Afectados gallegos piden solución a todos los estafados, pero la comisión alega que no puede hacer nada y anima a seguir en tribunales
La comisión de peticiones ha decidido este jueves seguir investigando las quejas enviadas por ciudadanos por la venta irregular de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas y las cláusulas abusivas en las hipotecas. Para ello, los eurodiputados pedirán a la Comisión Europea que se pronuncie sobre si España ha vulnerado la legislación de la UE en estas cuestiones y elaborarán también sus propios informes.
Para presentar las quejas sobre el fraude en la venta de preferentes ha intervenido un portavoz de las plataformas de estafados por las preferentes de Galicia, Xesús Domínguez —representante del colectivo de Compostela—, que ha explicado que, aunque muchas familias han recuperado ya sus ahorros, todavía quedan por devolver "a entre 10.000 y 15.000 familias más de 110-150 millones de euros".
"Lo que exigimos es la devolución del ahorro a todas las familias, que los responsables de esta estafa se sienten delante de la justicia, que se depuren responsabilidades políticas de los responsables administrativas y responsabilidades por la imposición de sanciones" a los preferentistas que se manifestaron, ha reclamado Domínguez.
El portavoz de la comisión ha dicho que Bruselas "es consciente del problema de las preferentes y la deuda subordinada en España, de su talla y del impacto social y en la vida de muchos ahorradores y en la confianza en el sistema financiero". "Es un problema muy grave para los afectados y la sociedad en general que necesita atención y acción", ha agregado.
El Ejecutivo comunitario considera que hay "indicaciones masivas" de que con la venta de preferentes a ahorradores minoristas "se vulneró la ley a gran escala". Por ello, en el memorándum del rescate bancario se obligó a España a prohibir la venta de estos productos a clientes minoristas. Además, "el problema se ha reducido" gracias al arbitraje y a los fallos judiciales que han dado la razón a los preferentistas.
Para los casos pendientes, la comisión asegura que no puede hacer nada e invita a los afectados "a continuar yendo a los tribunales y al arbitraje y recuperar sus derechos allí".
HIPOTECAS
En el caso de las hipotecas, los parlamentarios sopesan además enviar una interpelación al Banco Central Europeo y llevar el caso al pleno, según se ha concluido tras debatir durante dos horas y media un total de 38 quejas en presencia de siete de los denunciantes.
Entre los peticionarios se encontraba el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Carlos Macías, que ha denunciado que desde el principio de la crisis se han producido más de 400.000 desahucios y que en España hay 3,5 millones de viviendas vacías. Macías ha acusado al Gobierno del PP de "desprecio" por ignorar la iniciativa legislativa popular sobre dación en pago y ha dicho que las medidas que ha adoptado son "cortinas de humo" y "maquillaje" y no cumplen las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE.
"Los ciudadanos del Estado español nos sentimos olvidados por el Parlamento Europeo, que está permitiendo y siendo cómplice de la violación de derechos humanos en un Estado miembro", ha dicho Macías.
Su intervención ha sido contestada por el eurodiputado del PP, Gabriel Mato, que ha dicho que la cuestión de los desahucios se está utilizando como "instrumento de campaña electoral" contra el Gobierno, que a su juicio ha actuado para minimizar el problema. "Alguno de los que han liderado estos ataques ya han dado el salto a la política y ya son candidatos", ha dicho Mato en referencia a la anterior portavoz de la Asociación de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, que se presenta a la alcaldía de Barcelona.
"No tiene vergüenza de venir aquí y decir que estamos haciendo un uso político. Son ustedes los que son incapaces de hacer nada por su ciudadanía y lo que deberían hacer es entregar las actas y disolverse", le ha replicado el portavoz de la PAH.
La eurodiputada socialista Soledad Cabezón y el representante de Iniciativa, Ernest Urtasun, han exigido a la comisión que aclare si tiene previsto expedientar a España por incumplir en el caso de las hipotecas la legislación comunitaria que prohíbe las cláusulas abusivas. Pero el Ejecutivo comunitario se ha limitado a señalar que está dialogando con las autoridades españolas para verificar si han aplicado correctamente las sentencias del Tribunal de Justicia sobre esta cuestión.
Fuente: 20minutos.es
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