La plataforma Sí se Puede Valladolid se ha comprometido este jueves a retomar la acción penal por el caso de las acciones denominadas preferentes a través de un buzón de denuncias ciudadanas, estudios de posibilidades de personación y, llegado el caso, un 'crowfounding' para llevar a acabo una acción penal.
El caso de la preferentes ha afectado a más de 300.000 personas a nivel nacional, cerca de 40.000 en Castilla y León, donde Valladolid y Zamora son de las provincias "más afectadas" por el asunto. Por este motivo, Sí se Puede ha adoptado la "obligación moral" de ayudar a las "miles" de personas que "se han quedado en la estacada" tras el sobreseimiento del caso por la Audiencia Nacional.
Por ello, la candidatura encabeza por Charo Chávez se ha propuesto, además, habilitar una comisión de seguimiento con recurso humanos propios municipales, "para que no haya costes", que elabore estadísticas de conflicto judiciales, los importes invertidos en Valladolid y estadísticas de solución de mediación y arbitraje.
Igualmente, crearán una oficina provisional y un servicio de asesoramiento jurídico para priorizar, en concursos de financiación, a entidades que colaboran en mediación, y reactivar la acción penal contra los consejeros de las entidades bancarias.
"Se han rescatado a las entidades y no a los preferentistas, que han sufrido una estafa y nadie los ha atendido", ha asegurado Chávez desde la sede electoral del partido enclavada en la calle Teresa Gil acompañada por el acompañada por el exempleado de Bankia, abogado y profesor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, Israel Álvarez Calzada.
Oficinas y asesoramiento
Para llevar a acabo estas medidas, Sí se Puede pondrá a disposición de los afectados una oficina provisional de asesoramiento gratuito y entablar conversaciones con el Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid (Icava) para ofrecer un servicio de orientación.
Otra medida supondría asumir un papel de mediación con el Colegio de Abogados de Valladolid (Icava), el cual cuenta con más de 70 profesionales "totalmente preparados y sin ocupación en estos momentos", que podrán trabajar para mediar entre entidades y afectados.
Por su parte, Álvarez ha explicado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que las medidas de mediación se pueden aplicar desde el Ayuntamiento, el cual tendría iniciar conversaciones con el Icava y con las entidades de mediación.
Por otro parte, el profesor considera que las entidades no deben ver en esta medida un ataque y sí un medio de abaratar los coste judiciales, que muchas veces son contra cajas intervenidas. "Es una manera de ahorrar tiempo a los afectados y dinero a las entidades", ha resumido.
Fuente: 20minutos.es
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