Un manifestante grita durante una protesta por los engaños de Bankia con preferentes. |
Valencia. «Se le asesoró sobre la suscripción de un producto que le ofrecería una alta rentabilidad, pero se le ocultó información relevante sobre su naturaleza y riesgo, su larga duración y la imposibilidad de obtener el reintegro de su capital, sin informarle sobre el valor de su adquisición. Mientras Bankia obtuvo un beneficio, el cliente soportó un evidente perjuicio».
Así de claro lo deja un juez de primera instancia de Valencia en una de las sentencias contra Bankia más importante de la Comunitat en relación a su cuantía. Nada menos que 213.000 euros es la suma total que la entidad financiera debe devolver a un jubilado valenciano de 60 años, ex trabajador de una imprenta y que durante toda la vida había confiado sus ahorros a Bancaja. Esa confianza se truncó de golpe cuando, engañado por su banco, le vendieron «como un plazo fijo o depósito» unas participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, productos financieros de elevado riesgo.
Eso sucedió en 2009. Según su abogado, Luis Sabatés, especializado en derecho mercantil y de familia, el banco «se aprovechó de su escasa formación académica y le dijeron en todo momento que podría recuperar su dinero cuando quisiera y sin ningún problema». Nada más lejos de la realidad. Cuando el hombre se dio cuenta de que sus ahorros de toda la vida se habían perdido emprendió una costosa lucha de reclamaciones que ha acabado ahora con el fallo judicial a su favor. «Es soltero y pudo subsistir gracias a una pequeña pensión y a que, por suerte, reservó otros ahorros», como describe Sabatés.
Según el fallo judicial, «no consta que el banco le informara sobre las características de la inversión ni de los riesgos». El juez va más allá en su razonamiento: «En el caso de las obligaciones subordinadas, no consta documentación alguna sobre su adquisición».
Otra sentencia de un juzgado madrileño obliga a Bankia a devolver a una tetrapléjica los 102.000 euros que la mujer invirtió en preferentes de Caja Madrid en 2009. La entidad «infringió el deber de transparencia y consentimiento en el contrato de suscripción», como informaron fuentes de la asociación de consumidores Apabanc. El juzgado estima, además, que la forma en que el directivo de Caja Madrid indujo a la afectada a adquirir las preferentes «puede suponer, en su caso, una estafa penal».
Con 29 años, la víctima sufrió un accidente de tráfico que le causó graves lesiones medulares. Quedó tetrapléjica y con una minusvalía del 92%. A consecuencia del accidente percibió una indemnización de 300.000 euros. Parte de esa cantidad la invirtió en preferentes «previa llamada expresa del director de la oficina».
La excusa fue la de siempre: «se va a emitir un producto muy bueno que es como un plazo fijo pero con más rentabilidad y usted podrá disponer de él cuando quiera». La entidad no le informó de los riesgos ni del conflicto de intereses y realizó la contratación en un sólo acto. La mujer no tuvo opción de leer la información ni se le entregó documento alguno para su estudio.
Fuente de datos: lasprovincias.es
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