Tres exdirectivos de Caja Duero y Caja España han defendido hoy en la Audiencia Nacional que la emisión de preferentes contó con el aval del Banco de España y la CNMV y que, aunque suponía un porcentaje mínimo de sus ingresos, decidieron ejecutarla por fidelizar a sus clientes, que las reclamaron.
Hoy han declarado como imputados ante el juez Eloy Velasco los exdirectores financieros de Caja Duero, Arturo Jiménez, y de Caja España, Antonio Fernández, así como el exdirector comercial de esta última entidad Óscar Fernández por "idear" presuntamente la emisión de preferentes y deuda subordinada como instrumento para capitalizar las entidades "a costa y en perjuicio de los clientes".
Según han informado fuentes jurídicas, los tres han alegado que se canjearon las participaciones de 2003 y 2004 en 2009 para ayudar a sus clientes, ya que les suponía poder cobrar un interés mucho mayor.
Caja España lanzó una primera emisión el 11 de noviembre de 2004 por un total de 150 millones de euros y, posteriormente, el 19 de mayo de 2009 por 200 millones, ofreciendo un tipo de interés en la primera del 5,15 % para pasar al 8,25 % de la segunda, con una periodicidad del pago del cupón en ambos casos trimestral.
Mientras, Caja Duero realizó otras dos emisiones, una en 2003 y otra en 2009, esta última por importe de 100 millones y con un tipo de interés del 8,75 por ciento, con la misma periodicidad trimestral.
En todo caso, los tres exdirectivos han explicado al juez que el porcentaje de híbridos no representaban ni el 3 % de sus beneficios, ya que el grueso lo tenían con los contratos hipotecarios y productos de plazo fijo, pero se decidieron las emisiones para fidelizar a sus clientes, que demandaban este tipo de híbridos y a los que siempre se pagaron los cupones.
Asimismo, han asegurado que los detalles de los productos estaban perfectamente explicados en el tríptico y en el folleto de emisión, y que estaban avalados tanto por el Banco de España como por la CNMV.
Han desvelado además que junto al tríptico, las entidades difundieron una circular interna en la que se emplazaba a los empleados a explicar todas las dudas de los clientes a la hora de comercializar los productos.
Por último, han alegado que sus respectivas cajas cumplían las ratios de solvencia y han culpado al decreto de reforma financiera aprobado por el Gobierno en febrero de 2012 de no haber podido seguir pagando los cupones más allá de 2013.
Han coincidido así con lo que declararon el pasado miércoles Santos Llamas y Julio Fermoso, expresidentes de Caja España y Caja Duero, así como a los exdirectores generales de ambas, Javier Ajenjo y Lucas Hernández, también imputados en esta causa.
Pese a que han defendido su solvencia en el momento de la emisión y que sus cuentas fueron aprobadas por el Banco de España, para el abogado de la acusación ejercida por la Unión de Consumidores de Castilla y León, Santiago Díez, "está claro que las preferentes y las subordinadas les computaban como recursos propios y el sentido de esas emisiones no era otro que emitir recursos propios".
"Ellos dicen que no tenían ningún tipo de instrucción sobre el público al que iban dirigidos y hay documentos en la causa que dice que cualquier tipo de economía doméstica y minorista era apta para esta comercialización", ha concluido.
Velasco les imputó después de que la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional le obligara el 29 de julio a admitir a trámite la querella de la UCE contra la cúpula de Caja España y Caja Duero, tras haberla archivado.
Los ocho estaban acusados en la querella de delitos de estafa, publicidad engañosa, administración fraudulenta o desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas.EFE
Fuente de datos: finanzas.com
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