15 millones de euros son motivo para el escándalo. Pero el desfalco en Caja Madrid ha obligado a inyectar 22.424 millones de dinero público que Hacienda parece haber olvidado. La anécdota, siendo grave, parece haber sepultado a la categoría. 
Caja Madrid investiga el destino de 15 millones de euros
Reflotar Bankia costó al Estado 22.424 millones de euros de dinero público. El Ministerio de Hacienda acaba de anunciar una investigación para recuperar casi 15,5 millones gastados en tarjetas "fuera del circuito normal de otorgamiento de tarjetas de empresa" y "utilizadas para fines no vinculados con la actividad de la entidad", según la Fiscalía Anticorrupción. La iniciativa de Hacienda es la correcta porque es esencial recuperar hasta el último decimal de los 15.494.500 euros que se gastaron en tarjetas de crédito. Pero esa estrategia está sirviendo también para ocultar la inacción que las autoridades están mostrando a la hora de exigir responsabilidades por el resto del inmenso agujero que ha dejado la gestión de Caja Madrid y de muchas otras cajas de ahorro.
En términos numéricos, el fraude de las tarjetas de crédito suma15.249.300 euros gastados entre 2003 y 2012 en Caja Madrid y otros 245.200 cargados a Bankia entre 2011 y 2012, una cantidad que representa un 0,0006% del dinero público perdido en Bankia. El Gobierno se empeña en demostrar que perseguirá a los 86 directivos que han cobrado en B y ha puesto todos los focos en un escándalo en el que se obvia el 99,9994% del dinero perdido restante. Las magnitudes de cuál es el verdadero problema parecen claras, pero nadie en Economía, el FROB o el Ministerio de Hacienda parece poner el mínimo énfasis en elevar las investigaciones del terreno personal al institucional.
La compra-venta de voluntades en los consejos de administración con 15 millones de euros es sólo la punta del iceberg. El salto de salarios de un presidente, Jaime Terceiro, que dejó la caja cobrando 180.000 euros al año a otro, Miguel Blesa, que se marchó con un sueldo 19 veces mayor de 3,5 millones anuales es minúsculo si no se investigan las grandes operaciones que generaron los mayúsculos agujeros de la entidad: los 1.082 millones de euros concedidos a Martinsa Fadesa, los 1.174 millones declarados por la Corporación Cibeles o los millonarios créditos a Díaz Ferrán. Ésas son las operaciones que Hacienda debiera estar desenmarañando a día de hoy y cuyos responsables siguen desaparecidos.
También en términos de responsabilidades personales, el fraude no puede limitarse a 86 ejecutivos que han abusado de su chequera, olvidando cuál fue el verdadero drama de la entidad: el uso político que de ella hicieron quienes ahora desde los Ministerios y las autonomías dicen buscar justicia. Bankia fue utilizada como la tesorería del PP, FAES y la Comunidad de Madrid a partes iguales hasta el punto de que la batalla por conquistar su presidencia se lidió entre los candidatos de Alberto Ruiz-Gallardón, que apostó por Miguel Blesa, Esperanza Aguirre, que intentó colocar a su número dos, Ignacio González y el propio Rajoy que acabó imponiendo a Rodrigo Rato. Los que hoy hablan de Justicia son tan responsables de esta situación como los 86 señalados.
En la actualidad hay más de 100 imputados en investigaciones a 16 cajas. Ninguno de ellos ha sido condenado pese a que Caja Madrid suma ya 36 imputados, Catalunya Caixa 50 y el Banco de Valencia, 16, entre otros. En la mayoría de esos casos, se piden restituciones de dinero personal por salarios, dietas o indemnizaciones percibidas fraudulentamente sin que lleguen exigencias por gestiones ruinosas, favores políticos o aventuras imposibles al servicio del poder autonómico de turno.
Y, por último, en términos de sistema bancario, Caja Madrid no debiera convertirse en la anécdota en la que se centra todo. El FROB ha planteado ya sospechas sobre 90 operaciones irregulares en Bankia, Catalunya Caixa, Novagalicia y BMN a lo largo de los últimos años y el Ministerio de Economía ha asegurado que hay otras 20 irregularidades más en otras cajas. Las autoridades lo han dicho sin aportar ningún detalle más y sin ningún rubor: nadie especifica qué cuantías se han defraudado ni qué responsabilidades se exigen. Esas explicaciones son urgentes y necesarias.
El "club de los 86", al que la Justicia debe plantear exigencias con rigor, sigue desviando, mientras tanto, el foco del problema real de Caja Madrid en particular y de las cajas en general.
Fuente de datos: vozpopuli.com
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