Los problemas financieros de muchas familias abrieron la brecha entre los bancos y la sociedad con miles de protestas en toda España. Casi medio millón de personas se vieron afectadas por las participaciones preferentes. A partir de 2009 las entidades 'se lanzaron' a vender preferentes a sus clientes como una forma de financiarse.
Los clientes acusaron a las entidades de fraude porque según palabras de algunos de los afectados, no se enteraban de lo que estaban firmando o les decían una cosa y firmaban otra. Un delito difícil de probar con documentos firmados, según reconoció el propio Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce.
En 2012 se conoció que no solo los ciudadanos de a pie habían firmado este tipo de participaciones, sino que afectó también a personas conocidas como en este caso al actual ministro de Sanidad,Alfonso Alonso. El popular adquirió en 2009, 42 participaciones preferentes por un valor de 4.200 euros.
Además, el diputado adquirió al año siguiente (2010), 17 obligaciones subordinadas de Caja Madrid, en las que invirtió 17.000 euros. Algunos diarios destacaron que "tampoco le pagaron intereses y tenía el mercado cerrado a su venta, por lo que tendría que esperar hasta el 2020 para recuperar su inversión, pudiendo incluso ser amortizadas anticipadamente con pérdidas dado el proceso se saneamiento de Bankia que se aceleraba en los próximos meses".
Aquel año el entonces presidente de la entidad financiera madrileña, Miguel Blesa colocó 3.000 millones de euros en preferentes entre 92.000 de sus clientes ofreciéndoles una rentabilidad anual del 7% hasta 2014. Se trata de un producto perpetuo que solo se puede liquidar por la propia entidad o si lo compra otro cliente, algo prácticamente imposible tal y como se encontraban las condiciones del mercado, lo que dejó a miles de personas con buena parte de sus ahorros bloqueados entre los que se encuentra el actual ministro Alfonso Alonso.
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