Los juzgados de Valencia han registrado en poco más de un año y medio más de 3.500 denuncias de afectados por productos financieros complejos, como las denominadas participaciones preferentes o subordinadas; un aluvión de reclamaciones bancarias que está dificultando seriamente que los tribunales valencianos puedan reducir las listas de espera que vienen arrastrando durante los últimos años.
Al respecto, el decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer, quiso ayer hacer balance de los siete primeros meses del año, en los que, en comparación con el mismo periodo de 2013, buena parte de los tribunales ha registrado la entrada de un menor número de casos, en parte por las «desproporcionadas» tasas judiciales. Pese a ello, la situación es «realmente preocupante» en los juzgados de Primera Instancia, de lo Social, de lo Mercantil y de los de Familia, que vienen registrando prácticamente el doble de casos de los módulos que establece el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Por un lado, de media los juzgados vienen registrando más de 200 denuncias mensuales de afectados por productos bancarios, demandas «que no requieren una tramitación sencilla, puesto que son juicios ordinarios con doble señalamiento, audiencias previas, etc.», apuntó Viguer, por lo que los tres jueces de apoyo con los que se ha reforzado estos juzgados «resultan manifiestamente insuficientes», ya que, dada su complejidad, cada juez puede dictar al año unas 350 sentencias de este tipo como máximo.
Otros dos aspectos que también crecen en estos siete primeros meses del año son las ejecuciones hipotecarias (desahucios en la mayoría de los casos), que aumentan un 36% hasta las 964; y la actividad de los juzgados de Familia, que en 2014 se ha incrementado un 4,4% (5.152 demandas), pero que desde 2010 el número de casos se ha disparado un 65%. La nueva Ley de Custodia Compartida y las dificultades derivadas de la crisis ecómica ha hecho crecer el número de progenitores que reclaman recuperar la custodia de sus hijos. Para resolver estas situaciones, Viguer apuntó que los juzgados de Valencia necesitan más recursos y una modernización tecnológica.
Por contra, los descensos más llamativos se han registrado en el ámbito laboral y económico. De enero a julio de este año ha caído un 33% la cantidad de demandas por despido, mientras que los concursos de acreedores también se han reducido cerca de un 22%.
Fuente de datos: lasprovincias.es
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