de su casa.
Fuente: política.elpais.com
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