El Juzgado de Instrucción Número 5 de León ha imputado a los 15 miembros que formaban el Consejo de Administración de Caja España-Duero en 2009 -en el que también estaba la fallecida Isabel Carrasco- dentro de la investigación que lleva a cabo para determinar si se produjo una administración desleal que causó un perjuicio millonario a la entidad financiera. El juzgado investiga una demanda presentada por Izquierda Unida de Castilla y León (que ayer aún no confirmó la imputación) y por Ecologistas en Acción por los créditos concedidos a directivos con empresas constructoras, que acabaron causando graves pérdidas a la entidad, entre ellos el ex presidente Santos Llamas, una noticia publicada en exclusiva este periódico.
La jueza Rocío González llamó a declarar el pasado mes de enero a los peritos del Banco de España que habían realizado varios informes advirtiendo al consejo de administración de la entidad del riesgo de la concentración de créditos de Llamas; una investigación que también solicitó la Fiscalía de León en julio de 2012. La denuncia sostiene que la aprobación de estos créditos acabó provocando al hoy banco absorbido por Unicaja un «perjuicio flagrante» de más de 60 millones de euros en impagos, por unos activos que más tarde la Sareb compró como tóxicos por 24 millones.
El Banco de España ya había advertido en 2006 y 2008 a Caja España de los riesgos de la concentración de créditos en las empresas de su entonces presidente. El documento del supervisor denunciaba «la existencia de deficiencias en los informes de concesión de créditos y la inexistencia de informes de seguimiento de la situación de los acreditados, así como incumplimientos de los límites prudenciales y porcentajes máximos de financiación sobre los valores de tasación de las garantías establecidas por la Política de Riesgos de Caja España».
Los análisis de riesgos realizados en 2007 por Caja Duero y en 2008 por Caja España permitieron calificar los casi 80 millones de euros concedidos a las distintas sociedades del constructor leonés como «normales», ya que hasta entonces no se había producido ningún impago.
Sin embargo, las empresas de Llamas mostraron sus primeros problemas en el segundo semestre de 2008, lo que provocó que se solicitara una refinanciación en enero de 2009, ante la imposibilidad de pagar los correspondientes intereses.
Según los peritos del Banco de España, la refinanciación se aprobó «a pesar de que no existía una razonable certeza de que el cliente pudiera hacer frente a su pago en el calendario previsto, tal y como advirtió el Comité de Riesgos». Tampoco se aportaron nuevas garantías.
No sólo eso, sino que se devolvieron (de forma «irregular», según el Banco de España) los intereses pagados hasta el momento de la refinanciación, casi 1,5 millones de euros.
El informe del supervisor destaca que la refinanciación permitió que los créditos del grupo de Llamas no fueran calificados como dudosos, y eso le permitió seguir tanto en la presidencia de la entidad como en su consejo más tarde. Por su parte la entidad evitó denunciar la mora y provisionar unos créditos que ya entonces se daban por fallidos.
Al frente de la entidad
Santos Llamas llegó a la presidencia de Caja España en julio de 2006, y se mantuvo en el cargo hasta octubre de 2010. A partir de entonces mantuvo su cargo de consejero. En septiembre de 2012 la inspección del Banco de España comunicó a Banco Ceiss las irregularidades detectadas en el análisis de las cuentas y procesos, e instó a la dirección a «tomar medidas correctoras».
Fue entonces cuanto Santos Llamas abandonó el consejo de administración (en octubre), y la entidad financiera corrigió las «deficiencias contables» y calificó como dudosas las principales operaciones citadas en el informe.
A partir de entonces el banco reclamó en repetidas ocasiones el pago de los créditos y sus intereses a diversas sociedades vinculadas a Llamas, hasta que en enero de 2013 certificó notarialmente los saldos pendientes y decidió su pase a litigio y el inicio de las acciones judicales.
Debilidad del consejo
Las advertencias del Banco de España al Consejo de Administración de la caja fueron constantes desde 2008, cuando no sólo obligó a la entidad a recalificar decenas de grandes créditos, que tuvieron que pasar a ser subestándar o dudosos (lo que obligaba a dotarlos); sino que censuró que eran evidentes «las debilidades de gobernanza, condicionada por importantes disputadas entre partidos políticos en los órganos de gobierno, lo que se tradujo en una gestión debilitada por la inestabilidad del consejo».
Fuente: diariodeleon.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario