Tras unas diligencias previas en las que la fiscalía apreció indicios de delito, el caso pasó hace un año al Juzgado de Instrucción nº 2 de Burgos, cuya titular, María Dolores Fresco, tomó la pasada semana declaración al ex presidente de la caja burgalesa. El meollo de la denuncia, presentada en su día por Unión Progreso y democracia (UPyD), no es otro que el trato de favor recibido por las empresas del propio Arribas, que entre 2.005 y 2.010 se beneficiaron de 45 operaciones de crédito, aval o garantía por un montante de 34 millones de euros. Una de dichas sociedades, Indasa, siguió recibiendo crédito cuando se encontraba en pérdidas millonarias y al borde un proceso concursal que posteriormente concluyó con su liquidación, dejando una deuda de 12 millones de euros con la entidad.
Aparte de las insuficientes garantías con que se habrían concedido dichos créditos, UPyD cifra en 1,3 millones de euros la ventaja obtenida por las empresas de Arribas gracias a las condiciones preferenciales de las operaciones denunciadas. “He dicho todo lo que sabía y he aclarado todas las dudas que pudieran existir”, declaró el imputado a su salida del Juzgado. Supuestas aclaraciones que lógicamente no han convencido al partido denunciante, que estuvo representado por Andrés Herzog, el mismo abogado está al frente de la querella sobre Bankia y de las denuncias presentadas asimismo por UPyD sobre Caja Segovia.
Coincidiendo con esta comparecencia judicial, el Partido Castellano (PCAS) ha instado al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, a que solicite el cese de Arribas como presidente de Eficanza, la empresa adjudicataria del Hospital de Burgos, concesión por la que percibe de la Consejería de Sanidad un canon anual de 71 millones de euros.
Pero para trato de favor a un presidente, el recibido por el empresario leonés Santos Llamas, catapultado en 2006 a la presidencia de Caja España mediante una candidatura conjunta apoyada por PP, PSOE, UPL y UGT. De ello da buena cuenta el informe jurídico elaborado por el Banco de España a instancias de la fiscalía de León, encargada de las diligencias previas abiertas tras la denuncia presentada hace mas de tres años por IU ante el Tribunal Superior de Justicia.
Tras apreciar indicios de “administración desleal” en Caja España y Caja Duero, las diligencias pasaron al Juzgado de Instrucción nº 5 de León, cuya titular, Rocío González, ha citado el próximo jueves a declarar al perito del Banco de España que examinó las operaciones de crédito o aval de las que se beneficiaron las empresas de Llamas.
Por si fuera poco lo anterior, el Banco de España estima que precisamente por su condición de moroso, y de acuerdo con la Ley de Cajas de Castilla y León, Llamas incumplía los requisitos para ser consejero de Caja España al menos desde enero de 2009.
Sin embargo, ejerció de presidente hasta octubre de 2010 y permaneció como consejero de Caja España-Caja Duero hasta octubre de 2012, sin que la consejería de Economía -que por otra parte dio su preceptivo visto bueno a todas las operaciones presuntamente irregulares- advirtiera dicha anomalía.
Mientras tanto, en las últimas semanas han aflorado asimismo nuevos datos sobre las millonarias prejubilaciones con las que la cúpula directiva de Caja Segovia abandonó la entidad. Nueve días antes del traspaso del negocio a Bankia, a la misma hora que los niños del colegio de San Ildefonso cantaban los premios del sorteo de Navidad de 2010, la Comisión de Retribuciones, el Consejo de Administración y la Comisión de Control ratificaban el régimen de prejubilaciones de los directivos. Y para garantizar las correspondientes pólizas Caja Segovia ingresó antes del 31 de diciembre en la cuenta de la aseguradora Caser mas de 27 millones de euros, cerca de 6 correspondientes a la prejubilación del hasta entonces director general, Manuel Escribano.
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