El director de una oficina de Caja Madrid que metió a un cliente en el embrollo de las participaciones preferentes le ha ayudado, cinco años después, a salir de él. En su declaración como testigo, el empleado (ya jubilado), admitió que no proporcionó al cliente, un lotero de 78 años, información adecuada sobre los riesgos del producto financiero. Su confesión ha servido de base para que un juez de Barcelona anule el contrato y obligue a Bankia a devolver los 586.151 euros que el cliente invirtió en preferentes entre 2009 y 2010.
La declaración del exdirector arroja luz sobre cómo gestionaron las entidades bancarias —o al menos la extinta Caja Madrid— la venta de preferentes. Reconoció que recibía “presiones” de sus superiores (“cuatro o cinco veces al día”, relató), del director de zona de la caja de ahorros, que le llamaba por teléfono para saber “qué importe habían colocado”. Debido a esas presiones, los test de idoneidad —para analizar si el perfil del cliente, minorista o profesional, era acorde con el producto— se hacían sin demasiado rigor. “Se leían las preguntas del test, pero se indicaban las respuestas para permitir la venta del producto”. Sobre sus características, “no se entraba en detalles”, añadió.
El exdirector narró que, desde hacía al menos 15 años, mantenía una relación de “confianza y cordialidad” con el cliente afectado, hasta el punto de que se regalaban, de tanto en cuando, aceite de oliva de Jaén. El cliente había regentado un establecimiento de quinielas que le permitió acumular unos ahorros. Nunca se interesó por productos de gran rentabilidad: se limitaba al clásico depósito a plazo fijo a las letras del Tesoro. En 2009, además, era viudo y le había sido diagnosticado un cáncer de próstata. Fue el director quien le propuso anular el plazo fijo sin penalización y cambiarlo por preferentes. El exdirector le explicó, según la demanda, que era “seguro, sin riesgo” y que podría disponer de los fondos cuando los necesitase.
Esa despreocupación por los resultados llevaba, dijo el exdirector, a omitir explicaciones que, a la larga, han resultado imprescindibles. Por ejemplo, no se informaba del riesgo de no cobrar dividendos. “Había temas que se obviaban”, señaló antes de admitir que ni siquiera él conocía uno de los riesgos que entrañan las preferentes: la pérdida total de la inversión.
“Lo expuesto por el testigo”, recoge el juez Guillem Soler en su sentencia, “es suficiente para apreciar que la información fue insuficiente y no exhaustiva, en relación con la complejidad del producto y el perfil” del cliente. Los documentos avalan esa tesis, de ahí que el magistrado decida —como en tantas otras demandas por participaciones preferentes— declarar nulo el contrato de adquisición de preferentes. El hombre dio su consentimiento, pero no conocía los riesgos. En su defensa, el banco había alegado que fue “la crisis económica posterior”, y no su actuación la que causó los problemas del cliente. El titular del juzgado de primera instancia número 1 de Barcelona, sin embargo, concluye que los contratos son nulos. La nulidad afecta también al canje de preferentes por acciones de Bankia y obliga a la entidad a devolver el dinero inicial al afectado, más los intereses.
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