El drama de las preferentes y subordinadas golpeó con crudeza a la familia de Julio, un policía local de Valencia que en 2013, apuñaló al director de una oficina bancaria al que había confiado los ahorros de toda una vida: 371.000 euros. La Justicia les ha permitido recuperar estos fondos, además, con intereses. Aunque el agente no podrá disfrutar de ellos. Aquejado de una fuerte depresión y transtornos psicóticos a raíz de este caso, Julio se quitó la vida en su celda mientras aguardaba el juicio por tentativa de homicidio en las Navidades de 2013. Hacía sólo un día que se le había retirado el protocolo antisuicidio.
La sentencia del juzgado número 11, con fecha el 4 de julio de 2014, anula los contratos suscritos con Bancaja (ahora Bankia) al considerar probado que existió vicio de consentimiento porque no se infornó correctamente de los riesgos. La cuantía total, que la familia ya ha recibido, roza los 400.000 euros.
El proceso judicial arrancó mucho antes de que Julio agrediera al director de su oficina, al que le unía una estrecha relación. Se trataba, de hecho, de un familiar, que asesoraba a todos sus allegados desde su posición en la caja de ahorros.
Hasta el estallido de la crisis de las preferentes, la vida de este policía era, según sus parientes, completamente normal. Casado y con un hijo, decidió seguir los consejos financieros de su primo. Creía que se trataba de una inversión segura, un plazo fijo sin riesgos. Además, sus padres ya habían invertido previamente. Entre 2000 y 2009, el núcleo familiar adquirió, sin conocer los riesgos reales, participaciones preferentes y obligaciones subordinadas por valor de 371.000 euros. La confianza era tal que, según los abogados, algunas de las contrataciones se autorizaron por teléfono. Sin conocer las consecuencias.
Los trastornos psiquiátricos de Julio comenzaron cuando intentó, en vano, retirar los fondos del banco. En 2012. Según los informes de los médicos, «este factor estresante descandenó la enfermedad». El policía se sumergió en una profunda depresión al creer que había perdido todo su dinero. El canje de las participaciones por acciones que ofreció Bankia en marzo de este mismo ejercicio, y que en la práctica suponía renunciar a la mayor parte de sus ahorros, tampoco tranquilizó al agente. A partir de entonces inició la cuesta abajo. Sin freno. En pocos meses, los trastornos mentales se multiplicaron. Según explicaron ayer fuentes cercanas al policía, la depresión y las ideas paranoides asociadas incluso le incapacitaron temporalmente para poder trabajar. Aunque en los periodos de actividad, recuerdan, ya no portaba el arma reglamentaria.
Sometido a una fuerte medicación, Julio ingresó en la Unidad de Psiquiatría de La Fe de Valencia. El informe clínico recoge sus antecedentes psiquiátricos, su estado de shock emocional y un bloqueo cognitivo. Once días después, estalló. El policía se desplazó hasta la casa de su primo, prejubilado desde 2011, para exigirle explicaciones por la venta de productos tóxicos. Y en medio de una fuerte discursión, le atestó varias puñaladas.
La víctima, herida grave, se recuperó de la agresión en el hospital, mientras que Julio fue enviado a prisión, tras prestar declaración ante el juez a la espera de un juicio que nunca llegó a celebrarse. Tras un primer intento de quitarse la vida, la dirección de la prisión de Albocàsser aplicó al agente suspendido el protocolo antisuicidio. Durante cerca de seis meses, un preso de confianza le acompañó como si fuera su propia sombra. Pero a las puertas de Nochebuena, ya sin vigilancia permantente, logró su objetivo. A los 39 años.
La familia de Julio se lamenta del destino de este agente, nunca debió entrar en la cárcel. Sus abogados respaldan esta posición. Remiten a decenas de documentos médicos que, supuestamente corroboran los trastornos psiquiátricos que sufría. Al tratarse de un enfermo mental, aseguran, era inimputable. El juez, entonces, no estimó el recurso.
Fuente: el mundo.es
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