56 consejeros y directivos de Bankia; 12 de NCG Banco; 10 de Catalunya Banc; ocho de Banco CEISS, y uno de BMN tuvieron que limitar sus salarios
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se autoimpone ahora la medalla de actuar con “rapidez y diligencia” frente a las irregularidades en las cajas de ahorros nacionalizadas. Pero el esfuerzo por una mayor transparencia en los salarios de consejeros y directivos de esas entidades se inició meses antes de su triunfo en las elecciones generales. Las indagaciones del Banco de España y la obligación de publicar de manera detallada todas las retribuciones le enfrentó directamente con el sector, especialmente con entidades como Banco CEISS, y las medidas posteriores no acabaron de detectar prácticas opacas como las de las tarjetas de Caja Madrid.
El uso y abuso de las tarjetas ‘black” para directivos y consejeros de Caja Madrid reabren las heridas que ya se produjeron con el estallido de la crisis y las altas remuneraciones, aunque fueran legales y sin opacidad fiscal, que tenían un buen número de representantes en las cajas de ahorros y que no podían conocerse al detalle ya que no estaban obligados a su desglose al no tratarse de entidades cotizadas, como ocurría con los bancos.
Tras una primera petición en 2011 para que se conocieran todas las remuneraciones, sobre todo en las entidades bancarias que habían recibido ayudas públicas, el Banco de España no logró encontrar cuestiones irregulares en la política de retribuciones. Así ocurrió en Bankia-Caja Madrid, donde el auditor fue Garrigues para dar fe de lo que se le indicaba por parte de la entidad. En aquella auditoria, las tarjetas opacas se quedaron al margen de cualquier control.
El Banco de España dio una vuelta de tuerca más con una circular que obligaba a todas las entidades con ayudas públicas a que desglosaran, de manera individual, las remuneraciones de sus consejeros y directivos, tanto en la retribución fija como en la variable o aquellas dietas de las que fueran beneficiados.
Aquel exigente striptease, que debía ser visible antes de acabar aquel año, generó un agrio enfrentamiento entre los responsables del Banco de España, en el que aún estaba como gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), y una serie de entidades acostumbradas a mantener más que ocultas cuestiones como las remuneración de directivos y consejeros. El enfrentamiento fue especialmente duro con los responsables de Banco CEISS, entidad que surgió de la fusión de Caja España y Caja Duero. Su presidente, Evaristo del Canto, y el director general, José María de la Vega, no dieron consentimiento sobre la publicación de su retribución durante el ejercicio de 2011.
Menos tensa fue la postura de los responsables de Caja Segovia, ya integrada en la operación de Bankia, pero nadie desglosó sus retribuciones al amparo de la Ley de Protección de Datos. En Caja Ávila, también en la órbita de Bankia, un consejero se negó a hacer público el blindaje que tenía en el caso de despido. Mientras, los miembros del antiguo comité de Unnim Caixa (que posteriormente acabó en manos del BBVA), no desglosaron de manera individualizada sus salarios.
Más que el Gobernador
Aquel destape salarial generalizado, en plenas navidades, aportó datos que resultaban algo más que chocantes, en plena crisis, destrucción de empleo, ajustes salariales y recortes a la vista mientras que Mariano Rajoy, tras su victoria en la elecciones generales de noviembre de 2011, daba sus primeros pasos con el Gobierno que tenía que devolver a la economía española a la senda del crecimiento.
Una quincena de consejeros, sin función ejecutiva alguna en sus entidades (cajas de ahorros con ayudas públicas), habían tenido una remuneración superior durante 2011 a la que el propio gobernador del Banco de España, por aquel entonces Fernández Ordóñez, recibía.
El sueldo bruto anual de MAFO ascendió aquel año a poco más de 165.000 euros, una cantidad nada desdeñable en aquellos momentos (y también en los actuales), pero que ya se había visto congelado durante 2010 y tras ser recortado en un 15%, desde los 195.000 euros que percibía con anterioridad.
La retribución de esa quincena de consejeros se correspondía en su gran mayoría a la dietas por asistencia a las reuniones mensuales. Siete de ellos eran de Bankia; cinco de BMN, que planea ahora su salida a bolsa durante 2015; dos eran consejeros de Banca Cívica, que acabaría absorbida por Caixabank, y uno de NCG Banco (ahora Abanca y bajo el control del grupo venezolano Banesco).
Límites por ley
Estos casos y las millonarias retribuciones de algunos ejecutivos, con Rodrigo Rato a la cabeza como presidente de Bankia, obligó a una nueva ofensiva, en este caso desde el Ministerio de Economía, con un Luis de Guindos casi recién llegado al departamento. Una de sus primeras medidas, en febrero de 2012, fue la limitación de las retribuciones fijas (las variables desaparecían) para los ejecutivos de las entidades nacionalizadas (300.000 euros) y aquellas con ayudas (600.000 euros, aunque en agosto de aquel año se rebajó a 500.000 euros).
Aquella medida ya afectó, desde el primer momento, a 56 consejeros y directivos de Bankia; 12 de NCG Banco; 10 de Catalunya Banc; ocho de Banco CEISS, y uno de BMN. La lista de afectados se amplió en febrero de 2013, con las inyecciones a las entidades englobadas en el grupo 2 del examen de Oliver Wyman. De esta manera, 16 consejeros de Caja 3 se tenían que recortar las remuneraciones; nueve en el caso de BMN; cinco de Banco CEISS, y otros cinco de Liberbank.
Desde entonces, y pese a todo, se han detectado algunos casos en diversas entidades en las que las remuneraciones de directivos y consejeros no se habían ajustado a lo fijado ya por ley. La existencia de las tarjetas opacas de Caja Madrid, sin embargo, no se llegaron a descubrir con todos estos esfuerzos para dotar de una mayor transparencia en el gobierno corporativo del sector bancario.
Fuente de datos: Capital Madrid
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