El juez instructor del ‘caso Bankia’ y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han acotado el universo de posibles perjudicados a quienes compraron acciones de Bankia en el momento de su salida a Bolsa (julio de 2011) y, en todo caso, antes de que en abril de 2012 aparecieran las primeras noticias sobre irregularidades importantes en sus cuentas que desembocarían en un agujero de 22.424 millones de euros. Es decir, los preferentistas como tal quedarían fuera salvo que acrediten haber sufrido un perjuicio directo por la "planificación, ideación y comercialización generalizada" -es decir, no a título individual- de esas participaciones especiales.
Y es que los magistrados han acotado a esos aspectos la causa penal abierta por las preferentes de Bankia, de modo que no se indagan los supuestos fraudes individuales a cada inversor sino la posibilidad de un engaño generalizado que ayudara a mostrar una situación saneada de las finanzas del banco (y/o de sus cajas) que no se correspondía con la realidad. En base a ello Andreu imputó hace casi dos años a una decena de exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid y Bancaja, encabezados por Miguel Blesa. Todos declararon en marzo de 2014, pero como querellados ya que pese a observar indicios de la posible comisión de delitos de estafa y maquinación para alterar el precio de las cosas y/o publicidad engañosa, no había podido determinar quiénes serían efectivamente sus presuntos responsables.
La instrucción -esta es una de las piezas del ‘caso Bankia', junto a las que investigan el referido estreno bursátil y el despilfarro de las polémicas tarjetas ‘Black’- no ha avanzado mucho desde entonces. Por eso, distintos preferentistas han ido pidiendo todo tipo de diligencias para reactivarla, aunque sólo una pequeña parte han sido aceptadas. Una de sus últimas solicitudes pretendía que se hiciera un nuevo informe pericial, por parte de dos inspectores del Banco de España o profesionales de otro organismo público, para "verificar una serie de extremos respecto a los canjes" de ese tipo de participaciones y de deuda subordinada.
¿UN ENGAÑO... A SABIENDAS?
Se basaban para ello en la afirmación de uno de los peritos judiciales, el inspector Antonio Busquets. Este dijo en su dictamen de diciembre que, como "determinadas reformulaciones" de las cuentas de Bankia en mayo de 2012 "no fueron correctas", ello "podría dar lugar a que el canje de preferentes por acciones" del banco realizado un mes antes "se hubiera efectuado -a sabiendas- mediante engaño en la valoración de los títulos y en perjuicio de los tenedores de las participaciones".
Andreu, siguiendo el criterio de la Fiscalía, desestimó en primera instancia su pretensión, al entender que eran "cuestiones ajenas al objeto de una prueba pericial y más propias de una auditoría", aunque abrió la puerta a que se pudieran pedir "aclaraciones" al inspector referido. La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia acaba de refrendar ahora su decisión, al estimar "innecesarias" las pruebas pedidas, entre otras cosas, porque "su objeto se acerca más a la concreta comercialización de las preferentes, lo que -como se apuntaba antes- queda extramuros del presente procedimiento penal".
Uno de sus argumentos para rechazar ir más allá es que tan controvertidos canjes precisamente fueron "ideados y validados por los organismos oficiales competentes": la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España. Y "no existen datos", añade, de que ambos supervisores participaran de algún tipo de "engaño o fraude".
Por todo ello, conscientes del retraso que acumula la causa, los magistrados invitan a aquellos "accionistas que se consideren perjudicados" a acudir "a la jurisdicción civil/mercantil para el resarcimiento". La Fiscalía, además, ya les advirtió en su día de que "en ningún caso se va a derivar para los preferentistas una reparación económica en este procedimiento (penal)". de Bankia a acudir a la vía civil
El juez instructor del ‘caso Bankia’ y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han acotado el universo de posibles perjudicados a quienes compraron acciones de Bankia en el momento de su salida a Bolsa (julio de 2011) y, en todo caso, antes de que en abril de 2012 aparecieran las primeras noticias sobre irregularidades importantes en sus cuentas que desembocarían en un agujero de 22.424 millones de euros. Es decir, los preferentistas como tal quedarían fuera salvo que acrediten haber sufrido un perjuicio directo por la "planificación, ideación y comercialización generalizada" -es decir, no a título individual- de esas participaciones especiales.
Y es que los magistrados han acotado a esos aspectos la causa penal abierta por las preferentes de Bankia, de modo que no se indagan los supuestos fraudes individuales a cada inversor sino la posibilidad de un engaño generalizado que ayudara a mostrar una situación saneada de las finanzas del banco (y/o de sus cajas) que no se correspondía con la realidad. En base a ello Andreu imputó hace casi dos años a una decena de exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid y Bancaja, encabezados por Miguel Blesa. Todos declararon en marzo de 2014, pero como querellados ya que pese a observar indicios de la posible comisión de delitos de estafa y maquinación para alterar el precio de las cosas y/o publicidad engañosa, no había podido determinar quiénes serían efectivamente sus presuntos responsables.
La instrucción -esta es una de las piezas del ‘caso Bankia', junto a las que investigan el referido estreno bursátil y el despilfarro de las polémicas tarjetas ‘Black’- no ha avanzado mucho desde entonces. Por eso, distintos preferentistas han ido pidiendo todo tipo de diligencias para reactivarla, aunque sólo una pequeña parte han sido aceptadas. Una de sus últimas solicitudes pretendía que se hiciera un nuevo informe pericial, por parte de dos inspectores del Banco de España o profesionales de otro organismo público, para "verificar una serie de extremos respecto a los canjes" de ese tipo de participaciones y de deuda subordinada.
¿UN ENGAÑO... A SABIENDAS?
Se basaban para ello en la afirmación de uno de los peritos judiciales, el inspector Antonio Busquets. Este dijo en su dictamen de diciembre que, como "determinadas reformulaciones" de las cuentas de Bankia en mayo de 2012 "no fueron correctas", ello "podría dar lugar a que el canje de preferentes por acciones" del banco realizado un mes antes "se hubiera efectuado -a sabiendas- mediante engaño en la valoración de los títulos y en perjuicio de los tenedores de las participaciones".
Andreu, siguiendo el criterio de la Fiscalía, desestimó en primera instancia su pretensión, al entender que eran "cuestiones ajenas al objeto de una prueba pericial y más propias de una auditoría", aunque abrió la puerta a que se pudieran pedir "aclaraciones" al inspector referido. La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia acaba de refrendar ahora su decisión, al estimar "innecesarias" las pruebas pedidas, entre otras cosas, porque "su objeto se acerca más a la concreta comercialización de las preferentes, lo que -como se apuntaba antes- queda extramuros del presente procedimiento penal".
Uno de sus argumentos para rechazar ir más allá es que tan controvertidos canjes precisamente fueron "ideados y validados por los organismos oficiales competentes": la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España. Y "no existen datos", añade, de que ambos supervisores participaran de algún tipo de "engaño o fraude".
Por todo ello, conscientes del retraso que acumula la causa, los magistrados invitan a aquellos "accionistas que se consideren perjudicados" a acudir "a la jurisdicción civil/mercantil para el resarcimiento". La Fiscalía, además, ya les advirtió en su día de que "en ningún caso se va a derivar para los preferentistas una reparación económica en este procedimiento (penal)". de Bankia a acudir a la vía civil
El juez instructor del ‘caso Bankia’ y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han acotado el universo de posibles perjudicados a quienes compraron acciones de Bankia en el momento de su salida a Bolsa (julio de 2011) y, en todo caso, antes de que en abril de 2012 aparecieran las primeras noticias sobre irregularidades importantes en sus cuentas que desembocarían en un agujero de 22.424 millones de euros. Es decir, los preferentistas como tal quedarían fuera salvo que acrediten haber sufrido un perjuicio directo por la "planificación, ideación y comercialización generalizada" -es decir, no a título individual- de esas participaciones especiales.
Y es que los magistrados han acotado a esos aspectos la causa penal abierta por las preferentes de Bankia, de modo que no se indagan los supuestos fraudes individuales a cada inversor sino la posibilidad de un engaño generalizado que ayudara a mostrar una situación saneada de las finanzas del banco (y/o de sus cajas) que no se correspondía con la realidad. En base a ello Andreu imputó hace casi dos años a una decena de exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid y Bancaja, encabezados por Miguel Blesa. Todos declararon en marzo de 2014, pero como querellados ya que pese a observar indicios de la posible comisión de delitos de estafa y maquinación para alterar el precio de las cosas y/o publicidad engañosa, no había podido determinar quiénes serían efectivamente sus presuntos responsables.
La instrucción -esta es una de las piezas del ‘caso Bankia', junto a las que investigan el referido estreno bursátil y el despilfarro de las polémicas tarjetas ‘Black’- no ha avanzado mucho desde entonces. Por eso, distintos preferentistas han ido pidiendo todo tipo de diligencias para reactivarla, aunque sólo una pequeña parte han sido aceptadas. Una de sus últimas solicitudes pretendía que se hiciera un nuevo informe pericial, por parte de dos inspectores del Banco de España o profesionales de otro organismo público, para "verificar una serie de extremos respecto a los canjes" de ese tipo de participaciones y de deuda subordinada.
¿UN ENGAÑO... A SABIENDAS?
Se basaban para ello en la afirmación de uno de los peritos judiciales, el inspector Antonio Busquets. Este dijo en su dictamen de diciembre que, como "determinadas reformulaciones" de las cuentas de Bankia en mayo de 2012 "no fueron correctas", ello "podría dar lugar a que el canje de preferentes por acciones" del banco realizado un mes antes "se hubiera efectuado -a sabiendas- mediante engaño en la valoración de los títulos y en perjuicio de los tenedores de las participaciones".
Andreu, siguiendo el criterio de la Fiscalía, desestimó en primera instancia su pretensión, al entender que eran "cuestiones ajenas al objeto de una prueba pericial y más propias de una auditoría", aunque abrió la puerta a que se pudieran pedir "aclaraciones" al inspector referido. La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia acaba de refrendar ahora su decisión, al estimar "innecesarias" las pruebas pedidas, entre otras cosas, porque "su objeto se acerca más a la concreta comercialización de las preferentes, lo que -como se apuntaba antes- queda extramuros del presente procedimiento penal".
Uno de sus argumentos para rechazar ir más allá es que tan controvertidos canjes precisamente fueron "ideados y validados por los organismos oficiales competentes": la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España. Y "no existen datos", añade, de que ambos supervisores participaran de algún tipo de "engaño o fraude".
Por todo ello, conscientes del retraso que acumula la causa, los magistrados invitan a aquellos "accionistas que se consideren perjudicados" a acudir "a la jurisdicción civil/mercantil para el resarcimiento". La Fiscalía, además, ya les advirtió en su día de que "en ningún caso se va a derivar para los preferentistas una reparación económica en este procedimiento (penal)".
Fuente: diariodenavarra.es
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